10 de abril 2020
AA
Independientemente de sus ideologías, todos los gobiernos del mundo (desde Cuba y Venezuela hasta Estados Unidos) han implementado medidas de contención y distanciamiento social, con autocontrol, dado que el coronavirus, para el que no se tiene inmunidad previa, puede ser fácilmente transmitido a otros incluso cuando tenemos síntomas leves o nulos (durante el período de incubación asintomático de entre 2 y 14 días) y que tiene una alta tasa de infección fatal.
El mundo, por razones éticas y morales, pretende “aplanar la curva” de la pandemia manteniendo baja la tasa de casos nuevos con estas medidas de distanciamiento social, para evitar tomar decisiones difíciles en los hospitales entre quién recibe la atención adecuada y quién no (triage). Una curva alta de la propagación implica que algunas personas no podrán recibir la atención médica necesaria porque se ha excedido la capacidad del sistema de salud, y habría que dejarlos a su suerte. Capacidades que no solo tiene que ver con el número de camas, como tanto se menciona, sino que también sobre la disponibilidad de personal de la salud debidamente entrenado y protegido.
El mundo ha priorizado la resiliencia, es decir, la adaptación a una crisis epidemiológica compleja, muy caótica y de múltiples consecuencias, pretendiendo únicamente desacelerar la propagación y disminuir la tasa de mortalidad con una creciente expectativa de que se necesitaran acciones fuertes durante un periodo prolongado de tiempo. El virus vino para quedarse y seguirá infectando a la humanidad por siempre, y ya ha tenido enormes consecuencias para el mundo, el que incluso ya ha empezado a reconocer que será otro después de la crisis, asumiendo que se logra superar.
Nicaragua aparentemente es la única excepción a esta visión y acción mundial. Y esto podría tener además no solo importantes consecuencias en términos de sufrimiento humano en el corto-mediano plazo, sino que también para el mediano-largo plazo, entre otros a través de mecanismos económicos.
¿Pero, existe un retraso y, si es así, cuáles podrían ser las consecuencias?
Veamos. Por un lado, en la primera semana de marzo el Gobierno anunció que categóricamente no implementaría ninguna medida restrictiva para enfrentar el virus. Para entonces el mundo, y especialmente Europa (foco de concentración después de China), ya había comenzado a reaccionar con medidas de contención y emergencia tales como restricciones de eventos y/o concentraciones, cierres de actividades o centros de cultura y ocio, si como hoteles y restaurantes. Para el 17 de marzo, la mayoría de países habían ampliado las medidas al cierre parcial de fronteras y de comercios no esenciales. Para el 4 de abril el 65% ya había establecido cuarentenas o confinamientos interno parcial o total y el 58% ya había establecido estados de emergencia. Estados Unidos (nuevo foco de concentración) ya ha implementado varias de estas medidas, a nivel nacional y estatal, aunque muy tardíamente por lo que está pagando un alto costo humano y económico. Hasta el momento Nicaragua no ha tomado formalmente ninguna de estas medidas.
En países como Nicaragua, con muy limitados recursos en su sistema de salud y con altos niveles de pobreza, la única manera creíble y confiable de aplanamiento de la curva debió haber sido la de tomar medidas estrictas desde los primeros días de marzo. ¡Ya perdimos un mes! Dice el dicho que el tonto hace al final lo que el inteligente hizo al principio.
Lo que es peor, se promueven acciones aún más irresponsables que contradicen las recomendaciones universalmente adoptadas. Es obvio que el sistema de salud nacional no tiene la capacidad de enfrentar la muy contagiosa pandemia en el país, y además tendrá que continuar luchando al mismo tiempo contra otras infecciones y enfermedades tradicionales. Para cuando venga el invierno golpearan las de siempre y tanto el sistema de salud institucional como el comunitario estarán agotados.
El haber tomado medidas a inicios de marzo podría también haber significado el terminar más temprano la inevitable cuarentena a la que se llegara de todas maneras. En escenarios optimistas se ha estimado que los países que ya han tomado esta medida podrían levantarla a lo largo del mes de junio. Por lo tanto, de establecerse tardíamente una cuarentena en el país, sería hasta mucho más tarde que se tendría sentido levantarla, con las enormes, y en buena medida impredecibles, consecuencias sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, por un lado, será casi imposible convencer a los diferentes sectores formales de reanudar la actividad económica normal al estar experimentando más bien un crecimiento exponencial de un contagio generalizado el todo el país, dado que muy probable que todavía tendrían miedo de ser infectados. Y por el otro, el vasto y desprotegido sector informal (70% de la fuerza laboral) habrá acumulado un grado muy peligroso de tensión sociopolítica porque ellos sí tendrán que salir a trabajar, a pesar de una economía deprimida (caída del consumo, desempleo) dado que su alimentación y sobrevivencia diaria depende de su trabajo, fundamentalmente en las calles.
