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Justicia: Abuso sexual e Iglesia

4 de septiembre 2015

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El abuso sexual es una violación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que ocurre más frecuentemente en lugares que se consideran seguros para ellas y ellos, como la casa, la escuela o la iglesia. Casi siempre es cometido por una persona cercana, que aprovecha la confianza, el afecto y la autoridad para seducir, controlar y someter, siendo estos los elementos básicos de la estrategia de los abusadores sexuales.

Hay muchos mitos sobre la sexualidad, sobre el cuerpo y sobre el abuso sexual, que determinan la visión social sobre esta problemática y que incide en que se invisibilice, en que se culpabilice a las niñas, niños y particularmente a las adolescentes, quienes regularmente no son creídas cuando revelan el abuso sexual. Muchas veces las niñas, niños y adolescentes no son creídas, porque se cree más en la honorabilidad de la persona que ha abusado, lo cual también es un mito que aprovecha muy bien el abusador.


En la consulta he atendido a adolescentes a quienes se culpabiliza, por la ropa que usa y se le llama “seductora”, porque se le pregunta si no es que le gustaba lo que le hacía el abusador, porque se le condena cuando el abusador la ha seducido y la ha convencido de ser “su novio”, el que más la quiere y el que la cuida. Sin considerar que todo ello es parte de la estrategia que el abusador utiliza para abusar.

Todos estos mitos toman mayor relevancia cuando se está señalando a un sacerdote, pastor o guía espiritual, de cualquier denominación religiosa. Desde hace años he conocido de denuncias por abuso sexual de sacerdotes, de pastores religiosos, etc., personas de reconocida calidad, sensibilidad social y dedicación en la comunidad. He visto como, la comunidad misma se encarga del levantamiento de firmas para apoyar a estas personas y me refiero sobre todo a pastores, porque hasta ahora no he visto a un sacerdote llegar hasta la etapa de juicio en Nicaragua.

En Matagalpa, en San Rafael del Sur, Diriomo, Bluefields, Camoapa, ninguno de los sacerdotes que han sido denunciados por abuso sexual, han sido llevados hasta el final del proceso judicial. Siempre me pregunto: ¿Cuál es la condición por la cual hay tanta protección para ellos?

Y la protección para estos sacerdotes no solo ha sido por parte de la Iglesia, ha sido también por parte de las autoridades encargadas de la Ruta Judicial, particularmente la Policía Nacional; pues no ha habido juicio y menos aun la declaratoria de culpabilidad, a pesar de haber suficientes pruebas para demostrarlo.

En Masaya, transcurrieron nueve meses para que por primera vez, se iniciara el proceso judicial contra el sacerdote Alejandro Martínez Chavarría y se emitiera orden de captura el 25 de agosto del corriente, por la violación agravada contra una niña, desde que contaba 13 años, que además ha tenido como secuela un embarazo forzado y ahora vive una maternidad forzada, comprobada además, la paternidad del sacerdote Martínez Chavarría, con el ADN que practicó el Instituto de Medicina Legal.

En el Movimiento contra el abuso sexual y desde la Asociación de Mujeres Axayacatl en Masaya, hemos apoyado a la familia y a la niña. Hemos visto como el padre y la madre acudía casi diario durante estos meses, a la Policía y a la Fiscalía Departamental de Masaya, sin obtener respuesta. Buscaron el apoyo del Cardenal Leopoldo Brenes y del Señor Nuncio Fortunatus Nwachukwu. Verdaderamente una labor titánica de esta madre y padre en busca de acceso a la justicia para su hija. Sin obtener respuesta.

Desde el Movimiento enviamos una carta a la Conferencia Episcopal de Nicaragua el 22 de abril de este año, solicitando abrir una comunicación para abordar esta y otras denuncias de abuso sexual que hemos conocido, en las que se señala a sacerdotes y hasta ahora tampoco tenemos respuesta. De parte de la Iglesia Católica se dijo públicamente, en marzo de este año, que el sacerdote Alejandro Martínez Chavarría se encontraba en retiro espiritual. Hasta el momento no sabemos dónde se encuentra.

Ahora hay una orden de captura y en el MCAS estamos esperando que la Policía Nacional cumpla con su responsabilidad en el cumplimiento de dicha orden; para tal efecto también esperamos que la Iglesia Católica no trate de proteger a esta persona que, luego de abusar de esta niña, puede volver a hacerlo con otras mientras tenga oportunidad y protección. Él es un delincuente y como tal debe ser procesado por los delitos cometidos.

En medio de una situación tan dolorosa, tan dura para una chavala y su familia, esto puede ser visto también como una oportunidad, para llevar adelante el proceso judicial contra Alejandro Martínez Chavarría hasta el final y se muestre que se hace justicia sea quien sea el que comete el delito; para que la Iglesia no asuma una posición de protección al sacerdote abusador manteniéndolo en retiro; para que todo esto sea bajo la consideración de la responsabilidad de protección de niñas, niños y adolescentes que las instituciones y las personas jóvenes y adultas debemos asumir.

Al respecto, el Papa Francisco se ha pronunciado y enviado carta a las Conferencias Episcopales el 15 de febrero del 2015, expresando:

“Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos, y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, porque es una casa segura. Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea, como, por ejemplo, el deseo de evitar el escándalo, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores.

También se debe vigilar atentamente que se cumpla plenamente la circular emanada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 3 de mayo de 2011.”

En el encabezado de la circular antes mencionada por el Papa Francisco, se expresa lo siguiente:
“Subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero

Entre las importantes responsabilidades del Obispo diocesano para asegurar el bien común de los fieles y, especialmente, la protección de los niños y de los jóvenes, está el deber de dar una respuesta adecuada a los eventuales casos de abuso sexual de menores cometidos en su Diócesis por parte del clero. Dicha respuesta conlleva instituir procedimientos adecuados tanto para asistir a las víctimas de tales abusos como para la formación de la comunidad eclesial en vista de la protección de los menores. En ella se deberá implementar la aplicación del derecho canónico en la materia y, al mismo tiempo, se deberán tener en cuenta las disposiciones de las leyes civiles”.

Es necesario entonces, que la Policía Nacional proceda a hacer efectiva esta orden de captura contra Alejandro Martínez Chavarría y que las autoridades de la Iglesia Católica pongan a la orden el lugar donde está residiendo este sacerdote.

Dejar de hacerlo para ambas instituciones implica que no están cumpliendo con su responsabilidad de protección a las niñas, niños y adolescentes; que están contribuyendo a la impunidad y que están favoreciendo la oportunidad para que este sacerdote continúe abusando de otras niñas.


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Lorna Norori

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