Opinion

El Cenidh y la concentración mediática

La independencia de actuación del Cenidh, en relación con sus antiguos aliados políticos, le ha granjeado un posicionamiento envidiable

En la medida que el tiempo transcurre, los nicaragüenses perciben mejor los efectos perniciosos de la concentración mediática. Toda duda ha desaparecido. Los dueños del duopolio televisivo, conformado por la familia presidencial y el empresario mexicano—estadounidense Ángel González, deciden quienes deben aparecer en las pantallas de la televisión en VHF. El enorme poder que gozan les permite invisibilizar, omitir, resaltar y eliminar temas y rostros que no coinciden con sus intereses político—ideológicos. La familia presidencial abultó su portafolio mediático a partir del regreso del comandante Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua. Hasta 2007, solo eran dueños de Canal 4. En 2010 Albanisa —una sociedad nica—venezolana adquirió Telenica, dueña de Canal 8. Nombraron como su director, al joven Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial. Iguales funciones ejercen sus hermanos, en los canales 4 y 13. Son quienes los dirigen.

Mientras el ascenso hacia la presidencia del comandante Ortega, se traducía en la creación de un aparato mediático familiar y su aliado Ángel González, sumaba nuevos canales a su favor, en esa misma proporción el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), veía debilitada su presencia en los medios. La presidenta de esta institución, Vilma Núñez de Escorcia, empezó a ser víctima de campañas sistemáticas de desprestigio. Nicaleads se ha encargado de emprender una cacería en mi contra. Los efectos de la animadversión que me guarda el gobierno se han extendido hacia otros canales televisivos. En vista que González ha sido uno de los mayores favorecidos con el otorgamiento de frecuencias radioeléctricas, resulta impensable que entre en contradicción con su benefactor. La política informativa de Radio y Televisión Nicaragüense, Sociedad Anónima (Ratensa), siglas con que opera su conglomerado mediático en Nicaragua, ha sido excluir temas y rostros que pudieran ser urticantes para el gobierno.

En noviembre de 2011, el país se vio sacudido por la noticia de la venta de Televicentro, sociedad propietaria de Canal 2, entonces el de mayor prestigio en Nicaragua. La reacción de diversos sectores sociales y académicos fue criticar y oponerse a dicha venta. En un primer momento se dijo que iba a ser adquirido por la familia presidencial. Al final quien lo compró fue Ángel González. (El único a quien el gobierno hubiese autorizado su adquisición). Al producirse la noticia, el ahora decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), Adrián Uriarte, lideró un movimiento oponiéndose a dicha transacción. Núñez de Escorcia apoyó la iniciativa de Uriarte y los resultados fueron adversos para el Cenidh. Marcó el inicio de una política excluyente a través de este canal. La cobertura brindada al Cenidh por Canal 2, bajó sensiblemente. Lo peor llegaría después. La compra del canal permitió a la familia presidencial hacerse cargo de la política informativa de TV Noticias. El golpe asestado al Cenidh fue brutal: fue excluido de toda forma de cobertura.

Lo ocurrido a la organización de derechos humanos, se debe a la polarización que vive la sociedad nicaragüense. Los medios se han convertido en su principal caja de resonancia o de linchamiento. En los canales televisivos propiedad de la familia presidencial, omiten deliberadamente temas que contradigan las políticas impulsadas por el gobierno. Debido que al Cenidh acuden mensualmente muchos nicaragüenses, acusando a funcionarios e instituciones gubernamentales de violación de derechos humanos, las consecuencias para dicha institución han sido absolutamente negativas. Para Núñez de Escorcia —antigua militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN— el tratamiento discriminatorio recibido a través de los canales de la familia presidencial, se ha hecho extensivo hacia otros medios. Los canales 15 y 23 (63 y 99 en la TV por suscripción), han bajado de manera sensible la cobertura que brindaban a las denuncias hechas públicas por el Cenidh. Yo entiendo a los dueños de los canales. Tienen múltiples razones. Algunos temen perder la publicidad oficial que reciben, otros la cancelación de sus licencias, argumenta Núñez de Escorcia.

Ante la persecución emprendida contra Núñez de Escorcia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictó medidas cautelares a su favor. En nota enviada por la Organización de Estados Americanos, el 11 de noviembre de 2008, solicitó al gobierno de Nicaragua la adopción de medidas urgentes para garantizar la vida e integridad física de Núñez de Escorcia, petición que la CIDH hizo extensiva hacia los demás miembros del Cenidh. El gobierno presidido por el comandante Ortega, no quiso concertar estas medidas. Se negó totalmente. Quién iba a creer que el gobierno de Arnoldo Alemán fuese más consecuente, aduce Núñez de Escorcia. El 27 de noviembre de 2000, acordó con el gobierno del doctor Alemán, medidas cautelares para la protección de su persona. El presidente de la república delegó en el Comisionado Mayor, Francisco Javier Bautista Lara, Jefe del Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) y en otros miembros de la institución policial, atender la petición de la CIDH. Ahora nos encontramos en una situación difícil. Con el agravante—sostiene— que los canales televisivos en manos del gobierno, invisibilizan el trabajo del Cenidh.

La doctora Vilma Núñez de Escorcia, goza de enorme prestigio y simpatía entre los nicaragüenses. La labor desempeñada en favor de los derechos humanos ha sido meritoria. Desde que fundó el Cenidh —junto con otros quince nicaragüenses— su labor ha sido justamente valorada. La independencia de actuación del Cenidh, en relación con sus antiguos aliados políticos, le ha granjeado un posicionamiento envidiable. Núñez de Escorcia sufrió persecución política y militar a finales de los setenta del siglo pasado. La orden provino del general Anastasio Somoza Debayle, el último de la dinastía. Ante esta situación, salió al exilio. Debido a sus méritos profesionales, la dirección colegiada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), una vez derrotado el somocismo, la nombró magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La censura que sufre la atribuye —entre otras causas— a la decisión gubernamental, de obviar temas sensibles para la vida nacional. Una conducta que va más allá de los canales que poseen (Canales 4, 8 y 13, controla Canal 6, propiedad del Estado), iguales actitudes asumen los dueños de los demás canales. No desean mal disponerse con el mandatario.


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