Opinion

Innovación sanitaria para todos

El objetivo debe ser brindar un acceso oportuno y equitativo a vacunas, tratamientos terapéuticos, diagnóstico y suministros esenciales en todas partes

A pesar de los múltiples avances tecnológicos en la lucha para controlar el covid-19, en 2021 murió el doble de gente como consecuencia del virus que en 2020. La variante ómicron es un triste recordatorio de que las vacunas efectivas son apenas el primer paso para derrotar a la pandemia. Hasta que no establezcamos un proceso para fabricar vacunas en escala y distribuirlas donde sean necesarias, no tendremos la capacidad colectiva para frenar esta pandemia o alguna otra futura.

La vergonzosa desigualdad en la distribución global de vacunas demuestra que no podemos depender únicamente de monopolios, imperativos comerciales y esfuerzos de beneficencia si queremos alcanzar el objetivo de “Salud para Todos” de la Organización Mundial de la Salud. Como concluye el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta a la Pandemia de la OMS, necesitamos un sistema de innovación integral, coordinado a nivel global, en el que las reglas de propiedad intelectual (PI) y las políticas fiscales estén destinadas a respaldar la colaboración entre los sectores público y privado. La cantidad y calidad del financiamiento deben reestructurarse en torno al objetivo primordial de brindar tecnologías sanitarias esenciales como un bien común global.

El valor en la innovación sanitaria es creado por muchos participantes, entre ellos instituciones de investigación, corporaciones, gobiernos, organizaciones internacionales, filantropías, científicos y participantes de ensayos. Los frutos de este trabajo colectivo no deberían estar exclusivamente en manos de las compañías farmacéuticas cuya principal prioridad es maximizar los retornos de los accionistas. Este modelo extractivo ha prolongado la pandemia y ha socavado la recuperación económica.

El valor creado colectivamente debe ser gobernado colectivamente. Y las vacunas contra el covid-19 deberían considerarse “Vacunas del Pueblo”, como han dicho muchos académicos y líderes políticos eminentes. Estas vacunas contaron con un financiamiento público sin precedentes, pero siguen en gran medida bajo el control exclusivo de monopolios privados.

Un puñado de países adinerados han una propuesta ampliamente respaldada en la Organización Mundial de Comercio para eliminar las protecciones de PI para tecnologías relacionadas con la pandemia, colocando efectivamente los intereses de las corporaciones farmacéuticas por delante de la equidad y la solidaridad sanitaria global. Debemos garantizar que las vacunas futuras contra la variante ómicron –desarrolladas mediante datos de secuenciación genética que investigadores sudafricanos compartieron abiertamente- sean accesibles para todos.

Con ese objetivo, no podemos seguir corrigiendo simplemente las fallas del mercado a través de donaciones, mecanismos de intercambio voluntario como el Protocolo de Acceso a Tecnología contra el covid-19 (C-TAP) o licencias voluntarias restrictivas. Debemos ir más allá de reparaciones marginales e imaginar un nuevo sistema de innovación sanitaria, tal como fuera diseñado por el Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la OMS.

Primero y principal, esto significa abordar las desigualdades globales que existen hoy en materia de capacidades e infraestructuras de innovación fomentando las redes de innovación locales y regionales y los esfuerzos de construcción de capacidades dirigidos a países de ingresos bajos y medios. La tecnología y el know-how deben compartirse para corregir las disparidades históricas generadas por la aplicación general de derechos de PI, que ha favorecido sistemáticamente a quienes cuentan con capacidad tecnológica existente. Debemos promover una ciencia abierta, la inteligencia colectiva y el intercambio de datos de salud pública, garantizando al mismo tiempo que la información no se utilice para fines extractivos o disciplinarios.

Segundo, debe destinarse un financiamiento estratégico de largo plazo a la construcción de sistemas integrales de innovación sanitaria gobernados con el objetivo de brindar bienes comunes. La mayor parte de la innovación sanitaria está sustentada por una amplia inversión pública –ya sea de manera directa o protegiendo la inversión privada- de la cual debería beneficiarse la población. El financiamiento público debe venir con condicionalidades para garantizar una amplia disponibilidad, precios justos, transparencia e intercambio de tecnología. Y como las finanzas públicas también desempeñan un papel crítico en la innovación sanitaria, deberían utilizarse las condicionalidades, las regulaciones y los incentivos para forjar alianzas público-privadas simbióticas, y para alinear las inversiones privadas con el objetivo de Salud para Todos.

Tercero, las tecnologías sanitarias críticas deben considerarse parte de un bien común global en lugar del derecho exclusivo de monopolios de PI privados. Las patentes deberían cubrir sólo aquellas innovaciones que son fundamentalmente nuevas y útiles. Para evitar la privatización de las herramientas de investigación, los procesos y las plataformas tecnológicas, las patentes deberían centrarse en las invenciones transformadoras, y deberían poder licenciarse rápidamente, con el compromiso de compartir tecnología y conocimiento para facilitar una innovación continua, que era la intención original de la ley de patentes. Estos cambios requieren una revisión minuciosa de las reglas de patentes y su aplicación. El actual debate sobre la exención de la PI de la OMS debe ser visto en este contexto más amplio.

Finalmente, las juntas y los inversores de las compañías farmacéuticas tienen un rol que desempeñar en la transformación de este modelo fallido. De la misma manera que los inversores exigen una acción frente al cambio climático, también pueden exigir que las empresas asignen una alta prioridad a un acceso equitativo y a una mayor distribución de la tecnología. También pueden exigir modelos de gobernanza corporativa que compartan valor de manera justa entre todas las partes interesadas, no sólo los accionistas. Esta acción podría traducirse en un mandato para centrarse en las necesidades de salud pública durante las crisis, y limitar o rechazar las recompras de acciones (especialmente en el caso de empresas que se benefician de la investigación financiada con recursos públicos).

Se nos está acabando el tiempo. Para hacer frente a la pandemia del covid-19 y otras crisis sanitarias futuras será necesario adoptar una estrategia holística y global para gobernar la innovación sanitaria. El objetivo debe ser brindar un acceso oportuno y equitativo a vacunas, tratamientos terapéuticos, diagnóstico y suministros esenciales en todas partes, no proteger las ganancias de los monopolios.

* Texto original publicado en Project Syndicate


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