Opinion

¿Fueron traidores a la patria los sacerdotes Cardenal y D´Escoto?

En 1976 y 1979 denunciaron ante el Congreso de Estados Unidos y la OEA a una dictadura criminal y corrupta, y el FSLN los consideró “patriotas"

Los sacerdotes Fernando Cardenal y Miguel D´Escoto Brockmann, el primero en junio de 1976, y el segundo en junio de 1979, estuvieron en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, y en la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciando las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

Cuarenta años después, emulando a Cardenal y a D´Escoto, precandidatos presidenciales y otros líderes opositores a la dictadura Ortega-Murillo, han estado denunciando sistemáticamente dentro y fuera del país las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen, pero a los primeros el FSLN los glorificó, y a los segundos los acusa de “traición a la patria” y los tiene encarcelados tras gravísimas violaciones al debido proceso y a todos sus derechos.

Invitado por la Washington Office of Latin America, Fernando Cardenal compareció en 1976 ante el Congreso de los EE. UU., donde, basado en una pormenorizada documentación, denunció en detalle las torturas y atrocidades cometidas por la Guardia Nacional somocista y en particular por 20 oficiales de alto rango de la GN que actuaban sistemáticamente como torturadores.

El entonces canciller panameño Juan Antonio Tack cedió en 1979 la silla de Panamá en la OEA a Miguel D´Escoto Brockman en una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y este denunció la barbarie somocista. La resolución de esta sesión fue pedirle al dictador Somoza que renunciara a la presidencia de Nicaragua y que abandonara el país.

¿Se debe aplicar el mismo rasero para juzgar ambas actuaciones, la de ayer y la de hoy? Un hecho responde a esta pregunta: en ambos casos se trata de denuncias a una dictadura sangrienta y corrupta de las que existe abundante documentación sobre sus violaciones y atrocidades a los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

En el caso de los Ortega-Murillo, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) recolectaron pruebas sobre la masacre que cometieron contra el pueblo nicaragüense tras la orden de “¡Vamos con todo!”. Después el Grupo Internacional de Expertos Interdisciplinarios (GIEI), realizó una mayor y más rigurosa labor de sistematización de las atrocidades de la dictadura y organizó videos, fotografías y textos que constituyen un archivo inapreciable de pruebas para juzgar a los tiranos por delitos de lesa humanidad.

Para el orteguismo, los que denunciaron a Somoza son patriotas y los que lo han estado exponiendo son traidores a la patria. Para el dictador derrocado en 1979, seguramente Cardenal y D´Escoto también eran traidores a la patria, pues son casos idénticos en que ambos déspotas fueron cuestionados por su barbarie, por su desprecio a la condición humana.

Desde la perspectiva que usó el FSLN para valorar las acciones de Cardenal y de D´Escoto, los precandidatos presidenciales y los otros líderes azul y blanco que mantiene tras las rejas, deben ser considerados como unos patriotas que han actuado en defensa del pueblo nicaragüense agredido sin límites por un régimen criminal que ha cruzado casi todas las luces rojas posibles.

Ante iguales actuaciones, la dictadura inventa otra manera de juzgar las acciones, porque esta vez las denuncias son contra ella que, inexplicablemente, después de ser los libertadores del pueblo nicaragüense, se convirtieron en sus terribles opresores e incluso han superado al propio Anastasio Somoza Debayle.

El otro argumento fundamental que la dictadura prefiere ignorar en su discurso propagandístico dirigido a sus escasos seguidores, es que sistemáticamente ha estado violando la Constitución de la República y ha roto por completo el orden constitucional, llevándose de paso de esta manera la legislación internacional que tiene la obligación de cumplir, y por lo cual le reclaman otros Estados.

Es decir, los 26 países que en la reciente sesión de la OEA llamaron al orden a los Ortega-Murillo, no son “intervencionistas” como dice la dictadura, tampoco la ONU ni la Unión Europea, sino que estos le reclaman por su sistemática ruptura del orden jurídico internacional que han suscrito y que han irrespetado de una manera espantosa.

 



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