20 de febrero 2020
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El general de Ejército Julio César Avilés iniciará este viernes 21 de febrero su tercer período consecutivo como jefe de la institución militar, tras haber sido prorrogado en su cargo dos veces seguidas por el presidente Daniel Ortega.
Esto significa que Avilés ha estado ya diez años en el cargo y va por cinco más, pero su buena suerte está atada al destino político del dictador. Si Ortega es desplazado del poder, como indefectiblemente ocurrirá a corto plazo porque su dictadura es insostenible, el general Avilés, como parte de las estructuras del régimen, también será removido de la jefatura del Ejército para despejar el camino hacia una profunda reforma militar.
Hasta antes de 2010, los tres últimos jefes militares, los generales Joaquín Cuadra, Javier Carrión, y Omar Halleslevens, cumplieron sus cinco años en el cargo, y al terminar su período se sometieron a la ley y se fueron a su casa.
Sin embargo, desde su retorno al poder en 2007 Ortega impuso una relación de sometimiento de la Policía y el Ejército al poder político autoritario, con la complicidad de Aminta Granera y Julio César Avilés. Primero, violó la ley de la Policía para prorrogar a Granera en el cargo, y después en 2014, reformó el Código Militar para prorrogar el período de Avilés. Pero la cooptación de las instituciones militares jamás habría sido posible sin la participación de los colaboradores necesarios que antepusieron intereses personales a la ley, a su deber patriótico y su obligación con sus instituciones.
El continuismo que corroe hoy a la cúpula de las instituciones militares es una enfermedad política derivada del reeleccionismo indefinido de Daniel Ortega en su afán de perpetuar una dictadura. Sus consecuencias están a la vista en el colapso institucional de la Policía Nacional que se inició con Granera, mientras la permanencia de Avilés durante diez años, que ahora pretende continuar después de la matanza de abril, le ha hecho un daño irreparable a la confianza nacional depositada en el Ejército de Nicaragua.
El alineamiento político de Avilés con Ortega y su negativa a ordenar el desarme y desmantelamiento de las bandas paramilitares que desataron la represión y la fatídica “operación limpieza”, representa un acto de complicidad política, que ha perjudicado de arriba abajo la imagen de la institución militar. Su permanencia en el cargo después de dos períodos ya ha afectado la promoción de los verdaderos militares profesionales, obstaculizando el desarrollo de la institución. Hay que recordar que este proceso comenzó desde 2013, cuando Avilés decapitó al mayor general Óscar Balladares, exjefe del Estado Mayor, quien era el número dos del Ejército y sería su sucesor natural en el cargo en 2015.
Bajo un gobierno democrático, pos-Ortega, después de una elección libre y transparente, será imperativo emprender una profunda reforma a la institución militar. Por ello, cuando este próximo 21 de febrero se inaugure el tercer período de Avilés, en realidad lo que comienza es la cuenta regresiva de su salida, para después iniciar la reforma democrática del Ejército.
