Opinion

Después de dos siglos: Lo pendiente de la independencia de Nicaragua

Estamos pendientes de cumplir con esa aspiración primigenia: No ser patrimonio de persona ni familia alguna

Este 15 de septiembre se celebra, oficialmente, el bicentenario de la independencia de Centroamérica. Es una fecha oportuna para reflexionar sobre las condiciones en que nacimos como países independientes y los desafíos que afrontamos 200 años después.

Pero antes de la reflexión es importante adentrarnos en los hechos. Comencemos por una afirmación controversial: De acuerdo con los registros históricos, la fecha 15 de septiembre es más bien simbólica porque, en realidad, Centroamérica no alcanzó su independencia en esa fecha.

Posiblemente esta afirmación sorprenda a algunos, por tal razón nos permitiremos recapitular algunos episodios que no son suficientemente conocidos.

El 15 de septiembre de 1821 se suscribió el Acta de Independencia, en la Ciudad de Guatemala, básicamente por parte de las autoridades que hasta entonces representaban al rey de España, en combinación con algunas familias prominentes de Guatemala, intelectuales y jerarcas de la Iglesia católica. Recordemos que Guatemala era la sede principal de los representantes del poder español en Centroamérica.

Incluso, algunos historiadores sostienen que la declaración de independencia fue resultado de una conspiración de las familias y poderes dominantes en Guatemala, fraguada en algo que se conoce como “plan pacífico de la independencia”. Según esta versión, el objetivo de la conspiración era adelantarse, promover la anexión a México y, de este modo, preservar sus privilegios ya sin la carga de la Corona española. Esto explica que Gabino Gaínza, el máximo representante de la administración colonial, quedara al frente de la nueva entidad política. También explica la frase del artículo primero del acta que dice que “…el señor Jefe Político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.

La noticia de la independencia llegó a León y Granada una semana después, pero leoneses y granadinos adoptaron posiciones opuestas.  En Granada, había un fuerte rechazo a la Corona española, en consecuencia, se respaldó la independencia proclamada en Guatemala. León, en cambio, estaba bajo el predominio de fieles servidores del Rey de España, entre otros, el siempre presente obispo Nicolás García Jerez. Los realistas, ante el desconcierto provocado por la declaración de Guatemala, suscribieron lo que los historiadores denominan Acta de los Nublados, algo así como “ni con uno, ni con otro y lo mejor es que quién sabe”. El Acta declaraba a la vez la independencia de Guatemala y la independencia del Gobierno español, y agregaba la frase “hasta tanto que se aclaren los nublados del día”. Sin embargo, confirmaron en el ejercicio de sus cargos a las autoridades coloniales y la vigencia de las leyes coloniales.

La independencia de Centroamérica duró menos de cuatro meses, porque el 5 de enero se estaba suscribiendo una nueva declaración para adherirse al imperio mexicano. Agustín Iturbide, que estaba a la cabeza del nuevo y efímero imperio, envió un destacamento militar para afianzar la anexión y sofocar cualquier intento de oposición. De este modo, el territorio centroamericano estuvo bajo la autoridad del enviado imperial, el general Vicente Filísola.

Sin embargo, el imperio de Iturbide se desplomó en marzo de 1823 y los centroamericanos quedaron al sol y al viento. Tanto así que los realistas leoneses volvieron sobre sus pasos y suscribieron la llamada Acta de la Orfandad (“Que considerándose las Provincias en estado de orfandad por las ocurrencias del Imperio…”).

Se retomó entonces el curso que se había fijado el 15 de septiembre de 1821, con la convocatoria a un congreso integrado por representantes de cada una de las cinco provincias. El congreso se constituyó en Guatemala, en junio de 1823, con la presencia de delegados de Guatemala y El Salvador y, el primero de julio, se proclamó de nuevo la independencia. Dicha declaración quedó sujeta a la ratificación de los ausentes, esto es, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta confirmación se realizó el primero de octubre.

En estricto sentido, la “independencia absoluta de Centroamérica”, con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica se concretó el 2 de octubre de 1823.

En el caso de Nicaragua, la declaración de independencia había desatado conflictos entre los defensores de los privilegios coloniales y quienes aspiraban a establecer una república independiente, estos conflictos estaban cruzados por los antagonismos entre León y Granada. En enero de 1823, los republicanos de Granada se separaron del imperio de Iturbide y estalló la guerra entre “fiebres y serviles”, timbucos y calandracas.  Crisanto Sacasa, por un lado, y Cleto Ordóñez, por el otro, fueron los cabecillas de los bandos enfrentados.

A causa de estos conflictos los representantes nicaragüenses no llegaron a tiempo al congreso que se instaló en Guatemala en junio de 1823, de manera tal que, como decíamos, la ratificación de la independencia, por parte de Nicaragua, se produjo hasta octubre de ese año.

Pero volvamos al punto que motiva el presente artículo: ¿Qué dice esta segunda declaración de la independencia de Centroamérica?

En su artículo uno, declara la independencia de España, de México y de cualquier otra potencia, y agrega que las provincias centroamericanas “no son, ni deben ser patrimonio de persona ni familia alguna”.

 Y aquí estamos, después de 200 años de tormentosa historia, pendientes de cumplir con esa aspiración primigenia: No ser patrimonio de persona ni familia alguna.


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