Nicaragua: guerra contra el pueblo

El 27 de diciembre de 1974, Hugo Torres tomó parte en el asalto a la residencia en que se encontraba la cúpula ministerial del dictador Anastasio Somoza Debayle. La acción guerrillera condujo a la liberación de un grupo de militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que se hallaban en prisión. 

Uno de ellos era Daniel Ortega. 

El 13 de junio pasado, 46 años después de aquel episodio, el ahora presidente Ortega, con más de veinte años en el poder e intenciones de reelegirse por quinta vez, ordena la captura de Torres, exgeneral de brigada en situación de retiro, y lo acusa de "traición a la patria". 

Torres es vicepresidente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos),  anteriormente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), formación política disidente que sin rodeos califica al presidente de dictador. 

Ese mismo día, lanzado al abierto canibalismo, el caudillo nicaragüense mandó detener a otros dos excompañeros de la lucha revolucionaria, Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, así como a dos líderes opositoras y una periodista. Una semana antes, el aparato de seguridad había puesto bajo arresto domiciliario a cuatro aspirantes presidenciales de la oposición, incluyendo a Cristiana Chamorro, hija del periodista asesinato Pedro Joaquín Chamorro. Las elecciones presidenciales están previstas para el 7 de noviembre pero en el escenario solo hay una silla. En su calidad de precandidata, Cristiana encierra un simbolismo amenazante para Ortega. Si se recuerda, su madre, Violeta Barrios de Chamorro lo venció en la lid electoral de 1990. 

En 2006, el excomandante guerrillero volvió al poder y desde entonces no ha vuelto a compartirlo. En Nicaragua, como en los días de Tacho, manda una familia y sus intereses se colocan por encima de cualquiera. Ortega hace y deshace a su antojo. El decide quién emprende negocios en Nicaragua y quién no. El Ejército es el garante último del statu quo y también opera como acaudalada corporación. Posee jugosos negocios que nadie fiscaliza.  

En 2017, Nicaragua mostraba la tasa de homicidios más baja de Centroamérica. En buena parte gracias a esa sensación de seguridad, el turismo proliferaba. Inversionistas centroamericanos y foráneos consideraban a Nicaragua un óptimo lugar para invertir. Daniel Ortega se había reinventado cristiano y capitalista, e intentaba congraciarse con los Estados Unidos. Su alianza con el COSEP, la suprema patronal empresarial nicaragüense, lo fortaleció. 

Pero en abril de 2018 el espejo en que Nicaragua se miraba, saltó hecho pedazos. Como suele suceder, empezó con protestas de estudiantes – como dice la letra, "aves que no se asustan de animal ni policía"–, primero para levantar la voz por la indolencia mostrada por el gobierno tras declararse un fuego en la reserva de Indio Maíz, después para oponerse al alza de las cuotas de la seguridad social que acababa de anunciar el régimen. El aparato policial se ensañó con ellos y con las sucesivas olas de ciudadanos que salieron a marchar en las siguientes semanas. La paz fue cancelada, empezó la guerra contra el pueblo. En menos de dos meses, más de 120 personas, la mayoría de ellos estudiantes, fueron asesinadas. La cifra de heridos superó el millar. Centenares fueron arrojados a la cárcel, donde recibieron maltratos. 

La arremetida no ha cesado. Al gobierno no lo amedrentan las sanciones internacionales ni lo conmueven las denuncias. Se acusa a la disidencia de terrorismo, de incitar a la injerencia extranjera, de terrorismo, de gestionar bloqueos económicos y comerciales, de conjurarse contra la soberanía y la autodeterminación. Es guerra contra el pueblo dirigida por una mafia que se las ve con un alzamiento que solo puede cobrar fuerza. 

Comprensiblemente, la mayoría de los nicaragüenses rehúye una conflagración. La lucha discurre por canales pacíficos. Dada la naturaleza abierta de ese movimiento y la asimetría del enfrentamiento, Ortega la tiene fácil para neutralizar la oposición. Dos o tres redadas bastan para levantar y encerrar a las figuras prominentes. Encima,  la disidencia nunca ha podido articular un frente granítico. Es una miscelánea con orígenes, intereses y vibraciones diversos. Van cada quien por su lado. Pero la acumulación de abusos y arbitrariedades solo puede conducir a que la voluntad popular arrecie. 

Enseña la historia nicaragüense que un gobierno odioso y represivo tarde o temprano se derrumba. Pero no por inercia. Los Ortega Murillo nunca dejarán el poder de buena gana. El presidente es un político consumado, un viejo zorro, cuenta aún con una base social y está dispuesto a que corra la sangre. Siendo así, la solución tampoco radica en la intervención extranjera. Otros países, cuidan sus particulares intereses. "La salida está en Nicaragua, no en el exterior", reafirmó recientemente el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana. 

Arrancar a Ortega del palo requerirá un esfuerzo popular concertado y un empujón vigoroso. A estas alturas no se sabe en qué consistirá ese empujón o cómo concitarlo. Solo se sabe que tiene que ocurrir. 

*Róger Lindo es escritor y periodista.