El segundo asalto contra Confidencial y la libertad de prensa

A las 8:45 de la mañana de este jueves 20 de mayo, una decena de policías antimotines asaltaron el estudio de televisión que provisionalmente habíamos instalado en una oficina de un centro corporativo para producir Esta Semana y Esta Noche, después que en la medianoche del 13 de diciembre de 2018 la misma Policía ocupó militarmente nuestra redacción en Planes de Altamira, hasta consumar la confiscación ilegal del inmueble en febrero de este año.

Igual que en 2018, la Policía llegó sin ningún mandato judicial a ejecutar una orden política de su jefe supremo, el presidente Daniel Ortega, candidato a la tercera reelección presidencial consecutiva, para cerrar un medio de comunicación independiente con la fuerza de las armas, a menos de seis meses de las elecciones presidenciales. Su misión era capturar a los periodistas de Confidencial que la Policía, repitiendo la propaganda partidaria del FSLN, califica como“golpistas”, por hacer “periodismo independiente”.

Durante la ocupación detuvieron por siete horas a nuestro camarógrafo Leonel Gutiérrez y lo sometieron a un interrogatorio de espionaje político, siguiendo un manual primitivo para criminalizar el ejercicio delperiodismo:

--¿Dónde está Carlos Fernando Chamorro?

--¿Cómo trabajan los periodistas de Confidencial?

--¿Dónde están los “golpistas”?

--¿Con quiénes se reúnen en esta oficina?

Al final, “barrieron” con todo lo que estaba a la vista: Se llevaron dos cámaras de televisión con sus trípodes, luces, micrófonos; el switcher y control máster; dos editoras de televisión; un iPad con su trípode y accesorios; dos computadoras, y varias cajas de documentos institucionales y personales, sin entregar un acta de incautación.

Nos dejaron una oficina vacía, completamente saqueada, a la que nadie puede acceder porque está custodiada por tres policías armados, como si esta segunda redacción donde se reunían los periodistas para debatir ideas en libertad y redactar noticias, reportajes e investigaciones, fuese la escena de un crimen atroz.

Gracias a la solidaridad de muchísimas personas que nos apoyan, y de quienes de forma generosa nos facilitaron equipos para sortear la emergencia, este domingo pudimos producir Esta Semana y transmitir la edición en YouTube y Facebook, para evadir la censura televisiva impuesta contra Canal 12 y el sistema de cable.

Nos cerraron por segunda vez, pero no nos callaron. Se robaron todo, pero seguimos demostrando que nunca van a poder confiscar el periodismo.

Esta es la tercera vez que la dictadura de Daniel Ortega lanza un ataque frontal contra mi persona, para aplastar las libertades de prensa y de expresión. El primer asalto ocurrió hace 13 años, el 11 de octubre de 2008, en la víspera del primer gran fraude electoral en las elecciones municipales, cuando la Policía y la Fiscalía allanaron la organización no gubernamental Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), que sin ninguna prueba fue acusada de lavado de dinero y “triangulación de fondos”. Un año antes, Esta Semana había documentado el caso de “extorsión en Tola” la primera denuncia de corrupción y tráfico de influencias del nuevo Gobierno del presidente Daniel Ortega, que desató una ola de linchamiento en los medios oficiales y una fallida investigación oficial. Pero, en honor a la verdad, debo reconocer que el fiscal Douglas Vargas y los comisionados policiales Luis Barrantes y Glenda Zavala, que ejecutaron el allanamiento, constataron que no existía ninguna relación institucional entre la oenegé Cinco y los medios de comunicación Confidencial y Esta Semana que dirijo, aunque las tres instituciones alquilaban oficinas separadas en el mismo inmueble. La Policía y la Fiscalía secuestraron abusivamente cinco mil folios de información contable y cuatro computadoras de Cinco, pero no allanaron las redacciones de Confidencial y Esta Semana. Fue un zarpazo contra la libertad de asociación y la libertad de expresión, un aviso premonitorio, cuando en Nicaragua aún se estaba implantando la dictadura Ortega Murillo, pero los jueces, fiscales y policías todavía guardaban un mínimo respeto al debido proceso, al grado que unos meses después un juez admitió que no tenía ninguna prueba para enjuiciar y condenar a los directivos de la oenegé Cinco por lavado de dinero, y ordenó devolver todos los equipos y documentos que se llevaron.

Sin embargo, diez años después, bajo una dictadura consolidada que desmanteló la institucionalidad democrática al amparo del pacto corporativista entre Ortega y los grandes empresarios, el caudillo del FSLN ordenó un nuevo asalto contra Confidencial y Esta Semana. Durante la escalada de diciembre de 2018, después de la masacre de abril y la “operación limpieza”, la Policía se robó todos los equipos y documentos de las empresas productoras de Confidencial y Esta Semana, y de una tercera empresa de consultoría ambiental, propiedad de mi esposa Desirée Elizondo, que también fue criminalizada, y luego ocupó nuestra redacción de forma permanente, hasta confiscarla de forma ilegal. Y cuando al primer comisionado policial Francisco Díaz le tocó responder a la Corte Suprema de Justicia por qué había asaltado y ocupado Confidencial, alegó que había llegado a cerrar la oenegé Cinco, aunque diez años atrás la misma Policía y la Fiscalía habían reconocido que no existía ninguna relación entre Cinco, que incluso se encontraba en otro local, y Confidencial.

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A pesar del asalto, la persecución, y el exilio, los periodistas de Confidencial no dejamos de informar un solo día. Dos años y medio después, estamos ante una nueva escalada represiva del régimen para cerrar todos los espacios de libertad de prensa y de competencia política, en la que Ortega ya empezó a cancelar partidos políticos para eliminar a la Coalición Nacional, e inhibir a varios precandidatos presidenciales para eliminar de antemano la competencia electoral el 7 de noviembre.

Como parte de esta nueva ola represiva, el dictador ordenó un nuevo asalto policial contra Confidencial y Esta Semana, para cerrar por segunda vez este medio de comunicación. Nuevamente, no hay una orden judicial u otra justificación que no sea la desesperación de Ortega por aplastar la libertad para cerrar un medio independiente. Los policías antimotines que ejecutaron el asalto, alegaron verbalmente que estaban en un “operativo” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro perseguida por presunción de lavado de dinero, aunque no existe ninguna relación entre esta institución y Confidencial.

Nosotros condenamos la criminalización de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a la que pretenden acusar de delitos penales para despojar de sus derechos políticos a mi hermana Cristiana Chamorro e inhibirla como precandidata presidencial, y rechazamos este nuevo asalto contra la libertad de prensa y de asociación. Exhortamos a todas las fuerzas vivas del país --a los ciudadanos autoconvocados, a los líderes de la oposición y los precandidatos presidenciales, a los servidores públicos --civiles y militares--, a los grandes empresarios y los gremios del sector privado, y a los líderes de la Iglesia católica-- a demandar la suspensión del estado policial para recuperar la libertad de movilización y exigir una reforma electoral, para salir de la dictadura.

Desde Confidencial continuaremos haciendo periodismo para recuperar la libertad, fiscalizando el poder, informando la verdad, demandando la rendición de cuentas, y promoviendo el debate público, y tengo la convicción de que vamos a contar la historia de cómo se cambia de forma pacífica una dictadura sangrienta, para devolverle al país la esperanza en un cambio democrático profundo.

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