2 de mayo 2019
AA
Se ha cumplido un año desde el inicio de la revuelta popular contra Ortega, lo que permite analizar con cierta perspectiva lo sucedido en aquel sufrido país, patria de Rubén Darío.
Todo marchaba aparentemente bien en la Nicaragua comandada por Daniel Ortega. Había ganado las elecciones en 2007 y la economía crecía; en el cuatrienio 2014-17, nada menos que en torno al 5% anual. Aumentaban el turismo, la agricultura y la ganadería, la producción de oro, la entrada de remesas, la ayuda de la banca multilateral de desarrollo, la inversión extranjera y, sobre todo, el apoyo de Venezuela, utilizado en parte para programas sociales.
Entonces, ¿qué fallaba? Bueno, el reparto de la riqueza generada quedaba en pocas manos. Los empresarios estaban satisfechos, los gringos también, la familia Ortega y sus allegados ya no digamos, pero el modelo económico acrecentaba las diferencias sociales y dejaba a mucha gente en la cuneta, aunque el dinero venezolano ocultase en parte esa realidad. Cuando Venezuela entró en crisis, las limitaciones se mostraron crudamente: la economía crecía pero la desigualdad también.
Y tan o más importante: fallaba también la calidad democrática. Cuando los campesinos/as protestaron por el acuerdo entre Ortega y el inversionista chino Wang Jing, porque el canal interoceánico que se proyectaba construir afectaba a sus tierras, Ortega El Cruel aplicó la política del garrote. Cuando los estudiantes osaban manifestarse, se les reprimía a estacazos. Siempre aparecía algún grupo sin identificar dispuesto a propinar los garrotazos, para que no se pudieran pedir responsabilidades.
Llegó el turno a los jubilados. Ortega decidió recortar las pensiones y los pensionistas se manifestaron pacíficamente. Fueron disueltos a porrazos. Entonces los estudiantes salieron a protestar por el trato dado a sus abuelos y la policía cargó brutalmente contra ellos. Estamos en los días inmediatamente siguientes al 18 de abril de 2018 cuando se producen las primeras víctimas. Aumentan entonces los manifestantes y los tranques -barricadas- y se recrudece la represión. El 30 de mayo se realiza en Managua una gran marcha de apoyo a las familias de los fallecidos, con la participación de cientos de miles de personas, tal vez medio millón. En esa fecha ya se habían registrado 70 víctimas. Ortega El Cruel sustituye definitivamente el garrote por los disparos de fusiles de guerra, lo que provocó aquel día otras 14 muertes.
Desde entonces y hasta hoy, un año después, se han contabilizado 325 víctimas mortales, más de 3.000 heridos, 770 presos que siguen encarcelados y unos 50.000 exiliados, sobre todo en Costa Rica. Por si fuera poco, Ortega expulsó del país a los organismos internacionales de derechos humanos, clausuró las ONG locales dedicadas al mismo cometido y allanó y cerró los principales medios independientes de información. Y algo nunca visto: expulsó del sistema de salud a 300 médicos y enfermeras por prestar atención sanitaria a los heridos en las manifestaciones, desobedeciendo la orden inhumana de no atenderlos.
Rechazo internacional
Ortega El Cruel y su esposa y vicepresidenta Rosario “Drusila” Murillo han conseguido acallar las protestas internas con esa brutal represión pero, como no podía ser de otro modo, el rechazo internacional se ha multiplicado: su régimen de terror ha sido condenado por la mayoría de los países de América Latina, por EEUU y por la Unión Europea. Las naciones latinoamericanas, a través de la OEA, estudian la posibilidad de aplicar a Nicaragua la “Carta democrática” y podrían llegar a expulsarla del organismo -lo que probablemente la dejaría fuera del crédito de la banca internacional de desarrollo-. EEUU ha sancionado a varias personas del régimen, entre ellas a Rosario Murillo y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja, congelando cuentas y visas y prohibiendo a los norteamericanos tratos comerciales donde figuren ellos como socios. Por otra parte, ha incluido al Banco Corporación (BanCorp), la entidad financiera ligada a la familia Ortega que manejaba recursos procedentes de la ayuda venezolana, en la lista de la OFAC, la Oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de identificar instituciones sancionables por sus actividades ilícitas, por lo que el BanCorp ha tenido que cerrar sus operaciones. EEUU lidera así la oposición a Ortega -y que nadie dude de que esta vez el pueblo nicaragüense se lo agradece-, mientras la izquierda internacional defiende a Ortega e ignora sus crímenes -con excepciones notables como la del Pepe Mujica-. En algún momento la izquierda pagará caro ese error.
