27 de marzo 2019
AA
En la mesa del diálogo nacional hay tres agendas superpuestas: la económica, la política y la de los derechos humanos. A la dictadura le interesa exclusivamente la económica, tocar mínimamente la política (reformas electorales) y omitir los derechos humanos. A la empresa privada también le interesa la económica, menos la política y pasar de puntillas por la tercera. Los partidos por supuesto que dan preferencia a la política, a cuyos resultados supeditan lo económico, y los derechos humanos interesan en tanto que son susceptibles de convertirse en banderas políticas. En cambio para las organizaciones civiles los derechos humanos son la agenda, la que sobre determina todas las demás, la condición previa a cualquier negociación, porque a fin de cuentas negociar sin derechos, o sea negociar para tenerlos, termina siendo una negociación sin derechos. No es la carreta delante de los bueyes, es ni carreta ni bueyes.
Por A o por B los derechos humanos están sin estar en la negociación. Para unos son un incordio y prefieren negociarlos, para otros son las reglas del juego y prefieren hacerlos valer; negociar sin derechos es la asimetría, la sumisión; negociar con derechos es sentarse con los poderosos en pie de igualdad. Los derechos humanos en cualquiera de sus definiciones (libertades positivas o negativas; de primera o de tercera generación) fueron promulgados para proteger al ciudadano/a de la capacidad opresora de los poderes políticos, económicos, militares.
Están sin estar, sin importar si se les cita o no.
En la agenda de la dictadura, por antonomasia la anulación de cualquier derecho, no están porque es el terreno donde tienen todas las de perder. Sabe el dictador que en cualquier punto que tenga como foco un derecho humano (opinar, movilizarse, organizarse, protestar) estará en desventaja frente a sus oponentes. Ante un ideal normativo de ciudadanía que ha ido creciendo en el último año y con informes en contra tan demoledores como el del GIEI, solo le corresponderá retroceder, ceder terreno, doblar lo rodilla. Por eso la dictadura trata los derechos humanos como a molestos moscones que hay que ahuyentar a manotazos o aplastarlos a patadas, a culatazos, violarlos con el cañón de los fusiles, colgarlos de los pies.
Para la empresa privada -o buena parte de ella- recuperar el saldo positivo en las cuentas bien vale pasar página de esos derechos intangibles, como la libertad de manifestarse, que con harta frecuencia los ha colocado en el blanco de las protestas. Los derechos que cuentan son los que se cuentan en pesos y centavos: el libre mercado, las exoneraciones y la propiedad privada. Todo los demás son debatibles, sus recortes asumibles y su ampliación derivable de la libertad de emprender. De allí que tengan prisa por entrar a la agenda “concreta” para restablecer normas que hagan previsibles las relaciones con el poder político y en el binomio capital-trabajo. Los derechos humanos es ruido ambiental que dificulta el pronto entendimiento, son reclamos y griterío de quienes no tiene nada que perder porque no tienen inversiones ni activos acumulados durante once años de connivencia con el monstruo.
Los partidos del Frente Amplio por la Democracia (FAD) saben que la bestia sangra por la herida de los derechos humanos. Fieles a su misión de disputarle el poder a la élite gobernante, han situado en el corazón de su agenda política los derechos humanos y a menos que sufran un ataque de estupidez (como negociar los mandamientos de los derechos humanos), no soltarán la presa. En ningún otro terreno tienen tanta ventaja sobre los sicarios, pero tampoco tienen mucho campo a las espaldas para dar marcha atrás. Saben –o deberían saber- que una concesión mínima a la dictadura sería mortal para sus aspiraciones de capitalizar el descontento que llenó las calles en 2018 y que aguarda en sus casas que de nuevo “se abran las amplias alamedas”. En la mesa de la negociación su problema es teórico y práctico: politizar los derechos humanos, como se ha hecho toda la vida, o humanizar la política siendo un poco más creativos. La respuesta a la disyuntiva los llevará a organizarse en el formato tradicional de partidos ideológicos u orientados a una ideología, o ensayar con partidos atrapa-todo (catch all) que busquen beber en las aguas transversales de la rebelión de abril. Visto desde fuera, la bandera de los derechos humanos no parece ser despreciable.
Si hay un actor para quien los derechos humanos son innegociables son las organizaciones de la sociedad civil. Están en el ADN de una esfera de la sociedad que se emancipó del Estado gracias a la promulgación de los derechos humanos. No en balde algunos han llamado a la sociedad civil el reino de los derechos civiles y políticos. Sin estos derechos no existiría la autorganización, las agendas propias ni la movilización en los distintos campos del orden social. Por eso son la mejor garantía de que los derechos humanos no sean moneda de cambio en las negociaciones; si lo permitiesen cometerían un suicidio gratuito. De allí que busquen sacarlos de las negociaciones y a la vez mantenerlos siempre presentes, para que ni se metan en la baraja ni se olviden. Las reivindicaciones sustantivas de cualquier civilidad pasan por el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, y entre ellas el uso del espacio público sin temor a ser agredido, la emisión del pensamiento en cualquiera de sus formas y el escrutinio de los poderes legales y fácticos.
La cantidad de informes sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua en los últimos once meses tal vez sea un precedente histórico. Quizás sea de las crisis más escrutadas, al menos en Centroamérica, y por ende la mejor documentada. Grosso modo, hasta mediados de marzo de 2019 no menos de 15 informes habían sido publicados, la mayoría por organizaciones internacionales como el Alto Comisionados de la ONU sobre Derechos Humanos, CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y CEJIL, entre otras; así como los informes nacionales del CENIDH, CPDH y ANPDH. En todo este tiempo, no ha habido foro internacional del tamaño y alcance que sean, que no haya condenado a la dictadura por los crímenes contra el pueblo de Nicaragua.
Ciertamente estamos en un estado de emergencia por la violación masiva y reiterada de los derechos humanos, a tales niveles que se puede afirmar, para escándalo de la ortodoxia, que por primera en nuestra historia la contradicción principal de la política criolla no pasa por los polos izquierda-derecha, ni pobres-ricos, ni capital-trabajo; pasa por la exigibilidad de los derechos humanos como foco de la contradicción entre democracia y dictadura.
