17 de marzo 2016
AA
Estando involucrado en núcleos de investigación sobre política brasileña, siempre lidié bien con la recurrente amenaza “Brasil no es para amadores”. Ocurre que viniendo yo de un país con un historial político bastante complejo como el de Nicaragua, no se me hizo del todo imposible entender lo básico de la joven democracia verde-amarela y su trayectoria post-dictatorial.
Pero el aceleradísimo avance de la operación Lava Jato – que investiga un esquema de corrupción en la estatal Petrobras – en las últimas semanas y su momento cumbre en las manifestaciones (alrededor de tres millones en más de siete ciudades) del domingo 13 de marzo exigiendo la salida de la presidenta Dilma Rousseff, alborotaron cualquier cosa que pudiera entender sobre el curso democrático y el peso de las movilizaciones callejeras en el gigante latinoamericano.
Es prácticamente imposible explicar en un solo artículo la complejidad del actual escenario que quedó instaurado en Brasil a partir de esta semana. Y más aún, a la velocidad de los acontecimientos que no dan tregua desde el 4 de marzo, cuando el ex presidente Lula fue obligado a declarar ante la Policía Federal – en una controversial operación policíaca- y sobre quien aún pesa un pedido de prisión preventiva.
Es por ello que surgen incontables preguntas para los observadores externos ¿Qué hay detrás de la movilización del domingo? ¿Es factible pensar en la caída de la presidenta Rousseff, tras casi 12 años continuos de la presidencia petista? ¿Quiénes ganan con la salida de Dilma? ¿Cuál es el futuro del PT frente a una posible prisión de Lula y salida del gobierno? ¿Cuál es la consecuencia de todo este proceso para el futuro democrático de Brasil?
El origen de la crisis
Para comenzar, es necesario tomar en cuenta que la operación Lava Jato escudriña sobre una red de corrupción basada en un esquema de sobornos que grandes empresas constructoras pagaron para participar en obras de ingeniería licitadas por Petrobras.
Se sospecha que estos fondos entraron irregularmente a los partidos aliados al gobierno en el Congreso (incluyendo al PT, PMDB y PP), así como se refuerzan las acusaciones de que las contribuciones de estas constructoras a la oposición “tucana” (PSDB) y el PSB – que dejó la alianza con Dilma en 2014 – también procedieron de este mismo esquema. Según datos del Tribunal Electoral, por ejemplo, las constructoras transfirieron a la campaña electoral de Rousseff (PT) y de Aecio Neves (PSDB) en 2014, un aproximado de 98,8 millones de reais (poco más de 27 millones de dólares) como donaciones. Es por ello que el Tribunal Supremo prohibió en 2015, por primera vez, las donaciones de empresas privadas a futuras campañas electorales.
La situación aquí complica aún más para el PT, no sólo por el papel que Rousseff desempeñó como presidenta del Consejo Administrativo de Petrobras entre 2003 y 2010, sino además por la caracterización de las dos administraciones Lula en ese mismo período. El PT asumió el Gobierno Federal por primera vez en 2003, enfrentando la ojeriza de la élite tradicional que no parecería dispuesta a perder los privilegios alcanzados en las anteriores administraciones “tucanas”.
Lula sólo consiguió aniquilar los nervios del mercado al comprometerse a mantener los pilares de la política económica heredada por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) a través de la Carta a los Brasileños previo a las elecciones de 2002. En ese año, con miedo de Lula, hubo una salida significativa de recursos del país, lo que llevó a una devaluación del real y aumento de la inflación.
Fue por ello que Lula ejerció un gobierno altamente pragmático al punto de amainar los recelos del mercado, pero tropezando con los esquemas de corrupción ya instituidos en el sistema político. Por causa de su minoría en el Congreso, el pragmatismo petista lo conllevó a transar para mantener sus aliados en el Legislativo a base de pagos y prebendas, sin tener la capacidad necesaria para liderar una reforma política profunda, cuya demanda sigue siendo la bandera de los sectores progresistas del país para combatir la corrupción y separar los intereses privados de los públicos.
Pero en paralelo, el PT también ha obtenido innegables conquistas sociales. Según un informe del Banco Mundial, entre 2001 y 2013, cerca de 36 millones de brasileños consiguieron salir de la pobreza extrema, mientras el gobierno continúa priorizando el Bolsa Familia como su programa más emblemático que ha hecho la diferencia en familias empobrecidas del norte y nordeste. Adjunto a importantes avances sociales, hoy en día Brasil disfruta de algunos derechos como el aborto por anencefalia y el casamiento igualitario, ambos reconocidos por el Tribunal Supremo, aunque no en forma de ley, debido a la obstaculización de estas pautas en el Congreso.
De hecho, es en este último espacio donde se traba una de las mayores disputas políticas del petismo. El problema no es que el PT sea minoritario en el Congreso, sino que debe legislar en alianza con el PMDB, partido con nulo compromiso ideológico con los programas petistas, pero que está al frente de las dos cámaras (Congreso y Senado) que deberán decidir sobre el impeachment de Dilma. Es en esta arena donde Eduardo Cunha (PMDB), Presidente del Congreso y uno de los más emblemáticos legisladores anti-feministas (ya llegó a proponer que se criminalice el aborto en caso de violaciones y se niegue la atención de la red pública a mujeres abusadas) sabe jugar cómodamente para complicar el futuro gobiernista.
