Opinion

Después de la derrota política de Ortega el 7 de noviembre

La presión para cambiar el balance de poder comienza con la liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios espurios

La insurrección cívica de abril de 2018 estableció un antes y un después en Nicaragua. El estallido social que movilizó a centenares de miles de personas durante más de tres meses en marchas, barricadas, y paros, demandando libertad, democracia y elecciones anticipadas, provocó una crisis política irreversible en la dictadura familiar Ortega Murillo. El régimen autoritario, que no fue diseñado para gobernar con oposición, respondió con una violencia represiva inusitada, y de la protesta nació una nueva mayoría política prodemocracia que se mantiene invariable hasta hoy, a pesar de no haber logrado sus metas iniciales de democratización y justicia.

Las últimas encuestas realizadas por CID Gallup, en septiembre y octubre, revelan que una mayoría del 65% de la población votaría el 7 de noviembre por una fórmula de los candidatos de la oposición si no estuvieran en la cárcel, contra un 17% que apoya abiertamente a Ortega; y ese mismo 65% demanda la liberación de los reos de conciencia y la anulación de los juicios políticos. El techo político de esta mayoría azul y blanco se amplía al 76% de los nicaragüenses que consideran que, bajo la dictadura de Ortega, el país va por el “rumbo equivocado”, y el 78% afirma que la reelección de Ortega, sin competencia política y excluyendo a la oposición, no obtendrá legitimidad nacional e internacional.

La consolidación de esa mayoría política sepultó el plan de establecer una dictadura dinástica a través de la sucesión del poder de Daniel Ortega a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como estaba previsto antes de abril, para 2021. Tras la matanza y la “Operación Limpieza” en 2018, Ortega impuso un férreo estado policial, conculcando todas las libertades democráticas. Sin embargo, a pesar de contar con el control político absoluto del sistema electoral no se atrevió a asumir el riesgo de poner en juego el poder en una elección libre y competitiva. Entre junio y agosto de este año, el candidato a la reelección y jefe supremo de la Policía eliminó la competencia electoral al encarcelar a siete precandidatos de la oposición y a más de 30 líderes políticos y cívicos —activistas, campesinos, estudiantes, empresarios, periodistas, y defensores de derechos humanos— que representan a todo el espectro político nacional, y despojó de su personería jurídica a los únicos dos partidos políticos opositores. De esta manera, Ortega perdió dos veces las elecciones del 7 de noviembre: primero, durante las protestas cívicas de 2018, cuando ejecutó crímenes de lesa humanidad para sofocar la Rebelión de Abril y, ahora en 2021, ante el desafío de un liderazgo opositor unificado en las urnas, cuando se vio obligado a anular la vía electoral.

A contrapelo de esta doble derrota política, el caudillo del FSLN se reelegirá este domingo sin competencia, iniciando su cuarto período consecutivo de Gobierno bajo su más grave crisis de legitimidad política nacional e internacional. El de Ortega y Murillo, dejará de ser considerado como un régimen híbrido, una democracia imperfecta, o un autoritarismo competitivo, para ser tipificado como una dictadura a secas, con las consecuencias políticas y económicas que se derivan de su aislamiento internacional, y de la ruptura de las alianzas nacionales que le permitieron gobernar con estabilidad entre 2007 y 2017.

Ciertamente, Ortega puede prolongar la agonía del régimen, atornillándose en el poder con la Policía, los paramilitares y la complicidad del Ejército, y fortalecer sus alianzas con Cuba, Venezuela, Rusia, Taiwán, Irán, y Bielorrusia, pero a un costo económico, social, y humano, cada vez más intolerable para la sociedad nicaragüense. Mientras tanto, el país oscilará entre la incertidumbre de transitar por un callejón sin salida, con el agravamiento de la crisis social que se traduce en mayor migración hacia el norte y el sur, y la expectativa de que solamente con máxima presión política, nacional e internacional, se puede cambiar el equilibrio de poder para despejar el camino hacia nuevas elecciones libres.

