2 de marzo 2021
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Los nicaragüenses en el exterior con más de 750 000 residiendo afuera son una población emblemática de la historia del país, una historia de exclusión y expulsión. Son una población esparcida en más de diez países con raíces en el exterior desde los últimos 50 años y han contribuido a la sostenibilidad económica de una sociedad bastante frágil.
En términos reales, en un país de 1.7 millones de hogares, el 40% de ellos tiene a alguien viviendo en el exterior como Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá. A pesar de contribuir a la economía del país, los nicaragüenses no tienen habilitado el derecho al voto, no solo son producto de la expulsión, pero también son excluidos de la participación política y ciudadana que está legalmente garantizada. Su inclusión es un tema de agenda electoral y de interés nacional.
La expulsión de sus ciudadanos después de las crisis políticas
La historia migratoria de Nicaragua data de más de cien años, sin embargo, el crecimiento gradual se remonta desde los años setenta y adopta salidas abruptas después de cada crisis económica o política que excluye y expulsa a sus ciudadanos.
Después del terremoto de 1972 hay una salida de más de 10 000 personas hacia Costa Rica como resultado del desastre mismo y por la corrupción resultante del apoyo en la reconstrucción durante la dictadura somocista.
Esa salida se empalma ya a fines de los setenta con una nueva ola migratoria que se produce durante la guerra civil por derrocar al somocismo. Militantes y opositores a la dictadura salen del país, se refugian, entrenan, preparan para derrocar al régimen.
Pero es durante el pleno de la revolución sandinista en los ochenta que otra oleada, causada por los abusos del sandinismo, da lugar a más de 300 000 nicaragüenses saliendo a Costa Rica, Honduras y Estados Unidos. Con el proceso de reconstrucción durante los años noventa sale otra cantidad resultante del lento proceso de recuperación económica y que coincide con la demanda de mano de obra en Costa Rica, y los vínculos transnacionales.
Entre el 2000 y el 2018 el número de nicaragüenses solo crece modestamente, menos de 2% anual, en parte por sus razones económicas, con un promedio de 18,000 nicaragüenses emigrando cada año.
Pero la crisis de abril 2018 crea una nueva salida masiva con un aumento de 640 000 a más de 750 000 en un año. En una encuesta realizada en diciembre 2019, el 9% de los hogares tenía un familiar que había salido desde Abril 2018 ascendiendo a 140 000 personas que salieron a Costa Rica, España y los Estados Unidos (Borge y Asociados, Diciembre 2019, Encuesta a 1010 individuos).
Seis meses más tarde en Junio 2020, el 13% tenían un familiar que había salido desde esta crisis política, aumentando en más de 60 000 nicas saliendo. Aunque muchos retornaron, la salida de gente no paró, aun en medio de la pandemia Diálogo Interamericano, Encuesta online a 1000 individuos). Por ejemplo, el número de nicaragüenses que salió a Estados Unidos de forma irregular creció dramáticamente. Los detenidos en la frontera en 2018 eran menos de 4000 y para el 2019 el número había ascendido a 14 000, de los cuales 4000 han pedido asilo político.
El deterioro económico y político del país, la desesperanza de la continuidad dictatorial ha despertado un aumento en la intención de emigrar. En esa misma encuesta de diciembre 2019, 19% de los hogares expresaron que alguien en su casa tenía la intención de emigrar. La pandemia, que combinó tres crisis en un solo país aumentó la intención a migrar a un 35%, para llegar a crecer a 60% en Enero 2021 (Encuesta, Junio 2020, Diálogo Interamericano. CID-Gallup Encuesta, Enero 2021). La desesperanza y desinterés han influido en esta situación de emigrar.
La contribución económica de la diáspora pasa desapercibida
Esta migración es la cara humana de la globalización en todos sus ámbitos. Sus familiares en Nicaragua reciben transferencias en cantidades de $100 mensuales desde Costa Rica o $300 desde Estados Unidos o España. Mensualmente, entran 635 000 transacciones a los hogares nicaragüenses, de diferentes sectores sociales. Por ejemplo, aunque 40% del dinero llega a Managua, este llega a hogares de diferente estrato social, a Bello Horizonte, Los Robles, Linda Vista o Ciudad Sandino.
A nivel macroeconómico, las remesas de los nicas en el exterior crecieron en 10% en medio de la pandemia, siendo el único indicador macroeconómico positivo. Estas remesas pasaron a representar del 9% en 2017 al 15% del ingreso nacional en 2020.