Los mensajes de las calles
Considerando todo ese engranaje político institucional, las calles y por consecuencia la opinión pública son por ahora uno de los principales palcos donde se decidirá el futuro del PT. Las movilizaciones multitudinarias del domingo fueron sin duda estimuladas por la rapidez con que la Policía Federal y los promotores actuaron contra Lula. Dieron discurso y bandera a la multitud, en su mayoría de clase media y alta, que ya desde hace un par de años viene demandando la salida del petismo.
Según estimaciones de Folha de Sao. Paulo, se trata de los mismos manifestantes que en marzo de 2015 salieron a rechazar la reelección de Dilma. Para ese entonces, colocaron en las calles un discurso contra la corrupción y a favor de la ética en la política, pero conjugado con mantas que evocaban el regreso a la dictadura militar, el rechazo a todo lo que apenas oliera a izquierda (ni Paulo Freire se salvó de algunas ofensas) y un repudio al color rojo que distingue la bandera del PT. Fue tragicómico ver en marzo del año pasado en televisión nacional a un joven agredido por los manifestantes por apenas haber tenido la idea de pasear sobre la Avenida Paulista vistiendo una camiseta roja.
Si el perfil socioeconómico de los manifestantes continúa siendo el mismo, lo que parece diferenciar a la manifestación de este domingo con relación a las anteriores, fueron sus pautas levemente heterogéneas y con menos peso ideológico. Por esta ocasión, el PT no fue el único foco – aunque sigue siendo el principal personaje – de las acusaciones por corrupción, dividiendo el deshonroso palco con sus pares partidarios del PMDB (principalmente) y PSDB. Los tucanos Geraldo Alckmin, Gobernador del estado de Sao Paulo y el ex candidato Neves no pudieron, por ejemplo, permanecer más que 20 minutos en la marcha, al ser hostilizados por algunos manifestantes.
Aparentemente, poco a poco comienza a perfilarse aquel atractivo, pero peligroso apelo de “que se vayan todos” característico de algunas protestas latinoamericanas y europeas que conocimos entre 2001 y 2011 Sólo que el actual contexto brasileño parece no permitirse el lujo de desmontar completamente su aparataje institucional político, sin antes haber pactado con las instituciones de la sociedad civil un nuevo andamiaje que incorpore los anhelos de la consolidación democrática tan presente hoy en día. No es sólo el peligro de arrojar el agua de la bañera con el bebé dentro, sino que este bebé sigue siendo el hijo único.
Sólo resta saber hasta qué punto el PT y sus apoyadores conseguirán responder de manera expresiva en las calles, con la marcha ya convocada para este viernes 18 de marzo en respaldo a Lula y contra el impeachment de Dilma. Menudo desafío para un partido tallado a pulso de movilizaciones callejeras desde los últimos años de la dictadura militar, sin contar sus conexiones (aunque tensas) con algunos movimientos y sectores progresistas del escenario brasileiro.
Los desafíos inmediatos para una salida…a la izquierda
El mayor problema es que las calles no son el único desafío, ni el más complejo. El primer desafío será, sin duda, mantener las conquistas sociales alcanzadas. Los movimientos más progresistas optarían por dar la lucha para evitar que un nuevo gobierno desmonte toda la red de protección social que sigue moviendo algunos indicadores en las áreas más empobrecidas y revierta los derechos obtenidos en materia de educación, política racial, género e identidad sexual.
La reforma política que aleje los intereses privados del campo político parece ser una segunda apuesta concreta. El esquema de corrupción que ha puesto en jaque al gobierno petista está sustentado sobre la base de una práctica de empresarios que deciden y mueven las piezas del escenario político, cuyo espacio empieza a ser cada vez más dominado por sectores religiosos, y principalmente, evangélicos. Pero será una reforma que no extinga todo el andamiaje institucional ya construido, sino que sea capaz de democratizarlo y abrirlo cada vez más a la influencia de movimientos populares, tradicionalmente marginados de las decisiones políticas.
Y finalmente colocar una visión ambientalmente sostenible en el corazón de las estrategias de desarrollo. Los movimientos ambientales terminaron por resentir la ausencia de un enfoque de sostenibilidad en los planes de inversión en infraestructura por las administraciones petistas, no sólo fracturando el diálogo estado – sociedad civil, sino priorizando la cultura predatoria de constructoras y de emprendimientos que mantienen inflado el mercado inmobiliario.
Claro que concretizar estas apuestas dependerá de quiénes son los actores partidarios que terminen “lucrando” con la crisis. Y a juzgar por el curso de la situación y las posiciones de los aliados PMDB (listos a decidir por una ruptura con el PT) y el dominio que mantienen sobre ambas cámaras, el escenario no parece ser muy alentador en términos de una negociación que preserve las conquistas sociales en los términos demandados por los movimientos progresistas. Es eso lo que está en juego en medio de esta crisis y estaríamos a la espera de nuevos giros en todo el enmarañado de acuerdos políticos que decidan el futuro del país con una salida que se perfila eminentemente conservadora. Es como siempre he querido convencerme, Brasil no es para amadores.
*Politólogo nicaragüense. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Campinas (UNICAMP) en São Paulo, especialista en el área de activismo, movimientos sociales y partidos políticos.