El primer paso, a partir del 8 de noviembre, es encarar la crisis de los 150 presos políticos que la dictadura ha intentado invisibilizar y que nunca ha podido quebrar políticamente con cárcel y tortura. Para Ortega, son rehenes y monedas de cambio en una eventual negociación. Para el movimiento prodemocracia, representan un símbolo de resistencia y la esperanza de un liderazgo de cambio. En consecuencia, la demanda por la liberación de los reos de conciencia debería ser mucho más que una bandera cotidiana sostenida por sus familiares, para convertirse en la principal estrategia política nacional e internacional para debilitar el estado policial. La presión para cambiar el balance de poder comienza con la liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios espurios, para preservar todos sus derechos políticos.

La oposición política descabezada por la represión ha iniciado su proceso de reorganización en el exilio, sin autoproclamarse vocera de un ilusorio gobierno provisional o de los líderes encarcelados, sino únicamente como facilitadora de un proceso de unidad nacional, que reclama diálogo, capacidad de interlocución con la comunidad internacional, y sobre todo reconstruir las bases de la resistencia cívica en el país. En un momento en que no existen condiciones para la lucha electoral, la oposición enfrenta el desafío de reactivar las redes de resistencia cívica, y conectarse con las demandas de la población ante el encarecimiento del costo de la vida y el desempleo que empobrece a las grandes mayorías y a los sectores medios, incluidos los servidores públicos, que también son rehenes del régimen.

Con un obispo y varios sacerdotes en el exilio, y cinco líderes empresariales en la cárcel, Ortega ha fracasado en el intento de someter a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica y de reconstruir su alianza corporativista con los grandes empresarios. La Iglesia es la institución más creíble del país y seguirá ejerciendo un poderoso liderazgo moral en defensa de los derechos humanos y las demandas de justicia. Los líderes empresariales del sector privado, en cambio, pese a su peso dominante en la economía nacional, guardan silencio por temor a las represalias del régimen y han renunciado a ejercer un rol cívico, aunque tampoco le han otorgado legitimidad política a Ortega en su deriva totalitaria.

En un paréntesis de tres años consecutivos de recesión, cuando la economía se está beneficiando por el dinamismo de la demanda externa, en los próximos meses es previsible una negociación entre las grandes empresas y gremios económicos con el Gobierno en el interés de mitigar las políticas económicas extorsivas, pero es poco probable que intenten revivir un modelo fracasado, avalando políticamente a la dictadura en el anunciado diálogo nacional. Por el contrario, ante la inminencia de una revisión y eventual suspensión de Nicaragua en el DR-Cafta provocada por Ortega y el rompimiento del orden democrático, mayor debería ser el incentivo para el liderazgo empresarial de recuperar su autonomía, ejercer presión y poner límites institucionales a la dictadura, para contribuir a buscar una salida democrática que le dé una solución duradera a la crisis económica.

La comunidad internacional encabezada por la mayoría de naciones en la OEA y la Unión Europea ya ha adelantado su juicio sobre la farsa electoral del 7 de noviembre, anticipando que los resultados de las votaciones no reúnen las condiciones de una elección democrática. El desconocimiento del régimen de Ortega no equivale a una ruptura diplomática o su expulsión de la OEA, sino a formas de presión política y económica más efectivas, como la Ley Renacer aprobada esta semana en el Congreso de Estados Unidos, para debilitar el poder de Ortega de reprimir sin consecuencias. Sin embargo, la única salida a la crisis política del régimen está en Managua, no en Washington ni en Bruselas. Y, por lo tanto, la presión diplomática debería enfocarse en cómo incidir en la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua. El régimen de Ortega puede soportar sanciones internacionales, individuales o institucionales, por un tiempo, pero no puede gobernar un solo día sin perder el control del poder, si se suspende el Estado policial.

La derrota política de Ortega el 7 de noviembre será siempre incompleta, mientras no desemboque en mayor presión nacional e internacional para recuperar las libertades de reunión, movilización, prensa, y de expresión, y el derecho a elegir y ser electo en Nicaragua. A partir de ese momento, la oposición democrática que hoy está en la cárcel y en el exilio, se convertirá en una alternativa de poder para negociar, con o sin Ortega y Murillo, las reglas de la transición democrática.


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