9 de junio 2019
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Un observador foráneo podría decir, a simple vista, que aquello que exaltó con esperanza a muchos y puso a Nicaragua en los medios internacionales, es decir, la oleada de protestas y el levantamiento popular iniciado en abril del 2018 se ha acabado. Sin embargo, aquellos que vivimos día a día la crisis y somos parte de la contienda política que se ha simplificado entre la dictadura y las fuerzas democráticas organizadas del pueblo, entendemos que las trincheras se han expandido hacia otros espacios donde se dirime la disputa del poder político.
Tomando en cuenta que tanto la presión internacional, como la presión interna y la negociación avanzan de manera interrelacionada, y que los actores, orientados por distintos intereses y visiones de realidad política, llevan a cabo estrategias en determinación de las restricciones y oportunidades que les imponen su posición objetivamente ocupada en el espacio relacional de posiciones del campo político o de la correlación política de fuerzas, sería importante, con el afán de aportar a la comprensión de la realidad política, poder orientarnos por algunas premisas.
¿Cuáles son los intereses de aquellos que encarnan a la dictadura?
Tomando en cuenta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha categorizado la matanza perpetrada desde abril del 2018 como crímenes de lesa humanidad, es claro que a Ortega y Murillo les interesa mantenerse lejos de la justicia a través del control del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, de todas las instituciones del Estado, y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido cuyas instancias de deliberación fueron disueltas para eliminar cualquier voz disidente a la fracción de Ortega. Es decir, a los autócratas les interesa, en medio de la presión que se ejerce sobre ellos, mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, terminar su periodo de gobierno hasta el 2021 e incluso, aun cuando sean derrotados en una contienda electoral, mantener cuotas de poder dentro de las instituciones para, desde adentro, poder maniobrar tal y como lo hicieron previo a su victoria en el año 2006.
Sin embargo, los autócratas están claros que, a través de su accionar gubernamental, se han convertido en factor de inestabilidad e incertidumbre para la gran mayoría de los sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo funcionarios públicos y el empresariado sandinista, y que las consecuencias, es decir, la agudización de la crisis económica a través de la destrucción del clima de inversiones, las acciones por parte de las instancia internacionales y países particulares dada la violación sistemática a los derechos humanos, podrían afectar directamente su régimen político y su sostenimiento.
Por tanto, teniendo claridad de la evidente imposibilidad de imponer la totalidad de sus intereses de manera unilateral, Ortega y Murillo tendrán que, en el marco de la negociación con su contraparte la Alianza Cívica, tratar de solucionar la crisis que han provocado cediendo a las fuerzas democráticas u opositoras.
Ortega, como cabeza del FSLN, sabe que mucho de lo que determina el resultado de un acuerdo político firmado en una mesa de negociación se encuentra fuera de dicha mesa. Es decir, estará condicionado por presiones "externas", por la correlación política de fuerzas internas e internacionales.
¿Cómo está configurada la correlación política de fuerzas en este momento de la contienda?
Se podría decir que el régimen de Ortega y Murillo ocupa una posición totalmente desfavorable en la correlación política de fuerzas en el ámbito internacional y relativamente favorable en el ámbito interno o nacional. Dicha posición favorable se ha podido conseguir y mantener a un alto costo político: el uso excesivo de la fuerza represiva; provocándose un vaciamiento de la poca o nula legitimidad de Ortega y Murillo como gobernantes frente a la comunidad nacional e internacional y la posibilidad de que instancias tales como la OEA, la UE, y países como EE.UU. desplieguen sanciones económicas contra Nicaragua.
Sin embargo, Ortega estaría dispuesto a seguir asumiendo el costo de seguir cerrando todo espacio de movilización cívica a través de la criminalización e ilegalización de la protesta, aun cuando se haya firmado un acuerdo de restablecimiento de derechos constitucionales junto a la Alianza Cívica en la negociación. Primeramente, dado el peligro percibido de que la acción de calle ascienda a un levantamiento popular que, tal y como paso en abril, mayo y junio del 2018, pueda trastocar al régimen a través de la fuerza. Segundo, dado que los dictadores están conscientes de que los tiempos de la diplomacia internacional son lentos y que las sanciones económicas no generarán un impacto inmediato en el sostenimiento financiero del aparato estatal y del régimen mismo.
