6 de febrero 2017
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de hacer público su Informe Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe , que pone de relieve las graves repercusiones económicas que el delito tiene para el crecimiento regional. No es un tema novedoso. El propio Banco se ocupó del mismo previamente, al igual que CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, que en 2014 publicó el documento: Por una América Latina más segura: Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito.
El interés de los organismos multilaterales en la cuestión refleja la preocupación política y social existente. Según el Latinobarómetro 2016, en 10 de los 18 países estudiados (Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay) la delincuencia es su principal problema.
La desocupación preocupa más en Costa Rica, Nicaragua y Paraguay; la economía en Argentina y Ecuador; la corrupción en Bolivia; la salud en Brasil y el desabastecimiento en Venezuela. El temor frente al delito es compatible con esa percepción: el 88% de los encuestados se sintió atemorizado por la violencia (el 14% ocasionalmente, el 29% algunas veces y el 43% casi todo el tiempo).
No en vano América Latina es la región más violenta del planeta: concentra el 33% de los homicidios mundiales, pese a contar con solo el 9% de la población global. Por eso el BID apunte en su Informe: “el crimen en América Latina y el Caribe es costoso y genera múltiples distorsiones para todos los agentes de la economía”.
De hecho, el delito en sus diversas variantes supone un coste anual promedio del 3,55% del PIB, o 261.000 millones de dólares, una suma similar a la que los países latinoamericanos y caribeños gastan cada año en la construcción de infraestructuras. El promedio regional del 3,55% esconde grandes diferencias nacionales, que van del 6% de Honduras y El Salvador hasta el 2% de México.
El estudio se hizo en 17 países de América Latina y el Caribe. De los latinoamericanos faltan: Bolivia, Cuba, Haití, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Según Laura Jaitman, la coordinadora del Informe, Venezuela no fue incluida pese a ser uno de los países más violentos del mundo, dada la falta de información oficial sobre el gasto público en seguridad. Caso de contarse con los datos venezolanos es muy probable que se incrementaría el costo promedio de crimen para América Latina.
Resulta interesante ver cómo la prensa latinoamericana recoge la noticia de la publicación. Prácticamente toda ella subraya las consecuencias para su país, o su posición en los rankings generales, en lugar de abordar la cuestión como un problema de ámbito regional que requiere soluciones que vayan más allá de las fronteras. No es así. El crimen y la violencia se viven en primera persona, como temas estrictamente nacionales que solo pueden abordarse desde una perspectiva nacional.
Aquí, como en tantos otros ámbitos, la integración y el discurso de la “patria grande” quedan en pura retórica.
Los costos
El Informe contempla costes de distinto tipo: públicos, privados y sociales. El gasto público incluye las partidas presupuestarias que financian el sistema judicial penal, los servicios policiales y las cárceles. Desde esta perspectiva, una pregunta que el Informe intenta responder es en qué medida las políticas públicas contienen o reducen la delincuencia y el impacto del delito, ya que la debilidad estatal repercute negativamente sobre los logros esperados.
Tampoco se puede olvidar la escasa recaudación fiscal en buena parte de la región, que también atenta contra la disponibiliad de recursos en la lucha contra el crimen.
La debilidad del estado lleva a ciudadanos y empresas a aumentar su gasto en seguridad, tanto para protegerse como para prevenir posibles delitos. Mientras las empresas reducen su inversión y pierden productividad, los particulares destinan recursos que merman su capacidad de ahorro o el gasto en otras actividades y necesidades, disminuyendo su calidad de vida.
Aquí también aparece el componente social, que mide los costes de la victimización y la pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos, así como los ingresos no generados por los reclusos hacinados en las cárceles.
Nueve de cada 10 víctimas de los homicidios son varones de entre 15 y 30 años. Esto equivale a decir que la violencia delictiva se ceba en el grupo demográfico de mayor productividad laboral. El estudio de la población reclusa depara resultados similares. En este caso concreto la cuestión gira en torno a la utilidad de las cárceles como centros de reinserción o para mantener apartados del delito a los presos más peligrosos o reincidentes. A tenor de lo que ocurre en las prisiones de Brasil y otros países latinoamericanos la respuesta es bastante descorazonadora.
El Informe también se ocupa de la violencia contra la mujer, del crimen organizado y de la ciber delincuencia. En relación a esto último se observa la escasa preparación de las distintas administraciones para enfrentar un fenómeno cada vez más peligroso.
De todos modos, el principal obstáculo no son los recursos disponibles, ya que América Latina gasta mucho en el combate contra el crimen, aunque la generalización de la violencia, muy por encima del promedio mundial, hace que los resultados sean escasos.
El problema de fondo gira en torno a la concepción del estado, a la forma en que se conciben los bienes públicos y su apropiación por los particulares y a la solidez institucional, comenzando por la justicia.
Publicado originalmente en Infolatam.