A pesar del peso tan fuerte y distributivo de estas transacciones y del sacrificio que realizan los nicaragüenses, quienes transfieren entre 20 y 25% de sus ingresos mensuales para cuidar de sus familias, existen pocos esfuerzos para capitalizar esas transferencias para el desarrollo del país o para reconocer su contribución en la participación económica. Los nicas no son gente adinerada, más bien son los excluidos y expulsados de Nicaragua que pasan situaciones de vulnerabilidad en el exterior.
El estado nicaragüense se beneficia sobremanera de estas transacciones toda vez que la capacidad de consumo de los hogares receptores es mayor que del resto de la población. El ingreso promedio de estos hogares es 30% mayor que el del país, y su consumo genera pagos por impuestos al valor agregado contribuyendo directamente en más del 5% de la renta del estado.
Estas transacciones no forman parte de los planes de desarrollo nacional, sin embargo, el gobierno no las da por descontadas en sus cálculos de estabilidad económica. El Estado no solo expulsa a sus ciudadanos, sino que los excluye del beneficio distributivo de sus obligaciones frente a los ciudadanos. Para colmo, la ley del consumidor recientemente modificada incluso atenta contra el futuro de las transacciones toda vez que está en violación con los principios internacionales de prevención de riesgo financiero.
La exclusión política
Para más maltrato, la participación política del nicaragüense en el exterior está negada por el Estado. El derecho al voto existe y el artículo 122 de la ley electoral en el inciso 4 pide la “Elaboración de un registro por el Consejo Supremo Electoral que permita determinar e inscribir el número de ciudadanos nicaragüenses residentes en el exterior con derecho a voto.” Desarrollar ese registro, el cual es trabajo arduo de identificación y documentación de los nicaragüenses residentes en el exterior, ha sido una obligación postergada por el Estado (aunque se estableció el derecho en las reformas de 1995, ni Alemán o Bolaños lograron habilitarlo).
La negativa a garantizar y habilitar el derecho al voto en el exterior es parte del gobierno de negar los derechos políticos dentro de su trabajo por criminalizar la democracia. A tan pocos meses del proceso electoral, la tramitología y burocracia que se necesita (que incluye trabajar dentro de cada consulado, ejecutar las verificaciones nacionalidad y registro electoral) no permiten que ese derecho se pueda otorgar.
Hay varias formas de interpretar el por qué este derecho no se habilita. Primero, la negación al derecho al voto es consistente con el cálculo político del gobierno y del FSLN que perciben que habilitar ese derecho les quitaría votos. Aunque no hayan hecho el cálculo estadístico y probabilístico, ese es el supuesto que les hace pensar así. Una de las razones es la forma peyorativa en que muchos miembros del FSLN describen a los nicas en Estados Unidos como somocistas, contras, vende patria, etc. Esta postergación es errónea. Durante el gobierno de Bolaños se trató de desarrollar el intento, pero el control político del FSLN de la autoridad electoral detuvo esa labor.
Segundo, el capital político de los nicaragüenses ha sido bajo e intermitente. La ausencia del voto refleja que el movimiento político de la diáspora ha venido formándose lentamente y con ciclos de vida corto asociado con las crisis políticas en Nicaragua. La diáspora se organiza después de situaciones difíciles (con pocas excepciones durante el gobierno de Enrique Bolaños) en Nicaragua para apoyar a sus compatriotas y de paso exige el derecho al voto. Existen muy pocas organizaciones que han abogado por ese derecho de forma organizada y continua en los últimos 20 años.
El voto en el exterior depende de quienes se registran, confirman y ejecutan su derecho. Hoy en día más de 90 países garantizan el derecho al voto, en donde menos del 10% de la diáspora vota. Sin embargo, la estadística varía de país a país así como que también dependen de cuántos se registraron. Típicamente menos de un tercio de la población se registra. En el caso nicaragüense, asumiendo que un 30% estuviera registrado para votar, y la mitad votara, estaríamos hablando de al menos 150 000 votos.
La agenda política de Nicaragua tiene que cambiar de la exclusión y la expulsión, a la inclusión e integración. En medio de esta crisis política los nicaragüenses tienen la obligación de exigir el reconocimiento de los esfuerzos de su diáspora y su merecida y legalmente válida participación. La opción para migrar tiene que ser a elección y no por la fuerza como ha ocurrido en la historia reciente.
