Opinion

El Paraíso Prohibido

Limitar los espacios de participación política a través de eliminar las opciones políticas regionales es también arrebatar el sueño autonómico costeño

“Para construir a la Costa Caribe en el paraíso, tenés que soñar,

y luego convertirlo en realidad”

(Johnny Hodgson, Radio Zinica, Julio 19, 2016)

La imagen de la Costa Caribe suele asociarse a la ida de paraíso terrenal. Esta imagen está presente en narrativas culturales costeñas y nicaragüenses – en la poesía, la pintura, la música – y el discurso político de las últimas tres décadas. La idea de la Costa como “tierra prometida,” y un “gigante que despierta” aparece más claramente durante los años 1980s, asociada al nacionalismo hegemónico mestizo en el cual, a la Costa y su población les es “revelada” la “buena nueva” de la revolución liberadora, y la invitación benevolente a una plena y total integración o incorporación a los destinos de la nación nicaragüense. La idea del paraíso está coligada al mensaje cultural, cuasi religioso de la autonomía: a la promesa de alcanzar la plena realización de los derechos individuales y colectivos de los (y las) costeños (as) como resultado del ejercicio de los derechos de autonomía.

En 1987, al aprobarse el Estatuto de Autonomía que puso fin al conflicto armado e inició un proceso de reconstrucción y paz, la idea de autonomía invocaba muchas expectativas: pacificación, desarrollo, reconciliación, democracia, y bienestar. Un paraíso, al que por legitimidad histórica los y las costeñas, teníamos derecho luego de una larga historia de desconfianza mutua en las relaciones entre la sociedad costeña y el Estado nicaragüense. Prominentes costeños también se han referido a la Costa – antes del acto de anexión forzada de 1894 – con esa idea de tierra de paz, idílica, de convivencia armoniosa, “paraíso perdido” por la mal llamada “reincorporación” – a través de la cual el gobierno de José Santos Zelaya depuso al Jefe de la Reserva de la Moskitia y consumó la ocupación forzada Nicaragüense del territorio costeño. Ray Hooker dice por ejemplo: “Antes de 1894, nuestros ancestros vivieron en armonía con su entorno, con la naturaleza. La naturaleza les suministraba alimento, albergue y vestido en abundancia, y ellos vivían en armonía con la naturaleza, con los espíritus del bosque, los espíritus del aire y los espíritus de las aguas.”

Esta asociación paraíso – autonomía, estuvo también presente en el proceso de paz, en el cual líderes religiosos tuvieron un rol importante en construir espacios de diálogo entre las partes para finalizar el conflicto armado. Las ideas de paz, unidad, memoria social histórica y reconciliación de aquellos años estuvieron muy asociados a la voluntad de Dios acerca de la hermandad entre los hombres y mujeres en la tierra; una región y un país en aquel momento divididos por la guerra. El paraíso es también la idea de la autonomía como el medio para alcanzar el paraíso: la Costa, “tierra prometida.”

Es decir, existe una articulación en el imaginario autonomista entre la realización de derechos y el paraíso; y ésta este tiene sus raíces en los referentes culturales / religiosos y políticos de costeños (as) que se vincularon a las luchas contemporáneas por la autonomía. No obstante ese paraíso, en las condiciones actuales de la Costa Caribe, es negado a la sociedad costeña, es una imagen prohibida. Ante el creciente deterioro de las condiciones de vida de muchas familias costeñas, quienes usaron y continúan recurriendo a esa asociación les cuesta hoy día hacer parecer creíble la promesa de la autonomía como “paraíso”. Tres cuestiones claves para explicar lo que llamo el paraíso prohibido: el tratamiento estatal de las tierras afro-indígenas caribeñas, la gravitación del poder central sobre las instituciones de gobierno de la autonomía, y el asedio oficial hacia las organizaciones políticas costeñas.