Por tanto, la delegación que representa los intereses de los autócratas en la negociación con la Alianza Cívica tratará de ganar tiempo, dispuesta a seguir las conversaciones con su contraparte en el INCAE con el objetivo de que la posición de EE.UU. en torno a las sanciones se flexibilice al mostrarse "abierta al cambio", pero sin construir acuerdos políticos reales o incumpliendo los ya firmados. El objetivo, tal y como se mencionó más arriba, es claro: mantenerse lo más que puedan en el poder del Gobierno desde donde controlan las instituciones del Estado; de manera más específica, el monopolio sobre la fuerza y la legalidad a través del cual puede dictar leyes tales como la “Ley del Plan Integral a Víctimas del Terrorismo Golpista de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2018”.
Así las cosas, mantener abierta la negociación, alargar el proceso de construcción, cumplimiento e implementación de acuerdos políticos al tiempo que criminaliza a la Alianza Cívica, seguir controlando los poderes del Estado, sobre todo el Poder Judicial, y blindarse a través de la configuración de un Estado policíaco para controlar la calle frente a cualquier expresión política desafiante a la dictadura, pareciera ser la estrategia de los autócratas en este momento.
Por tanto, si esa es la estrategia que está desplegando el régimen ¿Hasta cuándo podrá seguir llevándola a cabo?
Ortega y Murillo saben que en algún momento, más temprano que tarde, el declive de la economía será inminente y las sanciones serán aplicadas con mayor fuerza, afectando el sostenimiento del aparato estatal —el 20 de junio se cumplen 180 días de haberse aprobado la ley Nica Act en los EE.UU. y el Departamento de Estado debe presentar un informe[1]— si no se construyen e implementan acuerdos políticos reales que den solución a la crisis sociopolítica y de violación a los Derechos Humanos. Dicha solución, tal y como ha exigido la Alianza Cívica y parte de la comunidad internacional, pasa por el adelanto de elecciones, posterior a reformas que le devuelvan credibilidad al proceso electoral. Ahí la disyuntiva de los autócratas.
Los que encarnan la dictadura tendrán que buscar un espacio político intermedio, dado que se encuentran en la encrucijada entre ganar poco o perder mucho. Por un lado, construir un acuerdo político viable a través del adelanto de elecciones, que medianamente detenga la debacle económica y la aplicación de sanciones que podrían afectar el sostenimiento de su régimen político, pero en una fecha de adelanto y haciendo público dicho acuerdo en un momento que no genere reacciones completamente negativas y descontentos de sus bases adeptas. Por otro lado, tratar de perpetuarse en el poder a través del despliegue excesivo de la fuerza represiva, lo que agudizaría la presión internacional, las sanciones y la crisis económica, afectando a todos los nicaragüenses sin excepción. Lo cual podría generar un (des) alineamiento generalizado de funcionarios intermedios, tal y como ya hemos visto con personeros que fueron muy cercanos a su círculo de poder, e incluso a nivel de estructuras de bases; desde países como EE.UU. mayor presión hacia actores claves de la coalición que apoya a Ortega y Murillo como lo es el Ejército que, en última instancia, detenta el poder real en el campo político nicaragüense; incapacidad para seguir financiando su maquinaria represiva puesta en práctica a través de la Policía Orteguista, lo cual podría acrecentar el descontento en sus filas, y, por tanto, abrir la ventana de oportunidades políticas para que las fuerzas democráticas salgan a la calle a exigir, en ese momento, y a través de la fuerza, su renuncia inmediata.
Por tanto, aunque el tiempo corra en contra de Ortega y Murillo, estos harán todo lo posible para maniobrar, tratando de llegar al final del abismo para detenerse y ceder a ciertas demandas de la Alianza Cívica, sobre todo las de democratización. A lo que no estaría dispuesta la dictadura es a liberalizar la calle, esto es, a respetar el derecho a la protesta cívica y pacífica en tanto que la Alianza Cívica no tiene control sobre el accionar de la llamada Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), confluencia que se ha encargado del llamamiento a la movilización colectiva, menos sobre los manifestantes autoconvocadas.
Ortega sabe que la estrategia que está llevando a cabo, aunque útil para mantenerse en el poder, no es viable a largo plazo si no quiere perderlo todo. Esto también lo tiene que saber la militancia del FSLN que hoy está ocupando altos cargos en el partido y en las instituciones del Estado. Decidir entre poco o nada y accionar según sus consecuencias.
*Estudiante de Sociología. Miembro del primer Dialogo Nacional.
