17 de noviembre 2015
AA
Luego de un camino breve y accidentado en el que el jefe de la bancada de Daniel Ortega en la Asamblea Nacional desautorizara públicamente a su colega Alba Palacios, primera secretaria del Parlamento, quien había declarado que el “proponente” había retirado su iniciativa, y una carta de Ortega “aclarando dudas y especulaciones”, el anteproyecto de Ley de Seguridad Soberana fue enviado a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos (CJAJ) de la Asamblea, y no, como correspondía, a la de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos (CPDGDH). La razón es simple: la presidenta y el vicepresidente de la CJAJson incondicionales de Ortega. En cambio, el presidente de la segunda es el diputado Luis Callejas, del PLI, la oposición parlamentaria. Así que ni Ortega ni sus subordinados quisieron que el anteproyecto se les escapara de las manos siquiera por un instante, en las consultas que seguramente Callejas organizaría.
Fue así que los incondicionales de Ortega montaron un show que resultó de pésima calidad por los anfitriones y el papel que representaron los actores invitados, los mismos que en la iniciativa figuran como miembros del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, más un socio táctico del gobernante inconstitucional: el Cosep, al que Ortega se cuidó de incluir con varias menciones, al menos unas cuatro o cinco, en su anteproyecto, pero no con nombre propio sino con el genérico de “productores y empresarios”. ¡Claro¡ haberlo hecho hubiese sido no solo una desfachatez sino que una evidencia más de su tórrido y vergonzoso concubinato, contra natura por cierto ya que éstos son capitalistas de cepa y Ortega al menos un pretendido “socialista del siglo XXI”.
Encabezados por el Ejército, en dos días seguidos desfilaron mansamente los actores contratados por los adeptos de Ortega. Dijeron maravillas de la “Seguridad Soberana”, aunque sin tener la más mínima idea de qué significa seguridad soberana, porque hasta ahora y al parecer por siempre será uno de los enigmas esotéricosque no se resolverán y en el que se barajan, como si cartas del Tarot fuesen: fe, familia y comunidad, trabajadores, productores y empresarios bajo la égida del Ejército y la Policía. Siguiendo los guiones que les prepararon, todos elogiaron la nueva y grotesca criatura de binomio Ortega-Murillo, que no por sus deformidades deja de ser una abierta amenaza al más mínimo intento de contrariar al régimen, ya no digamos de retarlo. Pero aun así, siguiendo fielmente los libretos que les escribieron,no cesaron de glorificarla.
Y no fue por ignorancia que lo hicieron, si hubiesen podido hasta la habrían santificado.Todos estaban muy bien sabidos que de lo que se trata es de erigir en Nicaragua un Estado policíaco de “nuevo tipo”, pero reproduciendo impúdicamente los viejos modelos de Somoza con la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) y del mismo Ortega en los años 80 del siglo pasado con la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), las dos policías políticas de ambos regímenes, la una de una dictadura de derecha y la otra de una de izquierda, o supuestamente de izquierda, aunque con una notable diferencia. Ahora Ortega pretende presentarla, por hipocresía y falta de agallas, como una cofradía de “fe, familia y comunidad” tutelada por el Ejército y la Policía.
Después del desfile de subordinados y del socio, los incondicionales de Ortega miembros de la CJAJ se dieron a la difícil tarea de procesar los resultados de la consulta a fin de utilizarlos como insumos para su “dictamen”, pero lo que hicieron fue darle un ralo maquillaje que no pudo ocultar la cara represiva de la pretendida Ley de Seguridad Soberana, ¿o del “Soberano”?
Los cambios del Dictamen a la iniciativa son mínimos y cosméticos, pero uno de ellos apuntaló más las pretensiones represivas de Ortega. A los riesgos y amenazas listados en la iniciativa agregaron “conflictos”, una forma nada oculta de criminalizar, por ejemplo, la Marcha Nacional Campesina por la derogación de la ley que entregó la soberanía nacional a un “inversionista “chino, los reclamos de la población de la Mina El Limón, las protestas de los miércoles demandando elecciones libre, justas y transparentes y un Consejo Electoral probo, independiente y transparente, solo para citar tres casos recientes. Además, se definió “conflicto” a la Seguridad Soberana” como “Toda conducta humana ilegal que represente un riesgo o amenaza a la seguridad soberana”.La vaguedad de “toda conducta humana ilegal” es puerta abierta a cualquier cosa que se puedan imaginar los agentes de la Dirección de Información de la Defensa del Ejército, secretaría ejecutiva del “Sistema Nacional de Seguridad Soberana”, al que, por cierto, se le agregaron dos actores más de reparto: bomberos y estudios territoriales.
Ese fue todo el ralomaquillaje que le dieron a la iniciativa de los Ortega-Murillo, porque ¡claro!, ¿qué súbdito se atrevería corregir al “Soberano” y su consorte? Y las puertas del futuro de Nicaragua se han cerrado y se han abierto las de la represión “legalizada” y de más violaciones generalizadas a los derechos humanos de los nicaragüenses.
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*Consultor Civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática.