La UE por su parte envió una delegación de parlamentarios a Managua, quienes concluyeron que el gobierno “violaba las libertades fundamentales de expresión, reunión y manifestación”. Los eurodiputados pidieron a Ortega que facilitase el diálogo con la oposición con “gestos” como liberar a los presos, cesar el acoso a los líderes sociales y permitir el regreso al país de los organismos internacionales vetados, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos o el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) enviado por la OEA. Como Ortega no ha mostrado voluntad de ceder con gestos de esta naturaleza, el Parlamento europeo ha instado a la Comisión europea a aplicar sanciones al régimen de Nicaragua.
Mientras, la economía nicaragüense cae en picada. El PIB se redujo en 2018 casi el 4%, se han perdido 154 mil puestos de trabajo y la inversión extranjera pasó de 700 millones de dólares en 2017 a mostrar un flujo neto negativo en los tres últimos trimestres de 2018.
¿En qué anda el taimado Ortega?
Entretanto, Ortega, quien un año después de las revueltas sigue encaramado al poder, convocó el pasado marzo a un diálogo nacional para buscar una solución a la crisis. En las reuniones con la oposición se comprometió a liberar a los presos y a respetar los derechos ciudadanos.
¿Alguien que conozca al astuto Ortega puede imaginarse buenas intenciones en la búsqueda de ese diálogo y creer que cumplirá sus promesas? Por supuesto que no. “Firmar me harás, cumplir jamás”. Así que, conjeturemos sobre sus verdaderos propósitos: primero, retrasar la aplicación de las sanciones internacionales anunciadas -las de la OEA, EEUU y la Unión Europea-; segundo, dividir a la oposición, buscando la complicidad del empresariado para evitar el colapso económico del país a cambio de pequeñas concesiones -por ejemplo, liberar a los presos no connotados-; y tercero, ganar tiempo para desgastar a la oposición más consecuente -campesinos, estudiantes…- y para que se resuelva a su favor la crisis venezolana -lo que parece poco probable-. Ganar tiempo también porque se acercan las elecciones que deben convocarse en 2021 -las que Ortega se ha negado a adelantar- y el astuto presidente necesita garantizarse la inmunidad. ¿Cómo? Hay varias maneras: un escaño en el parlamento que lo deje a salvo de la justicia; un candidato incondicional que gane las elecciones y lo proteja; una ley de amnistía general… Veremos.
De momento el diálogo nacional se ha interrumpido una vez más. La Alianza Cívica opositora sólo lo continuará cuando Ortega cumpla con la liberación de presos prometida. El taimado presidente está dejando en libertad a una minoría de presos, y nunca no a los más significativos. Y encontrará la manera de echar la culpa a la Alianza por interrumpir el diálogo, ganando así más tiempo.
¿Cuál debe ser la respuesta internacional?
Ante este tirano aferrado al poder como un molusco que se agarra con todas sus fuerzas a la roca y que ahora ofrece un diálogo nacional ¿qué debe hacer la comunidad internacional?
En primer lugar, convencerse de que con Ortega El Cruel jamás prosperará un diálogo nacional que dé resultados serios si no es bajo una fuerte presión. ¿Alguien puede creer que por las buenas dejará en libertad a los líderes presos o que permitirá la libertad de manifestación, sabiendo que centenares de miles de nicaragüenses acudirán a las calles en cuanto puedan para pedir su renuncia? La pantomima de diálogo que ofrece busca conseguir la anulación o el retraso de las sanciones, pero son precisamente éstas las que pueden obligar a Ortega a realizar alguna concesión seria. Interrumpirlas, ya no digamos anularlas, sería darle un respiro que utilizará para seguir aferrado al poder, reprimiendo al pueblo nicaragüense.
En segundo lugar, convencerse de que Ortega, por las buenas, nunca va a abandonar el poder, como no lo hicieron Somoza, Batista, Trujillo o Franco. Él es de la misma calaña. Y si es cierto que Pinochet dejó la presidencia de Chile después de perder un referéndum -que siempre pensó que ganaría-, se quedó como jefe de las Fuerzas Armadas y como senador vitalicio, con una inmunidad total garantizada -aunque el juez Garzón le dio un buen susto-. Ningún dictador cede, y ya no digamos renuncia, si no recibe una fuerte presión en contra.
La presión internacional contra Ortega debe proseguir y con la mayor contundencia posible. Las sanciones deben focalizarse en la familia que gobierna el país y en sus allegados, tratando de minimizar el daño al pueblo de Nicaragua. Ortega el Cruel, su esposa desalmada y sus compinches, deben sentir el castigo y el desprecio internacional y la amenaza creíble de que serán castigados por sus crímenes. Es la única manera de forzar la negociación y de arrancar algunas concesiones.
*Publicado en Mundiario
