Opinion

El 19 de julio y la historia de la “Nueva Nicaragua”

La consolidación de una nueva dictadura familiar nos obliga a reevaluar el legado de la Revolución y de la transición democrática

Ninguna fecha nos polariza tanto como ésta. Pero en el fondo, el 19 de julio de 1979 representa una parábola de unidad nacional. Los “muchachos” que dirigían el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a diferencia de la mayoría de sus homólogos marxistas en la guerrilla latinoamericana de aquella época, tendieron puentes con amplios sectores de la sociedad: Iglesia Católica, sector empresarial, sociedad civil, partidos tradicionales y movimientos sociales participaron entusiastamente en la Revolución que a su vez obtuvo contundente apoyo de la comunidad internacional.

Esa coalición pluriclasista, panideológica y multisectorial se cohesionó en torno al repudio colectivo a la estirpe sangrienta de la dictadura somocista. Pero también los unió el anhelo compartido de “transformación política, económica, social, moral y cultural de la Patria.” En su primera Proclama, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional – integrada por el guerrillero Daniel Ortega, el profesor universitario Moisés Hassan, el escritor Sergio Ramírez, la referente de libertades públicas Violeta Barrios de Chamorro y el joven empresario Alfonso Robelo – le dio nombre a ese país de los sueños: “la Nueva Nicaragua”.

La utopía se perdió fundamentalmente por dos razones. Primero, el FSLN hegemonizó al Gobierno revolucionario y se alejó del programa consensuado de “pluralismo político, economía mixta, y no-alineamiento en asuntos internacionales”. Intentaron democratizar la sociedad en ejes económicos y sociales, pero el autoritarismo político e incluso algunas de las reformas redistributivas enajenaron a sus aliados del 79 y provocaron el descontento de algunos sectores populares, especialmente en el campo. Segundo, la intervención norteamericana militarizó disputas y agravios que, sin armas ni financiamiento de Washington, habrían quedado en el ámbito político. Alrededor de 30 000 nicaragüenses murieron en la guerra entre la Contra y el Ejército Popular Sandinista.

Viendo hacia atrás, tal vez el desmoronamiento de la coalición del 79 fue previsible. Sin embargo, el resultado final del período revolucionario aún sigue siendo difícil de explicar. En febrero de 1990, el FSLN se convirtió en el primer movimiento socialista que después de haber llegado al poder por las armas, lo entregó por los votos. Las primeras elecciones verdaderamente libres en la historia del país se dieron en las peores condiciones imaginables para una transición democrática: conflicto armado, injerencia extranjera, colapso económico y ruptura del tejido social.

¿Cómo fue posible? Para comenzar, a nivel centroamericano se articuló la inclusión política como herramienta para poner fin a las guerras internacionalizadas que habían asolado al istmo en los años 80. Fue así que los Acuerdos de Esquipulas de 1987 dieron inicio a un proceso escalonado de resolución de conflicto y democratización en Nicaragua, donde ambas partes tuvieron que hacer asombrosas concesiones. El FSLN se vio obligado a negociar con la Contra y aceptarla como beligerante legítima con reclamos válidos en lugar de tratarla como un brazo de la política exterior estadounidense. Por su parte, la oposición política tuvo que reconocer la legitimidad constitucional del Gobierno sandinista; junto a los países vecinos demandaron el fin de la intervención norteamericana y el desmantelamiento de la Contra a cambio de reformas democratizadoras por parte del régimen.

Esos quid pro quo se fundamentaron en las siguientes premisas. La polarización había hundido al país y un lado no tenía la capacidad de imponerse violentamente al otro. También se reconoció que en esa película no hubo buenos ni malos, sencillamente se había derramado la sangre de hermanos. La campaña presidencial de Barrios de Chamorro, con un mensaje maternal de amor y reconciliación, aprovechó el sentido común de una población que en su mayoría no quería más confrontación entre nicaragüenses. Finalmente, todos tenían un claro interés en la democratización. Para el Frente Sandinista era la única manera de salvar lo que quedaba de un desgastado proyecto revolucionario, y sus contrincantes también aceptaron que Nicaragua no tendría futuro si no se erradicaba el encono de las diferencias. Era “necesario”, escribió doña Violeta en sus memorias, “una política de unidad nacional que nos permitiera construir una nueva Nicaragua”. Un enorme consenso regional y europeo a favor de la pacificación y la democratización, sumado a las menguantes tensiones Este-Oeste, también ayudó. Como resultado, se hizo posible lo imposible en 1990. Nicaragua, cuya historia volcánica ha sido caracterizada por los violentos cambios de régimen, se transformó en un ejemplo para un continente que buscaba en la democracia el camino para dejar atrás los devastadores conflictos ideológicos del siglo XX.

