En defensa del debate público

Las cámaras del Cosep suscribieron un pronunciamiento en respaldo a su presidente, ante lo que describen como una "campaña de descalificación de algunos periodistas y medios de comunicación" sobre su quehacer institucional.

El comunicado no ofrece ninguna prueba de la “campaña”, ni identifica cuáles son los medios de comunicación y los periodistas que la promueven. Únicamente dicen que la “campaña” se basa en "fuentes anónimas y posiciones ideológicas personales" y que pretende "dividir al Cosep para convertirlos en instrumentos de intereses político partidarios".

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, que ha presidido esta organización durante diez años consecutivos, agradeció el respaldo de las cámaras, y se rehusó a identificar a los responsables de la presunta campaña, para evitar “personalizar”.

Sin embargo, el jueves pasado en un programa de televisión matutino, el empresario César Zamora, presidente la cámara de energía, que también actúa como vocero del Cosep, atacó de forma virulenta al diario La Prensa, a este medio de comunicación y a mi persona, acusándome, sin presentar ninguna prueba, de ser la cabeza de la supuesta “campaña” en contra el Cosep.

Zamora alegó que se pretende darle un “golpe táctico” al Cosep, para “golpear” al presidente Ortega. Y en un alarde disparatado de teorías conspirativas, dijo que la demanda de transparencia pública que hemos hecho en Confidencial, ante la conspicua relación corporativista que mantiene el Gobierno con los grandes empresarios, tiene como objetivo descarrilar las gestiones políticas de la OEA, para facilitar la aprobación de la ley Nica Act, y entonces “golpear” al presidente Ortega (?).

El comunicado del Cosep alude a la “campaña” mencionada por Zamora, pero cuando se le pide pruebas a su presidente, este presenta como cuerpo del delito las caricaturas que han publicado Pedro Molina en Confidencial y Manuel Guillén en La Prensa, ejerciendo su derecho a la libertad de opinión.

En la tradición histórica nicaragüense, los caricaturistas y humoristas han sido siempre los más aventajados críticos del poder. Desde mediados del siglo pasado, Gonzalo Rivas Novoa (GRN), Toño López, Chilo Barahona, autor de Panchito y la Rana, Alberto Mora Olivares, el creador de Nicasio, y el gran Róger Sánchez, inventor de Polidecto, los Muñequitos del Pueblo y el Humor Erótico, los caricaturistas se han burlado del poder y más aún cuando se trata de un poder abusivo y represivo, que no le deja al pueblo otro camino que el humor para defenderse. Por eso, cuando la actuación y el mensaje de algunos líderes empresariales se mimetiza con el discurso oficial de un régimen autoritario, las figuras públicas incurren en un costo reputacional, que inevitablemente los caricaturistas son los primeros en develar con la sátira de sus dardos. Ese es el oficio de los humoristas frente al poder en todas partes del mundo, pero de ahí a alegar que su labor responde a una campaña conspirativa contra el Cosep, solo se explica por la intolerancia de algún individuo envanecido, o por el afán de callar las críticas de los pocos medios de comunicación independientes que fiscalizan al poder público y al poder privado, como una función consustancial de su compromiso con la democracia.

En Confidencial y Esta Semana, abogamos por la restitución del debate público anulado por el Gobierno, ante el secretismo oficial y la falta de transparencia. Hemos documentado con pruebas y datos, los costos económicos que representa la millonaria corrupción, que se escuda detrás del derrumbe de la institucionalidad democrática. Hemos presentado argumentos irrefutables, sobre los riesgos que significan para el país, a corto y a largo plazo, el corporativismo autoritario del régimen de Ortega, que algunos insisten en seguir llamando el “modelo Cosep”.

En el sector privado, y entre los principales líderes de las cámaras empresariales, hemos encontrado una genuina preocupación ante estos dilemas, y el interés de que sean objeto de un debate abierto y respetuoso en los foros apropiados. Pero también predomina la autocensura, por el temor que emana de un régimen dictatorial que no tiene ningún contrapeso institucional ni legal. Los empresarios, nacionales y regionales, que sí se atreven a compartir estas preocupaciones, solicitan que sus identidades sean protegidas para prevenir las represalias del poder. Y gracias a las pruebas y documentos que han aportado fuentes del sector público y del sector privado, técnicos y profesionales honestos del Gobierno y también empresarios privados comprometidos con la transparencia, es que la prensa independiente ha podido demostrar la magnitud de la corrupción que campea en Nicaragua.

Nuestras fuentes pueden estar seguras de que nunca vamos a exponer su integridad ante las presiones del poder.

De manera que en vez de intentar callar a los medios independientes, como sugiere el comunicado del Cosep, lo que el país necesita es reconocer el derecho de la prensa independiente a ejercer su función crítica, sin ninguna clase de cortapisas. El debate público más bien es necesario para los empresarios privados que sí juegan un rol fundamental para promover una economía más competitiva, y por ello deberían también convertirse en un actor de cambio, si se deciden a dejar de ser rehenes del autoritarismo.

Ahora la estabilidad económica nacional está más amenazada como consecuencia de la Ley Nica Act, atizada por la corrupción y el autoritarismo del régimen. Ortega tiene la última palabra para desactivarla, pero solo los empresarios del Cosep le pueden poner el cascabel al gato. ¿Se atreverán?