El doble aislamiento de Daniel Ortega

La farsa electoral del 7 de noviembre tuvo entre sus pocos resultados reales un mayor y justificado aislamiento de la dictadura nicaragüense. Gran cantidad de democracias, entre ellas Costa Rica, la condenaron y desconocieron su legitimidad. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron o endurecieron sanciones a varios personeros de la cúpula gobernante. Cinco días después, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por abrumadora mayoría, aprobó una resolución que rechazó el resultado y encomendó a su Secretaría General evaluar la situación del país antes del 30 de noviembre. Qué seguirá entonces, está por verse.

Daniel Ortega, lejos de buscar vías, aunque sean cosméticas, que envíen un mensaje positivo a su pueblo y a la comunidad internacional, ha optado por incrementar deliberadamente su condición de paria internacional. A esto responde su decisión de abandonar la OEA, a la que su canciller, Denis Moncada, calificó de “instrumento de injerencia e intervención”. Es un proceso que, conforme a la Carta de la organización, tardará dos años, pero ya comenzó a andar y aumentará la insularidad del régimen y, por desgracia, también del pueblo.

Sin duda, la dictadura quiere que la dejen virtualmente sola para hacer de las suyas sin rendir cuentas. Solo tiene la dudosa compañía, como aliados, de Cuba, Venezuela, Rusia e Irán, a la que se añade, todavía, la posibilidad de acceso a créditos de organismos financieros multilaterales. Pero esto último podría verse obstaculizado muy pronto.

La salida de la OEA fue orquestada de manera burda para que pareciera (¿ante quiénes?) producto de un consenso nacional. El 17 de este mes la Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante, aprobó una resolución donde pide al Ejecutivo emprender la acción. Al pedido se unieron, en un alineamiento típicamente estalinista, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral, también apéndices de la familia gobernante. El 19 Moncada, mediante una carta dirigida a su secretario general, comunicó la decisión, que también fue anunciada desde una tribuna en Managua.

Esta escenificación ha coincidido con otro hecho que puede explicarla en parte: el pasado martes 23 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en “desacato” a Nicaragua por negarse a cumplir medidas provisionales de protección para 21 presos políticos —entre ellos siete aspirantes presidenciales—, tomadas por ese tribunal, con sede en San José.

En su resolución, la Corte califica el incumplimiento como un acto “contrario al principio internacional que impone al Estado el deber de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe, así como un incumplimiento del deber de informar” a ese tribunal. Además, anunció que someterá a la OEA ese acto sin precedentes, lo que probablemente conducirá a algún tipo de sanciones.

Cuando un régimen, cualquiera que sea su naturaleza, decide, como una de sus líneas políticas, marginarse de otros países y organizaciones, declara, implícitamente, no solo su desdén por el derecho internacional y otros estándares de conducta universales, siempre una fuente para modular su comportamiento, sino también por su propio pueblo.

Las posturas “matonas”, disfrazadas de dignidad, jamás sustituirán la necesidad de gobernar bien, respetar derechos y libertades y rendir cuentas a los ciudadanos. Es una razón de más para que la OEA y el Sistema Interamericano en su conjunto redoblen el interés por la trágica situación de Nicaragua, tomen medidas drásticas en acatamiento de lo que dispone la Carta Democrática Interamericana y respalden en todo lo posible a los sectores internos que, inmersos en la represión y enormes limitaciones, continúan luchando por la libertad.