La hora de la verdad para la Alianza Ciudadana

Desde que el plazo para celebrar elecciones se acercaba, Ortega se dio a la tarea de dinamitar ese proceso porque sabe que lo rechaza la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Como no puede auto declararse faraón, está obligado a ir a las elecciones y su objetivo, como tantas veces anteriores, es robarse las elecciones porque en su lógica no está en juego el poder.

Pero también necesita un plan para mercadearse como vencedor legítimo de las elecciones y por eso despliega su arsenal de maniobras, ardides legales, represión y manipulaciones. Pretende ponernos en la disyuntiva de: 1) que la ciudadanía no salga a votar por desconfianza en el sistema, por miedo a ser agredido, o porque al final la Alianza Ciudadana va con el único candidato que no fue inhibido y que es el que menos nos gusta; 2) que salga una pequeña parte de la población opositora a votar por las razones del punto anterior; 3) que los líderes de la oposición digan que no salgamos a votar porque no hay ni la más mínima condición para un proceso electoral aceptable. En este último caso, la oposición debería tener un plan completo de acciones, nacionales e internacionales, que hagan que esta sea la opción más cara para Ortega y que nos ponga en una nueva y definitiva etapa de lucha.

Según la última encuesta de CID-GALLUP, de mayo de este año, el indicador de opinión favorable (que no es lo mismo que intención de voto), daba los siguientes resultados: Cristiana Chamorro, 53 %, Medardo Mairena, 47 %, Juan Sebastián Chamorro, 45 %, Miguel Mora, 44 %, Félix Maradiaga, 43 %, Daniel Ortega, 39 %, Arturo Cruz, 29 %, y siguen el resto de precandidatos y precandidatas. Hay dos precandidatos de la Alianza Ciudadana que nadie se acuerda de mencionar: Noel Vidaurre y Américo Treminio. La posición de Arturo Cruz, por debajo de Ortega, la conocen muy bien en El Carmen, en la Alianza Ciudadana, el Nuncio  y la Conferencia Episcopal (que se hace notar por su elocuente silencio ante las últimas embestidas contra los periodistas y contra los candidatos y candidatas que podrían derrotar a Ortega), en los círculos del gran capital, lo sabe el pueblo y principalmente, lo sabe el propio Cruz. Y si se trata de seguidores, la UNAB tiene el 4 %, CxL y PLC empatados con el 2 %, es decir, la UNAB tiene un porcentaje igual a la suma de PLC y CxL.

Pero qué curioso, algunos voceros oficiosos de la Alianza Ciudadana, después que la dictadura citó a Cristiana Chamorro al Ministerio de Gobernación, empezaron a decir que todos los precandidatos y precandidatas deberían firmar una carta en la que se comprometerían a que el candidato que vaya siendo inhibido apoye al que sigue. Este planteamiento lo hizo Eliseo Núñez por primera vez en el programa de Jaime Arellano del viernes 28 de mayo en la tarde. De tal manera que están proponiendo que todos deberíamos apoyar al candidato que no sea inhibido por los ORMU. Y por supuesto no se necesitan dos dedos de frente para saber cuál es el candidato que no inhibiría Ortega.

Con el acuerdo del Consejo Supremo Electoral tomado el día tres de junio a las 11 de la mañana, el juego de Ortega es obligarnos a ir a las elecciones con el candidato que le resulte amigable, pero además con ese acuerdo quiere evitar exponerse como verdugo de los candidatos de la oposición y pretende que la oposición se auto inhiba y así Ortega sale limpio. Está queriendo ahorrarse el precio que deberá pagar por armar las peores elecciones posibles.

¿Qué hará la Alianza Ciudadana? ¿Desde ahora va a tirar la toalla? ¿La Alianza Ciudadana va a pagar el precio de inhibir a los candidatos y candidatas que más apoyo popular tienen? ¿La Alianza Ciudadana va a desafiar a la dictadura o pondrá su personería jurídica por encima de cualquier interés nacional? ¿Ese acuerdo del Consejo es una pista para el aterrizaje suave?  Llegó la hora de la verdad para la Alianza Ciudadana.

