Opinion

La disputa por las redes sociales en Nicaragua

Una de las razones para emitir una ley tan drástica, obedece a que el Gobierno ha perdido la batalla que se libra a través de las redes

La revuelta cívica produjo el ascenso vertiginoso de las redes. Las protestas iniciadas en abril sirvieron como catalizadoras. Su utilización se incrementó sustancialmente. El movimiento estudiantil se definió como autoconvocados, aludiendo a la forma como se llaman estos movimientos a lo largo del planeta. Los estudiantes se sirvieron de las redes convirtiéndolas en aliadas insustituibles para dar a conocer la represión, los ataques que eran víctimas y para convocar a sus compañeros. El papel de las redes fue trascendental. Continúa siéndolo. Ocupan la centralidad de la política nicaragüense. Tienen mayor flexibilidad que los demás medios de comunicación. Su ubicuidad es absoluta. La mayoría de estudiantes eran dueños de teléfonos móviles. Un instrumento de lucha permanente.

Como ha ocurrido a lo largo de la historia —las redes fueron convertidas en dispositivos informativos— el medio más desarrollado se instala en la cúspide de la pirámide mediática. La hegemonía de la radio y medios impresos acabó con el ascenso de la televisión. La integración y convergencia de los medios digitales con los medios de comunicación tradicionales, ha hecho posible que las redes se ubiquen como los dispositivos mediáticos más importantes a nivel mundial. Son ubicuas. Alcanzan todo el planeta. Tienen la virtud de funcionar con la misma lógica televisiva. Esto no implica que los demás medios dejen de funcionar. Una característica del universo mediático es que opera como un todo. Se refuerza, ratifica y rectifica. Los discursos se encabalgan. Una verdad comprobable.

Ante la imposibilidad de contrarrestar y ganar la disputa en las redes, el Gobierno se vio obligado a tomar una medida extrema: proponer la Ley Especial de Ciberdelitos, inscrita dentro del conjunto de medidas confrontativas que mantiene con medios y periodistas. La nueva ley empezó a discutirse cuando ni siquiera había transcurrido una semana de la presentación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Ambas leyes ratifican que el ámbito mediático sigue siendo un terreno en disputa. Especialmente las redes sociales. Las sanciones esta vez son extensivas hacia la comunidad nicaragüense que vive en el exterior. Nadie queda fuera del apetito omniabarcante de los gobernantes. Alarma la vaguedad deliberada con que fue redactada esta normativa. Un precedente altamente nocivo.

Las disputas por la imposición del discurso político-social tienen su centro de gravedad en las redes sociales. Son las más vistas por los nicaragüenses. Los gobernantes —al calor de las protestas de 2018— cancelaron el servicio gratuito que ofrecían en distintos parques del país. Cuando tomaron esta decisión —después fue rectificada— los jóvenes habían aprendido a utilizarlas para diversos menesteres: enviar mensajes a sus familias, novias y amigos. El salto cualitativo ocurrió en abril. Desde entonces las redes siguen siendo las principales poleas de transmisión del diferendo político que se libra en Nicaragua. ¿Qué va a ocurrir con la imposición de sanciones que contempla la Ley Especial de Ciberdelitos? No hay duda que producirá un incremento del uso enmascarado de las redes.

Una de las razones —no la única— para emitir una ley tan drástica, obedece a que el Gobierno ha perdido la batalla que se libra a través de las redes. Están más que conscientes de ello. Los troles emitidos por los partidarios del comandante Ortega, no son suficientemente efectivos. No es lo mismo emplantillar a un equipo para que trabaje de tiempo completo, orientado a contradecir, neutralizar e imponer la visión gubernamental, que contar con millares de jóvenes dispuestos a denunciar el acoso, la represión y pedir la liberación de los presos políticos. Los políticos tienden a autoengañarse. No bastan los bots social (robots), para ganar la mente y el corazón de las personas. Más temprano que tarde se sabe quién está detrás de esta operación. Caso paradigmático, Donald Trump, presidente de EE. UU.

La reacción generalizada cuestionando la Ley Especial de Ciberdelitos, tiene distintas explicaciones. La más importante se debe a su vaguedad. El Artículo 30 provoca rechazo. Fue redactado con suma ligereza. ¿Quiénes van a determinar que “una información produce alarma, temor y zozobra” entre la población? Con los altísimos niveles de intolerancia existentes en Nicaragua y con la polarización galopante que vivimos, cualquier persona puede darse por afectada. La sensibilidad entre los nicaragüenses está a flor de piel. En un país con sus afectos partidos en dos, la redacción del Artículo 30 genera fundadas suspicacias. No cabe duda que la Ley Especial de Ciberdelitos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, tiene nombre y apellido. En nuestra historia contemporánea sobran los ejemplos.

El Gobierno obtendrá en todo caso una victoria pírrica, su aplicación resulta difícil, casi imposible. Los expertos en informática son especialistas en crear cuentas y sitios falsos, desde donde disparan a mansalva. La ley encierra la pretensión de controlar, no de regular el uso de las redes. Soy un firme partidario de evitar que estas sigan funcionando por la libre. La intención explícita de esta ley es sancionar a todas aquellas personas que mantengan posiciones divergentes al Gobierno. Las filtraciones son difíciles de extirpar. Existen desde que surgió una prensa comprometida en denunciar los abusos gubernamentales. No se trata de penar las noticias falsas, sino a quienes divulguen información verdadera que contradiga la información oficial. Solo quieren que exista una versión de los hechos: la suya.


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