24 de agosto 2020
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La publicación de la base de datos del Ministerio de Salud, filtrada por Anonymous, le ha permitido al país conocer los resultados de las pruebas de covid-19 realizadas por el Minsa, que durante cinco meses han sido ocultadas por el Gobierno. El abismo entre los reportes semanales oficiales y la verdad de la información ocultada por el régimen, constituye una prueba irrefutable del engaño con que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han manejado la crisis sanitaria en Nicaragua. Quizás es solo “la punta de iceberg” y no toda la verdad, como ha dicho el neumólogo Jorge Iván Miranda, pero los primeros datos analizados por el epidemiólogo Álvaro Ramírez arrojan mucha luz en medio de la oscuridad en que nos encontramos.
Se comprueba, por ejemplo, sin ningún asomo de duda, que Ortega y Murillo le han mentido a la nación de forma deliberada. Le mintieron a los médicos, a las enfermeras y laboratoristas, y a todo el personal de Salud; y también le han mentido a sus partidarios del FSLN y a los servidores públicos, civiles y militares. Han mentido de forma planificada, al reportar desde el primer día un número de casos de contagio de covid 19 tres veces menor al que registran las mismas pruebas realizadas por el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Minsa. Y siguen mintiendo al reportar que solo hay 133 fallecidos por covid 19, cuando las actas de defunción oficiales a causa de neumonía, diabetes, infarto, e hipertensión, ya revelaban el 30 de junio una tasa de sobremortalidad mayor de 4400 muertos.
Es verdad que el ocultamiento de información en un régimen que ha hecho de la mentira una política de Estado no representa una sorpresa para nadie. La dictadura ha devaluado la credibilidad de todas las estadísticas relevantes sobre la vida pública, como los resultados electorales, los indicadores económicos, y la seguridad ciudadana. Más grave aún es que Ortega y Murillo intentaron borrar de la memoria nacional los nombres de más de 300 asesinados por la represión, durante la Rebelión de Abril, para dejar sus crímenes en la impunidad. Pero ocultar información y mentir en medio de la peor emergencia sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 es, en sí mismo, un acto delictivo que debería ser investigado para determinar las responsabilidades de los autores ante la justicia.
¿Cuántas personas pudieron haber salvado sus vidas y proteger a sus familias ante el nuevo coronavirus, si Ortega y Murillo hubieran tenido la decencia elemental de no ocultar información pública? Ellos expusieron de forma temeraria a la población al peligro y propagaron el contagio. Impusieron un monopolio para realizar las pruebas del covid 19 en el Minsa, y luego cambiaron los datos y ocultaron los resultados de las pocas pruebas que han hecho, que son menos de 18 000, mientras otros países de Centroamérica se han realizado entre 150 000 y 300 000 pruebas.
Para cometer esta fechoría, Ortega y Murillo necesitaron cómplices y colaboradores necesarios como las tres ministras de Salud, Sonia Castro, Carolina Dávila, y Martha Reyes, y el ministro de Salud, de facto, Gustavo Porras. Todos ellos son corresponsables del engaño y deberían ser destituidos de sus cargos, para terminar para siempre con el sistema de obediencia partidaria en el servicio público, y restablecer el profesionalismo en el Ministerio de Salud. Los trabajadores de la Salud, que también han sido víctimas de esta gran conspiración, tienen la fuerza y la autoridad moral para demandar que salga a luz toda la información que sigue oculta en el Ministerio de Salud, y que se liberen las pruebas del covid-19 para que se puedan realizar de forma masiva. El país urge una estrategia nacional para enfrentar la nueva ola de rebrotes de la pandemia que nos amenaza, y el cambio comienza por restituir el derecho a la verdad y la transparencia pública.
Pero nada de esto será posible mientras Ortega y Murillo continúen en el poder. Por el contrario, su desgobierno provocará un agravamiento extremo de las tres crisis: sanitaria, económica, y social, en tanto el régimen siga contando con los recursos económicos para financiar la represión. Es imperativo, por lo tanto, lograr la suspensión del estado policial y restablecer las libertades públicas –el derecho de reunión y movilización, la libertad de prensa y de expresión– para despejar la salida política de la crisis nacional. La estrategia más eficaz para enfrentar un nuevo rebrote del coronavirus es salir de la dictadura, pero el cambio político solo puede ser posible elevando la presión cívica al máximo, junto a la presión internacional, para arrancarle al régimen la reforma política que Ortega no está dispuesto a ceder.
Paradójicamente, en el momento de mayor debilidad política de Ortega, aferrado a un apoyo del 20% del electorado según las últimas encuestas, cuando su credibilidad se ha derrumbado ante sus partidarios por el manejo negligente de la covid-19, la oposición carece de liderazgo y estrategia para elevar la presión cívica y llenar el vacío de poder. Dos meses después de su fundación, la Coalición Nacional está paralizada. Sus promotores siguen poniendo “la carreta delante de los bueyes”, y anteponen discusiones sobre casillas y estrategias para una elección, por ahora inexistente, sin priorizar un plan de acción ante la crisis nacional. La crisis de la Coalición se atribuye a los errores de su diseño original y a la hegemonía de los partidos políticos y en particular el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin duda, ese es parte del entuerto a resolver, pero más allá de la gobernanza y el diseño burocrático de la Coalición, el problema principal radica en la carencia de un plan de lucha, una estrategia de resistencia cívica, para movilizar a los 153 municipios del país contra la dictadura. La mayoría Azul y Blanco no está pendiente de cómo resuelven sus equilibrios internos los jóvenes, empresarios, sociedad civil, campesinos y partidos políticos en la Coalición; lo que demandan es un movimiento conectado con las privaciones económicas de la población, que le dé respuesta a la crisis y la represión que se vive en las ciudades y en el campo.
Ciertamente, el PLC como cúpula política –no el liberalismo– representa un lastre para la Coalición Nacional, por lo que simboliza como aliado del FSLN en el pacto; por la corrupción de Arnoldo Alemán; porque el desprestigio de esta entidad política aliena a la mayoría Azul y Blanco; y porque en una eventual reforma electoral, el PLC se opone a los objetivos democratizadores de la Coalición. Pero si una eventual salida del PLC no está acompañada de un cambio de rumbo en las prioridades de la Coalición en torno a un plan de lucha contra la dictadura, y la construcción de redes y comités unitarios en los municipios, la crisis de la oposición seguirá igual, aún con el PLC fuera de la Coalición.
La parálisis de la oposición no se resolverá con un ajuste burocrático en la cúpula, si no logra sumar a los servidores públicos, civiles y militares, como parte de la resistencia cívica. El país espera un mensaje en defensa del pluralismo político para incorporar a las bases liberales a la Coalición, y también a los sandinistas que no están vinculados a la represión y la corrupción del régimen Ortega Murillo. Solo con la unidad nacional, fortalecida en la unidad en la acción, se puede completar la tarea de la Rebelión de Abril, para salir de la dictadura aliada del coronavirus.
