22 de marzo 2021
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Hace un año, el 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de contagio positivo del nuevo coronavirus en Nicaragua, en un ciudadano que llegó al país proveniente de Panamá. A partir de esa advertencia, en vez de implementar las medidas de prevención y protección recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, el régimen Ortega Murillo ejecutó un operativo de negación, negligencia, y propagación de la pandemia, que se puede resumir en seis acciones.
Uno, las máximas autoridades del país minimizaron la gravedad de la amenaza para la salud humana y el riesgo para los trabajadores de la Salud, y para simbolizar la burla a la covid-19, hasta le dedicaron en el canal estatal de televisión una canción bailable llamada “la cumbia del virus importado”.
Dos, reforzaron la censura y la negación total del acceso a la información pública, y centralizaron las pruebas de covid-19 en el Ministerio de Salud, dejando al país completamente a ciegas. Un año después, Nicaragua exhibe el récord mundial de no haber publicado nunca un informe sobre el número de pruebas de covid-19 que ha realizado el Minsa y cuál es el porcentaje de contagios positivos.
Tres, en una gravísima violación a la ética profesional, el Ministerio de Salud les prohibió a los médicos en los hospitales registrar a los pacientes como afectados por la covid-19, y ordenó atribuirles otras enfermedades. Por desafiar esa prohibición y por brindar información y promover medidas de protección para el personal de Salud, decenas de médicos y especialistas con varias décadas de experiencia, fueron despedidos por el Minsa en los hospitales públicos.
Cuarto, a la par de esta política deliberada de negligencia, la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a los partidarios del FSLN y a los empleados públicos a la marcha multitudinaria “del amor en tiempos de covid”, iniciando una serie de actos políticos, ferias, fiestas, competencias deportivas, y todo tipo de eventos de aglomeraciones masivas sin ninguna clase de protección, que continúan hasta hoy.
Cinco, el régimen rechazó las ofertas de la sociedad civil, las iglesias y el sector privado, para coordinar acciones de prevención de la pandemia, y se rehusó a promover políticas públicas de distanciamiento físico o de compensación social. Como explicó Ortega, en una de sus escasas comparecencias públicas, el objetivo era mantener “abierta la economía”, o más bien evitar que una reducción adicional de la actividad económica en el tercer año consecutivo de recesión, hiciera caer aún más la recaudación de impuestos de la que depende el pago de la planilla del Estado y la Policía.
Seis, el régimen que provocó la crisis sociopolítica y la recesión económica con la matanza de abril 2018, se atornilló aún más al poder durante la peor crisis de salud pública de nuestra historia, menospreciando la vida de las personas. En el momento pico de la pandemia, cuando morían a diario decenas de personas y se multiplicaban los entierros exprés, lo único que le preocupaba a Ortega era mantener el control de los recursos económicos para financiar la represión y el estado policial. Nunca le importaron las vidas humanas, ni siquiera las de sus propios partidarios con tal de mantener el control del poder, a pesar de que a consecuencia de la falta de prevención de la covid-19 murieron varios centenares de prominentes sandinistas, entre ellos ministros, asesores presidenciales y embajadores, altos oficiales del Ejército y la Policía, diputados del FSLN, alcaldes, y secretarios políticos.
Como resultado de esta política de negación, negligencia, y propagación de la covid-19, en Nicaragua se produjo una verdadera tragedia humanitaria, que el régimen ha intentado ocultar. Según el Minsa, únicamente fallecieron 176 personas por covid- 19, con lo cual seríamos el milagro de Centroamérica con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo. Pero ni la OPS ni la OMS, que al inicio de la pandemia actuaron con complacencia ante el Gobierno, han avalado la mentira oficial.
Según el Observatorio Ciudadano, que se basa en reportes de médicos independientes y familiares de pacientes, se han registrado 3009 muertes sospechosas por covid-19, o sea 17 veces más que la cifra del Minsa, y de acuerdo al análisis de sobremortalidad realizado por el Comité Científico Multidisciplinario, el número de muertes atribuidas a la covid-19 es de 9000, o sea 51 veces más que la cifra oficial. Esta última estimación registra el exceso de personas que fallecieron por neumonía, infarto, diabetes, e hipertensión, en comparación con el promedio histórico de los últimos cinco años, según datos oficiales de los certificados de defunción, durante estos primeros doce meses de pandemia.
Cada uno de estos 9000 muertos significa mucho más que una estadística, representan una historia de vida y dolor para su familia, y también hay decenas de médicos y trabajadores de la Salud que nunca debieron haber muerto, si se hubieran tomado las medidas apropiadas de protección.
En una democracia funcional, los promotores de esta política de negligencia y propagación --el presidente Daniel Ortega, la cogobernante Rosario Murillo, las tres ministras de salud, Martha Reyes, Sonia Castro, y Carolina Dávila, y el presidente del parlamento Gustavo Porras-- habrían sido sometidos a una investigación, para determinar sus responsabilidades en las consecuencias del desastre de salud pública. Sin embargo, bajo la dictadura de Ortega no es posible lograr la rendición de cuentas de los funcionarios públicos al servicio del Estado-partido-familia. Solamente en democracia, después de salir de la dictadura, se podrá restablecer la verdad. El país necesitará una Comisión de la Verdad y una Fiscalía Especial no solo para investigar los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción pública, sino también la tragedia de la covid- 19 que se agravó con la negligencia oficial durante la pandemia. Pero, para conquistar la democracia, la oposición política primero debe conformar un solo frente electoral el 7 de noviembre, de lo contrario tendremos cinco años más de dictadura.
Mientras tanto, lo menos que podemos hacer los periodistas es mantener viva la memoria histórica, documentando las historias de las víctimas de la represión y de la covid-19, que demandan nunca olvidar.