En estas circunstancias, la Alianza Ciudadana lo primero que tiene que hacer es continuar el proceso de selección de los candidatos y candidatas a presidente, vicepresidente y diputados, haciendo caso omiso al acuerdo del Consejo Supremo Electoral.

Lo segundo es modificar el método de selección en vista que la precandidata Chamorro está secuestrada en su casa por la policía orteguista y no podría participar en ninguna actividad. Por tanto, se impone que la Alianza decida que las encuestas serán el único método para la selección de candidatos y candidatas.

Tercero, la Alianza Ciudadana no puede ni debe elaborar una lista interminable de candidatos y candidatas a presidente para tenerlos como sustitutos de los que vayan inhibiendo. Eso debe tener un límite, que en ningún caso debería pasar de tres. Es decir, tener dos sustitutos únicamente en caso de que el CSE inhiba al primero y segundo que se inscriba. Si el CSE inhibiera a los tres candidatos que hayan tenido mejor puntaje en el proceso de selección, la Alianza Ciudadana debería considerar la no participación en el proceso electoral y tomar todas las providencias necesarias para la etapa siguiente de lucha contra la dictadura.

En el caso de Cristiana no tiene una sentencia firme y goza de todos sus derechos políticos, según ha dicho la Dra. María Asunción Moreno, de la Comisión de Enlace de la Alianza Ciudadana, por tanto, la Alianza no debería tener ninguna razón para no inscribirla en el CSE como candidata a la presidencia de la república.

En el caso de Maradiaga, el señalamiento de ausencia del país no tiene fundamento legal porque no fue una ausencia voluntaria. Maradiaga se fue por un vicio en su consentimiento provocado por la necesidad imperiosa de salvar su vida y su libertad, amenazada precisamente por quienes quieren inhibirlo. Tanto la fuerza mayor como el vicio en el consentimiento son justificativos del incumplimiento de una obligación y por tanto, eximentes de responsabilidad legal. Lo dicho para Maradiaga es aplicable también para los miles de exiliados que se fueron del país huyendo de la muerte y de la represión.

En cuanto a la narrativa de “golpista” como pretexto para inhibir candidatos, aparte de que los golpistas están en El Carmen, como dijo Carlos Fernando Chamorro, el 10 de junio de 2019, la Gaceta No. 108 publicó la Ley 996, que entre otras cosas dice:  Art. 1 Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias. Por tanto, las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente Ley. Así mismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de entrada en vigencia de la presente Ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata”.

La Ley de Amnistía habilitó políticamente a todas aquellas personas que fueron acusadas de “golpistas” por el régimen. Pueden inscribirse todos los “golpistas”.

Quitémosle a Ortega la posibilidad de que sea él quien decida por quién vamos a votar. Ortega no tendría más remedio que rifarse con cualquiera de los candidatos escogidos en el proceso de selección de la Alianza. Si hacemos una lista infinita de candidatos esperando al que aprobará Ortega, terminaremos votando por la María Haydeé Ozuna o Byron Jerez.

Si Ortega inhibe a los tres primeros candidatos escogidos en el proceso de la Alianza Ciudadana, no tendríamos nada que ir a hacer al juego electoral. Es decir, hay que ponerle una raya roja a Ortega y la raya roja es la inhibición de los candidatos sin darle chance de llegar hasta el candidato que él quiere. Y si pasamos esa raya, hay que ponerle otra si impiden el nombramiento y actuación de los fiscales. Y si pasamos esas dos rayas hay que ponerle la tercera que es tener una campaña electoral en igualdad de condiciones.

Es importante destacar que fue precisamente la igualdad ante la ley el fundamento que sirvió de base para quitar la prohibición de la reelección a fin de que Ortega pudiera seguir en el poder. La sentencia 06 del 30 de septiembre de 2010 de la Corte Suprema de Justicia dijo: “El Principio de Soberanía Popular y el Derecho a Elegir y Ser Electo, no puede ser alterado ni siquiera por el Poder Constituyente Derivado, por ser un derecho sustancial y esencial al ser humano”. Por tanto, tenemos el derecho humano a elegir libremente a nuestras autoridades y ese derecho no puede ser arrebatado por poder alguno, ni siquiera por el Consejo Supremo Electoral.