7 de abril 2017
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La nueva versión de la ley Nica Act que pretende establecer el veto del gobierno de Estados Unidos a los créditos de Nicaragua ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), es condenable por razones éticas y también prácticas. La pretensión de cercenar el acceso del pais a créditos internacionales para obras de desarrollo, no admite ninguna clase de justificación política. No solamente porque el acceso a los organismos multilaterales de crédito es un derecho soberano, sino además porque su suspensión perjudicaría más a la población al privarla de obras de infraestructura productiva y social, que a la dictadura que pretende sancionar.
Se trata de un proyecto de ley contrario al interés nacional. Pero la causa de la Nica Act no reside en las supuestas gestiones de sectores de la oposición en el congreso de Estados Unidos, como alega irresponsablemente un comunicado oficial, sino en la demolición de las instituciones democráticas provocada por el Gobierno. El único responsable de eventuales sanciones económicas y políticas es el presidente Ortega que ha violado de forma recurrente la Constitución de la República, en tanto con los fraudes electorales, la anulación de la separación de poderes, la represión política, y la corrupción, ha atropellado convenios internacionales suscritos por Nicaragua sobre democracia y derechos humanos.
El nuevo proyecto de la Nica Act amplía y endurece las condicionalidades que ya estaban contempladas en la ley aprobada el año pasado, pero es más grave áun porque ignora totalmente los resultados del acuerdo político entre el Gobierno y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que fueron concebidos para frenarla. Para nadie es un secreto que la única razón por la que el comandante Ortega accedió a dialogar con la OEA, fue por la amenaza de la Nica Act que surgió como consecuencia del cierre del espacio político antes de las elecciones de noviembre. Súbitamente, el Gobierno pasó de pedir la destitución de Almagro a dialogar a puertas cerradas con la OEA, mientras Almagro engavetó su informe sobre el colapso de la democracia en Nicaragua, para incentivar a Ortega a hacer pequeñas concesiones sobre la mecánica electoral.
El resultado fue un acuerdo político a ejecutarse en tres años que incluye un “borrón y cuenta nueva”, evidenciando el doble rasero de Almagro para tratar los casos de Nicaragua y Venezuela. Pero al revivir la Nica Act ignorando el diálogo con la OEA, los congresistas norteamericanos confirman que Almagro y Ortega desperdiciaron una oportunidad. El acuerdo no resulta creíble como una hoja de ruta para restablecer la democracia en Nicaragua, porque no toca los asuntos torales relacionados con la violación de la misma Carta Democrática de la OEA. Y si alguna duda quedaba, Ortega ha desacreditado el acuerdo con Almagro en el debate sobre la crisis de Venezuela, en el que su gobierno aparece defendiendo a la dictadura de Nicolás Maduro y atacando a la misma OEA, que supuestamente le serviría de paraguas ante el congreso norteamericano. De manera que mientras Almagro le reclama a los congresistas que la Nica Act “no es constructiva” y pide tiempo hasta que su diálogo brinde resultados, en su comunicado el gobierno de Ortega ni siquiera reivindica los compromisos mínimos que adquirió con Almagro y la OEA, porque en realidad su único interés ha sido ganar tiempo, sin haber tenido jamás la convicción de restablecer la democracia.
El futuro de la Nica Act como ley es, por ahora, impredecible pues depende de factores políticos asociados a la dinámica interna del Congreso y el Senado norteamericano. Lo único claro es que la amenaza de sanciones económicas solo puede ser derrotada en Managua y no en Washington. Aquí es donde está la raíz del problema: la demolición de las instituciones democráticas y la corrupción pública, que en este medio de comunicación hemos documentado con pruebas, sin que la Contraloria, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, o la Corte Suprema de Justicia, hayan realizado alguna investigación oficial para castigar a los corruptos. La única virtud que tiene la Nica Act es que obligará a la sociedad nicaraguense, y en particular al sector privado que mantiene una alianza económica con el régimen autoritario, a confrontarse con el cáncer de la corrupción y la falta de transparencia pública, que por ahora no forma parte de su agenda.
En Nicaragua no necesitamos que el Departamento de Estado de EE.UU. publique un informe sobre la corrupción, como demanda la Nica Act, para constatar la existencia de una corrupción desenfrenada. Bastaría que las autoridades investiguen las denuncias que ha presentado la prensa independiente sobre el desvío ilegal de más de 4,000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana que, sin rendición de cuentas, han estado al servicio de los negocios privados de la familia presidencial. Y aunque esto no es viable a corto plazo, porque carecemos de un Estado democrático, es imperativo vencer el miedo para denunciar y documentar la corrupción. Si de verdad queremos frenar la Nica Act, el primer paso es ponerle límites a los abusos del poder y la corrupción. De lo contrario, el país seguirá siendo rehén de una dictadura institucional que ahora enfrenta la amenaza de sanciones sanciones económicas. Mañana puede ser incluso peor.
