21 de agosto 2021
AA
Desde la perspectiva de un régimen que no tiene ninguna oportunidad de que el pueblo le avale su continuidad en el Gobierno mediante el voto, fue congruente que, en vez de reformar la ley satisfaciendo las demandas de la oposición y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que los comicios cumplieran los estándares internacionales, la haya reformulado dificultando al máximo la participación de los azul y blanco, impidiendo la observación nacional e internacional, maximizando su control de toda la estructura electoral y creando las condiciones para un fácil nuevo fraude.
Desde el angustioso e inquietante temor de un régimen totalmente divorciado de la mayoría de la ciudadanía y asediado por sanciones internacionales de diversa procedencia, ¿era suficiente con los obstáculos que incorporó en la reforma a la Ley Electoral o necesitaba de medidas complementarias para asegurarse que no habrá ninguna sorpresa el 7 de noviembre?
Al parecer, los cierres, candados y prohibiciones que incorporó el régimen en su reforma electoral, no satisficieron a los Ortega-Murillo, quienes aun así, temieron perder el poder, pues están conscientes que la gran mayoría de la población votaría con entusiasmo en su contra, así que decidieron apretar aún más la fina y cortante cuerda que rodea amenazante el cuello de los votantes y decidieron la suicida medida de secuestrar a siete precandidatos presidenciales opositores y de prohibir a tres partidos políticos.
Si la contrarreforma electoral desenmascaró al régimen en Nicaragua y en el exterior en el incumplimiento de un compromiso, el secuestro de los precandidatos conmocionó a los nicaragüenses y a la comunidad internacional. La forma de la ejecución de esta medida represiva aumentó las ondas expansivas del impacto porque lo hicieron al margen de la ley y bajo medidas draconianas: no hubo orden de captura ni de allanamiento de domicilios; se los llevaron a escondidas y al inicio no se supo dónde estaban; les aplicaron 90 días de arresto para investigarlos; y les prohibieron visita de familiares y abogados y que les llevaran alimentos.
Es comprensible que el régimen no creara condiciones para que se efectuaran elecciones libres porque irremisiblemente las perdería y no quiere entregar el poder, más bien tiene pánico de perderlo. No sé si estamos más aterrorizados los pobladores por su desenfrenada e irracional oleada represiva, o ellos tienen más miedo que nosotros porque están conscientes del abismo insalvable con la ciudadanía que se profundizó en 2018, lo cual no les permite tener ninguna legitimidad y por tanto solo pueden continuar en el poder por la fuerza bruta.
Para asegurar el fraude y seguir en el poder, la familia gobernante no necesitaba llegar a tanto, muchos menos secuestrar a 26 personas más para sumar 33; realizar 140 citaciones a la Fiscalía General de Justicia entre ellas a 40 periodistas; citar ante el MINSA a médicos críticos y a tres alcaldes de CxL ante Inifom; con lo que han impuesto un generalizado clima de terror, promovido el exilio y profundizado la percepción del mundo entero sobre su naturaleza ilegal, brutal, despiadada, al margen de los tratados internacionales que ha suscrito.
Como parte de esta insólita actuación del régimen están también las respuestas a las críticas por falta de democracia y libertad de parte de México, Argentina y España, no solo fuera de las normas del protocolo diplomático, sino rayanas en la procacidad. El lenguaje utilizado, los insultos y ofensas, denotan una situación muy irregular.
Incluso desde su condición totalitaria, se extralimitaron, sobrepasaron varias líneas rojas estratégicas, como si hubieran caído en un desenfreno irracional en el que nada importara porque perdieron la conciencia sobre el significado y el impacto de sus propios actos y que esto los ha hecho entrar a una fase que podría ser terminal. Obviamente, esto último solo es una suposición.
Los Ortega-Murillo se garantizaron que no haya la mínima posibilidad de perder el poder y han creado todas las condiciones para “ganar abrumadoramente” las elecciones del 7 de noviembre, pero será una victoria pírrica que solo les servirá para continuar aprovechándose del país aunque sin ninguna legitimidad interna y externa y más desacreditados que nunca.
Mientras, el miedo cunde en todos los rincones de Nicaragua. Un sentimiento de impotencia y de incertidumbre se ha apoderado de mucha gente. Entre los periodistas hay preocupación por el encarcelamiento de varios colegas y porque puedan continuar los secuestros.
