La muerte de un patriarca

Cuando en noviembre de 2017, Robert Mugabe, de 93 años, dio un autogolpe de Estado contra su Vicepresidente Emmerson Mnangagwa, la prensa británica reveló que el proyecto del dictador era traspasar el poder a su esposa Grace Mugabe —apodada “Gucci Grace” por su apego a la marca italiana—, quien luego heredaría el mando a su hijo Robert Junior. El ejército y el grupo político de Mnangagwa dieron un contragolpe que hizo fracasar el proyecto de Mugabe, quien se exilió en Singapur.

Mugabe llevaba gobernando Zimbabue por 37 años consecutivos. Como otros dictadores africanos, el líder, educado en la Universidad de Londres, se había formado en la lucha antirracista, anticolonial y panafricanista de los años 60. Tras llegar al poder implantó un régimen comunista de partido único y, en los 90, propició la transición hacia un presidencialismo republicano y un capitalismo de Estado.

Más tardío que otros proyectos postcoloniales en África, el de Zimbabue contó con el apoyo de China y Venezuela, Rusia y Cuba. No le tocó a Mugabe, plenamente, la época de los burócratas del socialismo soviético sino la de los gerentes del capitalismo chino y ruso. Durante la guerra civil de Rhodesia, en los 70, que coincidió con el cisma sino-soviético, Mugabe quedó del lado de China, que se convirtió en el soporte militar de ese socialismo africano.

A partir de los 90, cuando las relaciones de Zimbabue con Europa y Estados Unidos comenzaron a complicarse por la violación de derechos humanos, China ratificó aquel entendimiento. A principios de los 2000, tras el reforzamiento de sanciones occidentales, Hu Jintao relanzó la oferta de créditos, inversiones y comercio con el país africano. Fue entonces que Beijing logró arrastrar a otros de sus aliados, especialmente a Rusia, Venezuela y Cuba, al apoyo a Mugabe.

El respaldo de esas naciones hizo sentir seguro al dictador africano. Tan seguro que dio rienda suelta a un régimen represivo no sólo contra opositores sino también contra homosexuales, mujeres y minorías étnicas y religiosas, como la comunidad Ndebele, víctima de varias masacres de Estado. La homofobia de Mugabe se hizo antológica cuando declaró que las asociaciones gays eran “inmorales” y “repulsivas” porque defendían prácticas sexuales que eran “antinaturales” y “degradaban la dignidad humana”.

Los homosexuales, según Mugabe, se comportaban como “perros y cerdos” que debían ser arrestados y hasta “castrados”. En 2015, durante la 70 Asamblea General de la ONU, el dictador declaró “no somos gays, no nos impongan sus valores”. La Ley de Delitos Sexuales implantada por Mugabe en Zimbabue no sólo prohibía el matrimonio igualitario sino que criminalizaba la homosexualidad y las asociaciones LGTBI. Esas restricciones eran justificadas desde un discurso descolonizador para el que la homosexualidad es un vicio que las metrópolis occidentales quieren imponer a países africanos con otras “tradiciones, costumbres y creencias”.

Las declaraciones de Mugabe provocaron risas de muchos mandatarios asistentes a aquella asamblea de la ONU, pero no las de Vladimir Putin. Un año antes, cuando la anexión rusa de Crimea, Mugabe fue uno de los pocos dirigentes del mundo que aplaudió la decisión de Moscú. En estos días, tras la muerte de Mugabe, Putin declaró que “la  historia moderna de Zimbabue está ligada al nombre de Robert Mugabe”, cuya “contribución personal a la creación de instituciones estatales” de ese país africano había sido decisiva.

Mugabe tuvo excelentes relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El dictador visitó Caracas en 2004, cuando firmó un acuerdo de cooperación con Hugo Chávez, refrendado por Nicolás Maduro durante un encuentro bilateral en la reunión del Movimiento de los No Alineados de 2016. Hace dos años, cuando Mugabe dejó el poder, Zimbabue tenía un desempleo del 80 por ciento y una inflación tan astronómica como la de Venezuela.

*Texto publicado en La Razón.