12 de abril 2021
AA
El anuncio del régimen Ortega-Murillo sobre la designación de nuevos magistrados ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la posibilidad de reformar la Ley Electoral, puede representar una oportunidad para que Nicaragua retome la senda de la democracia, o tal vez sólo sea un intento más del régimen por legitimar su dictadura. En todo caso, también dependerá de cómo la oposición juegue sus cartas para forzar un cambio significativo.
Una demanda histórica sobre el CSE es la designación de personas idóneas en su Dirección, demanda que ha sido acogida tanto la Organización de Estados Americanos como por la Unión Europea, quienes han observado que la designación de las y los magistrados del CSE debe ser por medio de consenso con la oposición. Pero ese consenso, no puede interpretarse bajo ninguna circunstancia como un equilibrio entre personas afines al régimen y personas confiables para la oposición, eso sería una reedición del pacto que nos tiene actualmente en la zozobra.
Bajo la máxima de: “o todos coludos o todos rabones” el régimen debe decidir entre designar a personas idóneas o quedarse con sus “colaboradores”. En todo caso, esa no es la reforma más importante para garantizar la transparencia en el proceso. Desde mi particular punto de vista, lo peor del sistema electoral en Nicaragua es la nefasta herencia del pacto Alemán–Ortega del artículo 16 de la Ley Electoral, el cual establece: “El Presidente con su respectivo Suplente de cada Consejo Electoral y de Juntas Receptoras de Votos, serán designados alternativamente de entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar, en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado”
Ese obsceno reparto de los Consejos Electorales Departamentales, Municipales y hasta de las juntas Receptoras de Voto es lo que anula la transparencia del proceso electoral y es contrario a las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua en materia de derechos políticos. El párrafo 20 de la Observación General 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: “Debe establecerse una junta electoral independiente para que supervise el proceso electoral y garantice que se desarrolla en forma justa e imparcial”. De suerte tal, que modificar el artículo 16 de la Ley Electoral y permitir que las personas encargadas de contar los votos sean designadas de forma aleatoria o por sorteo, se convertiría en una primera garantía de transparencia del proceso electoral.
El segundo elemento sustantivo para garantizar la transparencia en el proceso, es la reglamentación de la observación electoral en ley. La inclusión en la Ley Electoral de un artículo 29 bis,29 ter y una adición al artículo 123 para reconocer el derecho individual y colectivo de observar el proceso electoral de forma equiparable al derecho de los partidos políticos a fiscalizar la elección, propiciaría la observación masiva y con ello se podría asegurar la certeza del resultado junta por junta.
Considero que el rezago normativo en materia electoral en Nicaragua es enorme, en temas como el reconocimiento y protección de los derechos políticos electorales o el desarrollo del principio de equidad en la contienda electoral, principio asociado al acceso y limitación de recursos para que la contienda electoral sea equilibrada entre las diferentes personas que aspiran a un cargo de elección popular. Pero abrir la discusión en torno a esto en este momento, diluiría el debate de una reforma electoral que garantice verdaderamente la transparencia del proceso, lo que estimo contraproducente.
Lo importante por lo pronto es garantizar la participación de todas las personas y que se cuenten bien los votos. Desde la oposición, creo es necesario establecer una estrategia o línea de acción que apuntale a la transparencia del proceso, que los electores tengamos la certeza que nuestro voto contará. Solo eso permitirá recuperar la credibilidad en el proceso electoral y más importante que recuperar credibilidad en el proceso electoral, es que los nicaragüenses nos comprometamos de una vez por todas, a realizar los cambios políticos por medio de la participación.
*Maestro en Derechos Humanos
