Opinion

El periodismo libre frente a una dictadura totalitaria en Nicaragua

Hay que mantener la crisis de la tiranía en el radar de la opinión pública internacional, no aceptemos la normalización del estado policial

Hasta el 18 de abril de 2018, la dictadura familiar que desde 2007 concentraba todos los poderes del Estado en Nicaragua gobernó durante casi una década con una alianza económica y política con los grandes empresarios, sin democracia ni transparencia. Nunca hubo libertad de prensa ni acceso a la información pública, pero sin una oposición política y contrapeso social, el régimen mantuvo cierta tolerancia para permitir la existencia de una prensa independiente y crítica, bajo restricciones y represalias. Por ejemplo, el periodismo fiscalizador de CONFIDENCIAL investigaba y denunciaba con pruebas la corrupción, pero sin consecuencias para el régimen, mientras Daniel Ortega mantenía un cerco de presiones y espionaje sobre el medio de comunicación y utilizaba su emporio familiar de medios privados para linchar a la prensa independiente.

Todo esto cambió radicalmente cuando Ortega y Murillo perdieron la mayoría política en las calles durante el estallido social de 2018 y colapsaron sus alianzas. La dictadura familiar se convirtió en una dictadura sangrienta, y reprimió con igual virulencia a los ciudadanos y a los periodistas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación que se convirtieron en el “enemigo” a aplastar. La represión dejó más de 328 asesinatos, miles de heridos, centenares de presos, decenas de miles de exiliados, y la imposición de un Estado policial de facto. Después del gran fraude electoral del 7 de noviembre 2021, el régimen pretende entronizarse como una dictadura totalitaria que representa una grave amenaza para Centroamérica y América Latina.

A diferencia de otras crisis más prolongadas, como la de Venezuela, en Nicaragua en tres años y medio se han concentrado todos los crímenes contra la libertad de prensa con marcada intensidad.

  • El asalto paramilitar que destruyó las instalaciones de radio Darío, en León, el 20 de abril 2018;
  • El asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields, el 21 de abril de 2018, que se mantiene en impunidad;
  • Agresiones físicas, asaltos, amenazas, espionaje, e intimidación contra los reporteros, por parte de policías y paramilitares;
  • El exilio de forzado de más de 120 periodistas, en Costa Rica, Estados Unidos, España, y otros países;
  • El bloqueo aduanero contra los periódicos durante 500 días, para impedirles acceso a papel de insumos, que condujo al cierre de El Nuevo Diario.
  • La ocupación policial y el cierre de las redacciones de 100% Noticias, CONFIDENCIAL (dos veces), y el diario La Prensa.
  • La censura en la televisión abierta y en el sistema de cable contra 100% Noticias, Esta Semana y Esta Noche;
  • Las presiones económicas del Estado contra medios tradicionales como Canal 10, Canal 12, y Radio Corporación y el cierre de más de 20 medios locales por presiones del partido FSLN.
  • La aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos para criminalizar las libertades de prensa y de expresión.
  • El encarcelamiento y los juicios políticos contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en 2018-2019; y en 2021 por segunda vez contra Miguel Mora, precandidato presidencial; Miguel Mendoza, cronista deportivo y bloguero; y Jaime Arellano, comentarista político de televisión.
  • El enjuiciamiento por presunción de lavado de dinero contra la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Cristiana Chamorro, precandidata presidencial bajo arresto domiciliar; Pedro Joaquín Chamorro, Marcos Fletes, Walter Gómez, y el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, presos en las cárceles de El Chipote.
  • La intimidación contra más de 50 periodistas que han sido citados por la Fiscalía en la presunta investigación contra la FVBCH, entre ellos el escritor Sergio Ramírez –acusado de “conspiración, incitación al odio y la violencia” y otros delitos– cuya novela “Tongolele no sabía bailar” ha sido censurada y secuestrada por el régimen, a través de la Dirección General de Aduanas.

En consecuencia, en Nicaragua hoy se hace periodismo bajo el riesgo de la agresión física, el asalto, y el asedio de policías y paramilitares, y la amenaza de cárcel, tanto para periodistas como para las fuentes informativas y de opinión.

A pesar de la censura, los periodistas seguimos informando y haciendo periodismo en Nicaragua y desde el exilio en plataformas digitales, aunque estamos obligados a proteger la identidad de las fuentes independientes que no podemos citar, porque informar y opinar, bajo un régimen totalitario, es un “delito” que se paga con cárcel.

Durante tres años y medio, la resistencia de la prensa ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo y su negativa a aceptar la censura o la autocensura.

Nuestra primera tarea fue nombrar a las víctimas de la represión y contar las historias de los asesinados que hasta hoy siguen siendo negadas y ocultadas por el Estado. Así surgió una estrecha colaboración entre el periodismo independiente y las organizaciones de derechos humanos, y las Madres de Abril, el movimiento de los familiares de las víctimas que reclaman verdad y justicia sin impunidad.

