30 de abril 2019
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En su muy poco estelar y nada creíble aparición ante el Consejo Permanente de la OEA, el vicecanciller Valdrack Jaentschke proclamó repetidas veces la buena voluntad del Gobierno de reconciliación nacional, y como prueba dijo que su equipo negociador siempre estaba presente y puntual en todas las sesiones de la mesa de diálogo. Por supuesto, no hizo mención del hecho que realmente el Gobierno no ha cumplido con un solo punto de los que firmó en las negociaciones, y que los reos liberados no son personas privadas de su libertad por razones políticas.
Y como nota adicional está la última política de control a la entrada de remesas como otra prueba de la magnanimidad reconciliadora del régimen. La medida normativa de la Unidad de Análisis Financiero que las remesas familiares de 500 dólares o más, serán sujeto de supervisión tiene una razón de ser particular de Estados policiales y resulta poco común en otros lugares de alta migración y envío de remesas.
Hay una razón muy simple de parte del Gobierno de aumentar controles sobre las transacciones, su lógica es política y económica como mecanismo de sobrevivencia. La normativa es estrictamente policíaca asumiendo que los que envían mas de 500 dólares no están enviando remesas, sino para actividades sospechosas o amenazantes para ellos.
Estadísticamente cerca del 5% de las transacciones son de más de $500, y por lo general, la tendencia es que son pagos para emergencias, pagos de préstamos, y de vez en cuando una transferencia familiar propiamente dicha. ¿Por qué vigilarlas? Por el miedo a que haya una conspiración desde afuera de parte de las abuelas, madres, tías, sobrinos, hijos de presos políticos, de jóvenes escondidos, de heridos de bala, torturados, que necesitan algún tipo de atención médica.
En resumen, la normativa busca reconciliar el bien con el mal, excepto que el bien no está del lado del régimen.
Las remesas a Nicaragua fueron el único indicador macroeconómico que creció positivamente en el país en 2018. No ocurrió a la misma velocidad que en 2017, y en gran parte se debió a la salida masiva de mas de 50,000 personas en el 2018.
La realidad de estas transferencias es que son una fuente muy importante de oxígeno a los nicaragüenses que el régimen asfixia con sus medidas tributarias, y con recortes de empleados y su reticencia a promover reformas políticas y negociar la estabilidad del país.
Resulta paradójico el hecho que este dinero proviene predominantemente de una diáspora anti-Orteguista y que se manifiesta contra el régimen. Por ejemplo, en una encuesta realizada en febrero 2019, aquellos que tenían un familiar que había salido del país durante la crisis consideraba en un porcentaje bastante alto que las sanciones contra Rosario Murillo eran justas, 63% con familiares en el exterior pensaba que los presos políticos no recibirían juicio justo, 53% considera que este es un conflicto causado por Ortega.
Si bien esta diáspora cuenta con el poder económico de acelerar desplome operativo del Gobierno, sabe que su efecto será mayor sobre sus propias familias. Este riesgo moral tiene sus límites, ya que la paciencia de muchos en la diáspora está configurando medidas de envío que no contribuyan a aumentar el ingreso del Estado.
Las consecuencias de esta normativa contra las remesas son múltiples, y una de ellas es que tendrán la tendencia a incidir sobre los canales informales, especialmente entre aquellos que teman ser vigilados, o que se sientan intimidados por el acto mismo de estar bajo la lupa de un Estado represivo.
Otra consecuencia es que, al sacar la moneda fuerte al mercado informal, se aumentará la tendencia a tasas paralelas de intercambio, de un mercado negro que incidirá sobre la oferta y demanda de dólares en la calle. Eventualmente este problema afectará la tasa inflacionaria y aun más el poder de compra de los nicaragüenses. Con más de 550,000 hogares que reciben remesas, en un país de 1.5 millones de hogares, el nivel de dependencia de las remesas es gigantesco.
Ese 5% en cantidades de $500 o más dólares representan más de $60 millones de dólares, un monto que en tiempos de crisis huyendo hacia la informalidad tendría efectos de acentuar más la crisis del país.
También existe la hipótesis del caso venezolano, es decir, del interés del régimen de forzar la divisa hacia el mercado informal, para dejarla en manos de los especuladores de moneda, los cuáles le pasarían un dividendo al círculo político.
Politólogo. Investigador del Diálogo Interamericano, en migración desarrollo y remesas familiares.
