Hay que forzar la renuncia de Ortega y Murillo

Que el sector privado podría hacer más en pro de la lucha por la libertad, la justicia y la democracia de Nicaragua está en boca de todos y todas las nicaragüenses. No es ninguna sorpresa escucharlo día a día en las calles o las redes sociales. ¿Pero a qué sector privado se le está exigiendo que sea más beligerante? ¿Acaso hablamos del sector privado como un aparato donde los posicionamientos son homogéneos?

Más allá de lo evidente, el sector privado organizado es más como un campo de posiciones de fuerza en donde, en determinación del capital económico que detentan, los agentes disputan el poder en torno a sus visiones e intereses económicos y políticos. Incluso algunos no entran a la disputa por estar muy arriba de los demás agentes económicos. Por tanto, no es lo mismo hablar del sector privado que encarnan los delegados de cámaras empresariales pertenecientes a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) que de los consejeros del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), es decir, del gran capital.

Aunque interrelacionados conformando un solo bloque, los posicionamientos políticos son diversos y, no hay duda, que algunos detentan visiones más apegadas a las exigencias de las grandes mayorías del pueblo nicaragüense en torno a la solución a la crisis sociopolítica y de violación sistemática a los derechos humanos.

Dicho lo anterior, podemos responder a las primeras preguntas planteadas. Creo que le estamos exigiendo más beligerancia a las fracciones equivocadas. Es importante reconocer que quienes tienen la última palabra en las decisiones en torno a si presionar directamente a Ortega para que abra un proceso de negociación o hacer un llamamiento a paro nacional son los consejeros del COSEP. Es a ellos a quienes las fuerzas democráticas organizadas del pueblo deben exigir se “bajen” de sus lugares, y dialoguen con los que jamás han dialogado: el pueblo de Nicaragua.

Hay que ir al ritmo del pueblo o el colapso nos espera

Hay una gran diferencia entre el sector privado, de manera paradigmática entre el gran capital, y los demás sectores que conforman el ahora "bloque democrático". Para los consejeros del COSEP  Ortega y Murillo es un factor complejo. Por un lado, es un factor de inestabilidad para sus negocios en el corto plazo, dado que la crisis sociopolítica  y la violación de derechos humanos ha destruido la confianza de los agentes económicos  y creado una crisis en el clima de inversiones. Por otro lado, sigue siendo el “hombre fuerte”, un factor de estabilidad a futuro frente al vacío de poder y autoridad que podría generar la renuncia de los autócratas producto de un levantamiento popular. EE. UU. también lo piensa. Para los demás nicaragüenses Ortega y Murillo es, de manera cruda, factor de desestabilización y de incertidumbre, de secuestro de su futuro.

De esta manera, se podría decir, en términos de Guillermo Odonnell y Philippe Schmitter, expertos en transición democrática, que este sector privado, cuya última palabra la tienen los grandes capitales o dichos consejeros, son la fracción reformista del viejo régimen orteguista, con afán de cambio, pero no al ritmo del pueblo.

Los consejeros del COSEP y el embajador Sullivan deben entender que Ortega y Murillo se han convertido en el mayor obstáculo y peligro para el bienestar de las familias y comunidades de Nicaragua, y que la negociación que ha aceptado aperturar Ortega como "autócrata benevolente" ha tenido el objetivo de que la posición de EE. UU. en torno a las sanciones se "piense mejor", alargando el proceso mientras no construye acuerdos políticos con su contraparte la ACJD, precisamente porque no hacerlo, y tratar de perpetuarse en el poder a través de la fuerza represiva, es garantía para su seguridad, la de su familia y su círculo de poder más cercano.

Ortega y Murillo saben que el destino los puede situar en algún tribunal para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, tal y como ha categorizado la matanza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Por tanto, con actores políticos de esta naturaleza no se puede negociar, no solo porque carezcan de legitimidad sino porque tienen la “soga al cuello”, dispuestos a que todo el país se hunda con ellos.

A Ortega y Murillo hay forzarlos a que renuncien de su cargo

Así las cosas, los Consejeros del COSEP, el embajador Sullivan y EE. UU. deben de reconocerlo y presionar al actor que detenta, en última instancia, el poder real en el campo político nicaragüense: el ejército, para que dé un ultimátum a los que encarnan la dictadura a dejar el poder, ofreciéndoles mínimos de garantías.  Si este proceso se alarga, el colapso - tal como diría el COSEP- sería inminente, no solo por los autócratas, sino también por la incapacidad de los grandes capitales de leer este momento histórico.

De igual forma, y de manera paralela, dichos consejeros deben llevar a cabo las acciones necesarias, en relación con su representación en la ACJD, para que, la exigencia más urgente de todos y todas las nicaragüenses, se haga realidad en detrimento de la voluntad de Ortega y Murillo: la liberación de todos los presos políticos. Por tanto, es fundamental que, de manera estratégica, se haga un llamado urgente a paro nacional cuántos días sean necesarios hasta que se liberen los presos y presas políticas contabilizadas por el comité de presos políticos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si el sector privado quiere pasar de ser fracción reformista del viejo régimen orteguista a fuerza democrática capaz de accionar para cambiar la correlación de fuerzas en el ámbito interno o nacional, debe articularse con el ritmo de la calle; con las exigencias del comité de presos políticos y la Asociación de Madres de Abril (AMA), y con el grito del todo el pueblo que exige libertad, justicia y democracia.

¿Cuál es la ruta?

La única solución es la renuncia de Ortega y la conformación de un gobierno de transición, según lo que establece la constitución de la república, e inmediatamente la apertura a un Diálogo Nacional  entre las fuerzas democráticas organizadas del Pueblo y una delegación seria del gobierno del FSLN sin Ortega y Murillo, que, en acompañamiento de garantes internacionales, funcione como marco no institucional y extraordinario de cogestión del poder político, esto es, para la gobernabilidad y la transición democrática con justicia.

Dicho Diálogo debe tener como fin dar por terminado el proceso de liberación de todos y todas las presas políticas y la anulación de sus juicios, la implementación de reformas electorales en apoyo de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el acuerdo sobre la celebración de elecciones anticipadas  libres, transparentes y observables en el menor tiempo posible, así como la conformación de una verdadera comisión de la verdad integrada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Unidad Nacional Azul y Blanco y todas las expresiones que conforman las fuerzas democráticas organizadas del pueblo deben empujar a qué termine de nacer el sector privado organizado que nos merecemos como sociedad nicaragüense, y dejar de ser complacientes, así como lo hemos sido algunos estudiantes, dejando fuera de la narrativa de la transición la gran responsabilidad que debería de tener el gran capital por haber capturado el Estado y sus instituciones por tanto años.

El restablecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, y el que se haga justicia para las víctimas asesinadas por la dictadura, depende mucho de su actuación. Ahora es el momento.

*Estudiante de Sociología. Miembro del primer Diálogo Nacional.