Cabe señalar que el sector privado formal ya ha tomado varias medidas de atenuación de su actividad económica por su parte, asumiendo tanto los empresarios como los trabajadores, altos costos económicos. Mientras que el informal nunca podrá estar “apagado” por razones de sobrevivencia. El retraso en la toma de medidas, por lo tanto, podría complicar sobremanera e innecesariamente, a quien entonces muy probablemente será un Estado (no solo el MINSA y de sistema de salud formal y comunitario) abrumado por la pandemia. El Estado no podrá resolver un eventual dilema, después de junio: mantener un (inevitable) fuerte apagón económico vs. una apertura económica parcial cuando se crea que la curva ha sido lo suficientemente aplanada.
¿Existe una justificación razonable del gobierno para tal retraso en la toma de las medidas requeridas? Un “modelo comunitario” de atención a la salud, asumiendo que es capaz y eficiente y que además cuenta con un alto apoyo sociopolítico de la población, tiene ciertamente sus bondades. No obstante, debería haber sido muy obvio para el gobierno y la OPS de que el “modelo” es insuficiente para una respuesta nacional y prolongada. Además, enfatizar tanto al “modelo comunitario” implica que el Minsa debió ya haber realizado estimaciones científicas del potencial de propagación y de las vulnerabilidades diferenciadas de la población, a nivel territorial, considerando las características específicas (sociales, económicas, ambientales, estructura etárea, acceso a agua, morbilidad, mortalidad) de cada territorio; pero se desconoce si existen tales estimaciones y cuáles son los territorios más frágiles que otros. También se esperaría que ya habrían hecho pruebas de laboratorio del covid-19 a nivel territorial.
Tampoco se puede continuar justificando la falta de medidas, ya conociendo la experiencia de Italia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña y sobre todo de Ecuador, en términos de una posible estrategia implícita de gradualidad, experimentación, aprendizaje y adaptación a la incertidumbre, más aún con tanta opacidad conspicua en el manejo de la información. Además, el enfoque de tomar medidas graduales ha sido fuertemente cuestionado en su efectividad por estudios y foros de expertos (virtuales) en su efectividad, dado el rápido crecimiento exponencial que caracteriza a esta pandemia. Esto lo sabe el gobierno y lo sabe la OPS. Ambos tiene una responsabilidad internacional en aplanar con transparencia la curva en Nicaragua: el país es un eslabón más, pero muy vulnerable, de la cadena de la seguridad sanitaria global, dado que esta última es bien público mundial. Nicaragua podría ser un foco prolongado de recontagio innecesario, molesto e indeseable que podría incluso conducir a la comunidad internacional a más bien aislar sin miramientos al país por un periodo largo de tiempo y no tanto a invertir recursos en superar las consecuencias del contagio (no hay vacuna ni cura), hasta cuando efectivamente se convierta en un “rebaño inmune”. Eso sería catastrófico para los nicaragüenses, dentro y fuera del país.
Una pregunta obligada de fondo que surge a la mente, en este sentido, y con profundas implicaciones éticas, morales y políticas para el gobierno y la OPS, y que amerita una respuesta científica, es que si ya no es demasiado tarde de todas maneras el tratar de evitar centenares de muertes adicionales a las que se hubieran dado habiendo tomado las medidas de manera oportuna. Ojalá que no sea así.
La gobernanza de la crisis, no debería quedar solo en manos del gobierno y la OPS. Ambos, y juntos, no tienen toda la capacidad requerida. La sociedad civil, el sector privado, la Iglesia y otros sectores organizados de la población son ciertamente actores clave para una gobernanza efectiva de la crisis a nivel nacional. No obstante, el Estado es el único responsable, por mandato de la sociedad, y debe trabajar en crear la suficiente cohesión social requerida para aplanar la curva, contando con los esfuerzos complementarios de los otros actores. Si las autoridades actuales no pueden o no quieren trabajar así, además de entregar cuentas en un futuro a la sociedad, deben dar paso ya a otros (esperando incluso de que ya no sea demasiado tarde), al menos dentro de su mismo signo ideológico, que sí lo harían.
Si el retraso y una desidia culposa prevalecen en el mes de abril, los nicaragüenses podríamos cosechar frutos amargos a partir de mayo en adelante, si no antes.