En efecto, los periodistas tomamos partido al lado de las víctimas de la masacre para promover una agenda de verdad, memoria, justicia y no repetición, como un compromiso ético con la reconstrucción democrática del país.

Tomamos partido, demandando la liberación incondicional de los más de 160 presos políticos, y la anulación de los juicios espurios. Y exigimos que cese el régimen de tortura al que están siendo sometidas: Dora María Téllez, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vijil, dirigentes del movimiento Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista, que hoy cumplen 173 días en celdas de confinamiento solitario en las cárceles de El Chipote.

Durante la rebelión de abril 2018, en Nicaragua se hermanó la libertad de expresión de los ciudadadanos con la libertad de prensa de los periodistas para difundir noticias e información confiable. El empoderamiento de la gente en la protesta y el uso masivo de los teléfonos celulares y las redes sociales, generó un torrente de información sin el cual no habría sido posible cubrir la insurrección cívica en su dimensión nacional. Los periodistas y medios de comunicación independientes seguimos realizando, primordialmente, una labor de curaduría profesional para verificar y contextualizar las imágenes e informaciones de las redes sociales.

En la práctica, realizamos un periodismo colaborativo que nace de la necesidad de autoprotección de los reporteros en la cobertura en las calles a través de la acción colectiva frente al asedio y agresiones de policías y paramilitares, y del imperativo de distribuir en las plataformas digitales los contenidos de medios que se encuentran censurados. Además, compartimos fuentes, e incluso primicias informativas, y realizamos investigaciones conjuntas para lograr mayor profundidad y difusión de la información, para ganar la batalla de la verdad.

En medio del clima de amenazas y polarización política extrema, la prensa no ha dejado de hacer periodismo investigativo y narrativo de calidad. Las investigaciones periodísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos, la corrupción del régimen, y la sobremortalidad en la pandemia de la covid-19, premiadas en certámenes internacionales, ofrecen una muestra irrefutable de la calidad del periodismo en resistencia.

Demolido el Estado de derecho y perseguida la sociedad civil, nunca en la historia de Nicaragua la prensa había estado más desprotegida ante el poder autoritario, frente al cual el único medio de protección para la prensa es hacer más y mejor periodismo. Un periodismo de resistencia, que obligatoriamente debe ser también periodismo de calidad, porque lo único que nos defiende ante el totalitarismo y la calumnia oficial es la credibilidad ante nuestras audiencias.

El periodismo nicaraguense se ha reinventado en el exilio – en Costa Rica, Estados Unidos y España, principalmente– a través de plataformas digitales, pero nuestros ojos y oídos, y nuestros sentidos, están en Nicaragua, con los colegas y los ciudadanos que permanecen en el país enfrentando los más altos riesgos para informar. Por ello, apelamos a la prensa internacional para mantener la crisis de Nicaragua en las prioridades de la opinión pública mundial y en particular de América Latina.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la prensa — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA; la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas; Human Rights Watch; Amnistía Internacional; Sociedad Interamericana de Prensa; Comité de Protección de Periodistas; Reporteros Sin Fronteras; Free Press Unlimited; Artículo 19; entre otros, han hecho una extraordinaria labor para visibilizar la persecución contra los periodistas y demandar su protección. Pero hacen falta muchas más historias en la prensa internacional sobre la tragedia de Nicaragua bajo estado policial.

Las elecciones del 7 de noviembre, cuyos resultados se conocían de antemano, generaron un interés inusitado en la prensa internacional, que tampoco pudo viajar a Nicaragua porque el régimen impuso el cierre de las fronteras. A muchos colegas de medios internacionales que me entrevistaron en esos días, les reiteré que la verdadera historia no es lo que ocurriría el 7 de noviembre –unas votaciones de partido único sin competencia política– sino el día después, es decir, en los próximos meses y quizás años, en el proceso de resistencia civil para salir de una dictadura sin legitimidad por medio de la lucha cívica.

Mientras tanto, no podemos aceptar la entronización de una dictadura totalitaria en Centroamérica, a través de la normalización de la violencia y el Estado policial. El mayor desafío que enfrentamos hoy los periodistas de Nicaragua y la prensa internacional es mantener en el radar de la opinión pública mundial, y en particular del continente americano, la crisis de la tiranía de Daniel Ortega. La historia del día después de la farsa electoral es contar cómo se cambia por medios civiles una dictadura represiva. Esas son las noticias que se escriben hoy sobre los días de dolor y esperanza que vive Nicaragua.

Fragmento de mis palabras durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, COLPIN, Canelones, Uruguay, 1 de diciembre 2021.


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