30 de diciembre 2015
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Algunas decisiones iniciales de Mauricio Macri provocaron una intensa polémica. Entre ellas el nombramiento “en comisión” de dos jueces de la Corte Suprema o la intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el ente responsable de la Ley de Medios y punta de lanza del kirchnerismo contra el Grupo Clarín. Ambas medidas fueron aplicadas por decreto.
El rechazo partió del riñón kirchnerista, golpeado por su creciente pérdida de poder, pero también de aliados del nuevo gobierno y observadores imparciales. Algunos tuits de ex altos cargos de Cristina Fernández muestran la tendencia dominante: atropello a las instituciones, retroceso institucional. Juan Manuel Abal Medina, ex Jefe de Gabinete, apuntó: “Jueces de la CSJN [Corte Suprema] “en comisión”, la intervención del AFSCA y AFTIC [Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones] y leyes importantes modificadas x DNU [Decretos de Necesidad y Urgencia] implican un retroceso institucional”. En términos similares se expresó el otrora todopoderoso ministro de Obras Públicas, Julio de Vido, que retuvo su cargo de 2003 a 2015: “En víspera de Navidad, el Gobierno de Macri atropella las instituciones, modificando por decreto alcances y contenidos de 2 leyes nacionales”.
Desde sectores alejados del kirchnerismo las críticas también giraron en torno al abuso de los decretos, ya fuesen de necesidad y urgencia o normales. Beatriz Sarlo, opositora a Fernández, calificó el estilo de gobierno de Macri como “cristinismo invertido”, para aludir a la bisoñez del nuevo mandatario: “Si los justificativos son que quiere gobernar por decreto de necesidad y urgenci a de aquí hasta que no veas al Parlamento reunido, me parece una falta de experiencia política”. Elisa (“Lilita”) Carrió, aliada de Macri en la coalición Cambiemos, presentó un proyecto de ley para prohibir la designación de jueces por decreto.
Fuera de Argentina también se han alzado algunas voces similares. Arturo López-Levy, colaborador habitual de Infolatam, ha escrito en su cuenta de Facebook: “Mal que Macri quiera nombrar jueces por decreto, o cerrarle a funcionarios el mandato si por ley les corresponde operar en su administración aunque fuesen nombrados anteriormente. De hecho esos mandatos que cruzan términos presidenciales son parte del sistema de separación de poderes, chequeos y contrapesos republicanos. Lamentable como algunos desde la derecha que le abrían fuego a los Kirchner, ahora no dicen nada cuando se quiere empacar el poder judicial por decreto, y blindar a Clarín del cumplimiento de la ley”.
Es importante puntualizar que prácticamente nadie ha aludido a la ilegalidad de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno, sino al avance sobre las instituciones y el deterioro institucional. Una excepción ha sido el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que mediante una medida cautelar interina ha suspendido el nombramiento de los dos jueces de la Corte. Su fallo señala que: “a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta”.
Habría que señalar que el autor de esta sentencia pertenece a Justicia Legítima, una agrupación de jueces y fiscales kirchneristas de militancia activa en el período anterior. Y que antes que se difundiera este fallo, el gobierno había decidido postergar el juramento de los nuevos magistrados hasta febrero, de modo que el Senado pudiera cumplir con su cometido reglamentario.
Otra cuestión en torno a la cual ha girado buena parte de la discusión tras la elección de Macri ha sido el destino de aquellos cargos cuyo duración no coincide con el mandato presidencial. Aquí tiene razón López-Levy, ya que ellos son parte de la institucionalidad del sistema político, del mecanismo de pesos y contrapesos que debe garantizar su buen funcionamiento. Hasta ahí bien. ¿Pero qué dice la misma teoría acerca de cómo se deben cubrir esos puestos y la condición de las personas escogidas?
Por lo general se requiere mayorías cualificadas o supercualificadas que expresen amplios consensos políticos. En un contexto de normalidad también se buscan personas independientes o libres de sospecha partidista. Caso contrario estaríamos frente a renovados episodios de la lucha política, donde cargos teóricamente designados para ser un contrapeso al Poder Ejecutivo terminan subordinados a la voluntad presidencial o, producida la alternancia, convertidos en férreos defensores de lo antiguo.
Basta ver las biografías de Martín Sabatella, ya ex presidente de la Afsca, o de Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación (o Fiscal Jefe), que tras el cambio de gobierno rechazaron renunciar amparándose en la naturaleza de sus mandatos. Gils Carbó todavía resiste las presiones del Ejecutivo, pese a haber tomado partido en favor de Cristina Fernández en numerosos casos polémicos.
Es obvio que todo gobierno democrático que se precie debe respetar la legalidad y las instituciones. Esto está fuera de toda duda. Ahora bien, por su especial naturaleza los momentos de transición son coyunturas donde no todo funciona de un modo ejemplar. En los 12 años de gobierno kirchnerista muchas instituciones fueron vaciadas de contenido y la legalidad forzada en aras de la gobernabilidad y la supremacía presidencial. Jueces acomodados a esta realidad, servicios de inteligencia o la inspección tributaria trabajando para el gobierno y no para el Estado, aplicación lineal de las mayorías absolutas, etc., estaban a la orden del día. Por eso el ex oficialismo prefiere hablar más de instituciones y de institucionalidad que de ilegalidad. De lo contrario buena parte de su accionar quedaría al descubierto. En la difícil transición del populismo a la democracia en Argentina la lucha por la legitimidad institucional no ha hecho más que empezar.