Tres décadas después, la consolidación de una nueva dictadura familiar nos obliga a reevaluar el legado del 79 y del período revolucionario. Dicha discusión se tiene que dar al margen de cualquier mitificación de la lucha del Frente Sandinista, y también al margen de visiones románticas de la Contra, del anti-sandinismo y de la intervención norteamericana. Pero a su vez, la crisis actual invita a repensar las luces y sombras del intento de transición a la democracia liberal de los años 90.

Evidentemente, nuestra desventurada democracia tuvo fallos de origen. Los acuerdos de transición habían sido un arreglo entre cúpulas para poner fin a la guerra. La baja participación popular en la democracia, así como la incipiente y débil institucionalidad, no pudieron contra pactos de poder compartido los que, bajo la pretensión de ofrecer estabilidad, reforzaron la tradicional cultura política del caudillo. El frágil andamiaje democrático tampoco pudo contra la seducción del crecimiento económico como meta primordial de la sociedad, premisa que a partir del 2006 avaló un régimen político de participación selectiva y libertades restringidas, en un reprise del trueque autoritario ofrecido por la dinastía de los Somoza.

Y a pesar de sus conquistas políticas, la transición dejó sin resolver problemas sociales que coadyuvarían al retorno de una dictadura. Propició libertad de expresión, dinamismo en la sociedad civil y autonomía universitaria. Sin embargo, la pobreza y desigualdad no dejaron de afectar a la mayoría de la población. Y para muchos nicaragüenses el arribo de la democracia electoral también significó el fin de reivindicaciones sociales expresadas por el discurso sandinista y la cancelación de ciertos derechos económicos defendidos por el Gobierno revolucionario en términos de acceso a la educación y salud. La privatización de la economía, los ajustes estructurales y la corrupción, tampoco contribuyeron a que la democracia se legitimara con una sensación de bienestar socioeconómico.

Como sociedad, los nicaragüenses tenemos una responsabilidad colectiva por la perpetuación de la violencia y el autoritarismo. Asimismo, todos los sectores de la sociedad – instituciones eclesiásticas, movimientos de mujeres, campesinado, sector privado, ambientalistas, organizaciones indígenas, actores políticos de distintas inclinaciones ideológicas, etc. – han sido agentes de la democratización en el pasado reciente. Una coalición a favor de una nueva transición democrática debe reflejar esta realidad. Eso implica revivir el espíritu de abril y abrir espacios para nicaragüenses de todas las tendencias, incluyendo a quienes simpatizan o alguna vez simpatizaron con la causa sandinista. También significa rechazar los discursos de odio. Los seguidores actuales del FSLN no merecen la misma deshumanización que Ortega impuso sobre la población sublevada en 2018. A eso se refería el político europeo Ramón Jáuregui cuando insistió en la necesidad de buscar “justicia sin revanchas” como elemento clave de una salida sostenible a la crisis. Igualmente, como escribió Carlos Fernando Chamorro en este periódico, es difícil imaginar una coalición exitosa que, además de exigir rendición de cuentas por los crímenes perpetuados, no incluya una propuesta para la dignificación de los servidores públicos, civiles y militares. Por diversas razones, la polarización política favorece a la consolidación de la familia Ortega Murillo dentro del sandinismo y en el Estado.

Lo que nos une es más fuerte que aquello que nos separa. Cómo en 1979 y 1990, sabemos que no hay ningún futuro para el país si no hay cabida para todos. Claro, la unidad anti-orteguista no es un fin en sí mismo. Siempre habrá diferencias (precisamente de eso se trata la unidad en torno a valores democráticos). Pero la unidad sí es un ingrediente básico de cualquier salida a corto plazo. Y a largo plazo, es un imperativo histórico para reivindicar las oportunidades perdidas del pasado, romper los ciclos del subdesarrollo y volver a soñar la Nueva Nicaragua.  

*Historiador. Profesor en Chapman University. Una versión completa de este ensayo puede leerse en el libro Anhelos de un nuevo horizonte: Aportes para una Nicaragua democrática (San José: FLACSO, 2020). Descarga gratuita en: https://flacso.or.cr/publicaciones/anhelos-de-un-nuevo-horizonte/


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