Las tierras afro-indígenas caribeñas son las tierras legítimamente reclamadas, reconocidas y / o tituladas bajo un régimen de propiedad colectiva a los pueblos indígenas y afro-descendientes en el proceso de demarcación inaugurado por la Ley 445.  Hoy día existen 23 territorios titulados en ambas regiones del Caribe y el régimen especial en Jinotega, constituyen 36,439 mil kilómetros cuadrados (el 28 por ciento del territorio nacional; el 52 por ciento de las regiones autónomas), y benefician a 185,000 mil personas en 278 comunidades. A pesar de esto, entre el 2007 y hoy día, se ha estancado la quinta etapa de la titulación, llamada “saneamiento” que se trata de un proceso mediante el cual se determina el estatus legal y forma de tenencia de los ocupantes (con títulos o sin ellos) en tierras indígenas y afro-descendientes. En última instancia, el saneamiento es mejorar la gobernanza en los territorios y esto necesita hacerse con el acompañamiento proactivo del Estado nicaragüense. La gran mayoría de los territorios tiene ocupantes (terceros) que tienen algún tipo de reclamo en las propiedad indígenas. Las situaciones son muy diversas y los contextos muy específicos, y en algunos territorios – por ejemplo Wanki Twi-Tasba Raya y Wanki Li Aubra en el Caribe Norte – las tensiones por estas ocupaciones se han tornado violentas, con personas indígenas y no indígenas fallecidas producto de los enfrentamientos. Sería simplista decir que hay una fórmula única para resolver estos conflictos. El Gobierno entiende que es una situación muy compleja y que su tratamiento requiere actuar con mucha cautela. Pero en las condiciones actuales la inacción es una forma de acción, es propiciar nuevas ocupaciones y más vidas que lamentar. No abordar a fondo la quinta etapa de la titulación es una forma de prohibir ese paraíso que promete la autonomía.

Por otra parte, al estado Nicaragüense le ha costado aceptar que las  instituciones de la autonomía – consejos y gobiernos regionales – son órganos propios de autogobierno. A los partidos nacionales les ha interesado más ganar mayorías y no gobernar democráticamente o de forma intercultural. Un estado centralista y autoritario va a entrar en conflicto continuo con los Consejos, a menos que estos órganos sean una extensión del centralismo del Estado, y por tanto pierdan su razón de ser como espacios de autogobierno y expresión democrática. Se podrían convertir cajas de resonancia del centralismo del Estado. Los consejos y gobiernos regionales vivieron muchas tensiones bajo los gobiernos liberales – tensiones por faccionalismos, luchas por recursos, disputas entre liderazgos personales. En la época actual, esta tensión Estado – autonomía aún persiste, pero existen menos faccionalismos visibles, y un rol menos relevante de los consejos regionales en el ejercicio de gobernar las regiones. No me atrevería a decir que son totalmente irrelevantes, pero caben muy pocas dudas que son inoperantes, una carga pesada en el presupuesto de las regiones del Caribe y cuentan con muy poca legitimidad social. La gravitación del poder central sobre el funcionamiento de los consejos y gobiernos regionales los ha convertido en instancias formales, pero poco efectivas. Desde una perspectiva autonomista y costeña, esta es otra forma de prohibir el paraíso.

Las primeras elecciones regionales de 1990 fueron un ejemplo de elecciones multipartidarias. Este principio – junto al carácter multiétnico de la sociedad nicaragüense y costeña – estuvo respaldado en la Constitución Política, la Ley Electoral, y en el espíritu de la ley de autonomía. Las asociaciones de circunscripción popular, como formas de participación política no-partidarias en los ámbitos municipales y regionales – y que fueron eliminadas en 2000 – permitieron un mayor grado de participación ciudadana en los procesos electorales entre 1990 y 1998. Han existido ocho organizaciones políticas costeñas – con distintos grados de éxito – y cada una de ellas lograron elegir concejales a los Consejos Regionales Norte y Sur. En el Caribe Sur estas organizaciones han alcanzado el 14.8 por ciento de los asientos en el consejo regional entre 1990 y el 2014. En el norte, el 26.7 por ciento durante el mismo período. De estas organizaciones en la actualidad solo sobreviven dos con personería jurídica, YATAMA y PIM. Salvo ciertas excepciones, no fue el fracaso de estas organizaciones las razones por las que dejaron de existir, sino el sistema bi-partidario hacia el cual Nicaragua empezó a moverse a partir de 1997/98, que fue cerrando los espacios de participación política a la sociedad costeña y nicaragüense. Limitar los espacios de participación política a través de eliminar las opciones políticas regionales es también arrebatar el sueño autonómico costeño.

En las condiciones actuales los costeños hemos perdido la posibilidad de controlar las decisiones que tienen que ver con la vida real de la autonomía, por preservar vivo el espíritu autonomista que inspiró el Estatuto en 1987. Una parte del problema es que los autonomistas que promovieron la idea de ese paraíso se fueron al gobierno y están hoy día subordinados o aplacados ante el poder central y adoptaron acríticamente el lenguaje oficial sobre la “restitución de derechos”. La Costa es hoy día un terreno en disputa entre quienes han alimentado la idea de autonomía como la realización de los derechos costeños bajo un esquema de gobernanza sumamente desfavorable a la Costa Caribe, y quienes viven la posibilidad de ese sueño con actos de rebeldía y autodeterminación, defendiendo sus territorios y la vida, luchando por los derechos humanos individuales y colectivos, preservando la posibilidad de organizarse en opciones políticas distintas a los partidos nacionales, luchando contra el racismo y la discriminación, luchando contra otras formas de autoritarismo que han emergido en nuestra sociedad.


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