Opinion

Hace falta cambiar de estrategia para enfrentar la pandemia de COVID-19

Quienes formularon las políticas públicas en Salud son los responsables directos de lo que podría considerarse la mayor debacle en Salud del país

La respuesta irreflexiva e irracional ante la covid-19 continúa causando dolor y fallecimientos innecesariamente con el rebrote del virus que actualmente azota a Nicaragua.  A pesar del optimismo generado por el inicio de la vacunación, a la fecha no se alcanza ni al 3% de la población. Y en la práctica difícilmente se podrá vacunar al 80%, que es el umbral necesario para disminuir drásticamente la amenaza del virus. La vacunación rezagada, insuficiente y politizada, junto a los rebrotes de las nuevas variantes del virus significa que, mientras no se modifique la estrategia, nuestras vidas seguirán en la cuerda floja y el virus continuará infectando y transmitiéndose interminablemente.

Las razones del desastre

Una serie de desaciertos convirtieron a Nicaragua en el país más atípico y discordante de las estrategias frente a la pandemia implementadas a nivel mundial. En vez de reducir decididamente la tasa de transmisión del virus, se consintió que el virus se propagara sin control.

Las autoridades se negaron a organizar un plan exhaustivo de pruebas de detección, a pesar de que la identificación temprana de casos, la localización de sus contactos y su puesta en cuarentena, se consideran las medidas de salud pública más eficaces para reducir la propagación del virus. Las pocas pruebas están limitadas a pacientes con síntomas de la enfermedad, excluyendo a los asintomáticos que, como se sabe, también pueden ser contagiosos, una omisión que ha entorpecido controlar oportunamente la difusión del virus.

Los datos oficiales sesgados o la ausencia de datos verdaderos, el secretismo y la falta de transparencia sobre el estado de la pandemia limitaron seriamente la capacidad de respuesta del sector Salud. Las estadísticas carecen de credibilidad por no corresponderse con la realidad y porque las cifras se fabrican para aparentar que la situación está bajo control.

Estas y otras torpezas quedaron reglamentadas como políticas públicas en el llamado Libro Blanco sobre el COVID-19, publicado en pleno apogeo del primer gran brote de coronavirus y que sirvió para estigmatizar y excluir a las voces críticas.  El Gobierno acogió la inmunidad colectiva o “de rebaño” como estrategia de salud.  Por eso, mientras en todo el mundo se cancelaban todos los eventos públicos, en Nicaragua se fomentaban eventos multitudinarios como buscando contagiar aceleradamente a toda la población.

La inmunidad colectiva consiste en la protección inmune indirecta contra un patógeno, la que se alcanza después de que la mayor parte de una población ha sufrido la enfermedad.  Pero la comunidad científica y la OMS han advertido que la estrategia de inmunidad de rebaño frente a la pandemia de COVID-19 es científicamente y éticamente inaceptable porque implica permitir que sucedan más infecciones, sufrimiento y muertes innecesariamente. Por eso la inmunidad colectiva contra la covid-19 solo debería lograrse protegiendo a las personas vulnerables mediante la vacunación y nunca exponiéndolas al virus como se hizo en Nicaragua.

Lo ocurrido en Nicaragua quizás represente el único experimento macabro de exposición de todo un país a un patógeno infeccioso de manera deliberada. Nunca antes en la historia de la salud pública ningún país había promovido la inmunidad de rebaño como estrategia para combatir un brote y mucho menos una pandemia tan devastadora. Esa exposición al virus de forma premeditada y cruel ha causado demasiado sufrimiento en Nicaragua. Solo en los primeros diez meses de pandemia ya habían ocurrido cerca de diez mil fallecimientos, según datos de sobremortalidad recogidos por el doctor Carlos Hernández del Comité Científico Multidisciplinario.  Por otra parte, el sector Salud, en la primera línea de batalla, ha sido fuertemente golpeado por el manejo irresponsable de la pandemia y el daño a la institucionalidad fue profundo, degradando a las instituciones de Salud esenciales en cualquier epidemia como el CNDR.

Cambiar las políticas públicas en Salud

No menos importante son los graves problemas estructurales en la toma de decisiones.  Aprendiendo de la deplorable experiencia, en materia de políticas en Salud, se deberían considerar los siguientes asuntos en el segundo año de pandemia:

  • Procurar la inmunidad individual y colectiva mediante un proceso ágil y eficiente de vacunación masiva para lo cual existe financiamiento internacional y desistir de su política negligente de contagio intencionado mediante eventos masivos.
  • Implementar un plan de muestreo exhaustivo que incluya vigilancia genómica del virus, modificar los métodos de prevención y control, y cumplir con las recomendaciones de la OMS.
  • Mientras dure la pandemia habrá que mantener y reforzar las medidas de higiene, prevención y distanciamiento físico.
  • Promover que las decisiones se tomen no por intereses políticos sino fundamentadas en criterios médicos y del mayor avance científico.
  • Cumplir los compromisos asumidos con los donantes. La OPS, que ha visto disminuida su autoridad y capacidad de influencia, debería auditar y supervisar todo lo referente a la pandemia, evitando ineficiencias y desvío de fondos.
  • Informar las cifras reales sobre el estado de la pandemia y garantizar el acceso a la información pública.
  • El poder autoritario e intolerante impide la participación de actores claves, dando lugar a políticas sectarias, descoordinadas e ineficientes. El bloqueo de iniciativas privadas o de las organizaciones no gubernamentales en los territorios disminuyó enormemente la capacidad de respuesta frente la covid-19.
  • Alentar un debate transparente sobre la pandemia y su impacto, recogiendo el consejo de los expertos y de las asociaciones médicas y científicas.

Quienes formularon las políticas públicas en Salud son los responsables directos de lo que podría considerarse la mayor debacle en Salud de la historia nacional. No se trata únicamente de incompetencia de las personas al mando sino también de actuaciones irresponsables. Ha quedado demostrado que las malas decisiones cuestan vidas y que la atención de futuras emergencias no debería quedar en manos de las mismas personas.

*El autor Jorge A. Huete-Pérez, PhD., biólogo molecular


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