Candil de la calle

La resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, favorable para Nicaragua en el diferendo con Colombia, nos deja una lección y pone en evidencia una flagrante contradicción. La lección consiste en reconocer que, a largo plazo, el camino de las políticas de estado produce resultados positivos para la nación. La defensa de los intereses territoriales de Nicaragua es una de las pocas estrategias que ha tenido un carácter nacional y continuidad a través de distintos gobiernos a lo largo de los últimos cuarenta años. Nunca ha ocurrido lo mismo en otros temas determinantes para nuestro desarrollo como educación, fiscalidad, o la construcción de instituciones democráticas. En esos casos, la norma ha sido el borrón y cuenta nueva, o peor aún, demoler lo que hicieron gobiernos anteriores como ha hecho Ortega en todo lo atingente a institucionalidad.

Pero, también, la negativa colombiana a reconocer la autoridad de la Corte internacional para delimitar la frontera entre ambos países, plantea una ironía por partida doble, que afecta tanto a Colombia como a Nicaragua. Por un lado, resulta incongruente que el presidente Juan Manuel Santos que se jacta de ser un demócrata cabal, rechace el fallo y la jurisdicción de la CIJ, solo porque este no le favorece a su país. Y por el otro lado, también resulta incoherente, que mientras el gobierno del comandante Ortega proclama la vigencia de la ley y la tutela del derecho internacional emanado de la corte de la Haya, al mismo tiempo actúa como un régimen autoritario que viola sistemáticamente la Constitución y las normas más elementales del derecho. Basta decir que en nuestro país ni siquiera se respeta la norma constitucional de las 48 horas para que un detenido debe ser puesto en libertad o a la orden del juez, y que tampoco existe el mínimo equilibrio o contrapeso entre los poderes del estado, que perdieron su autonomía y están sometidos de forma grotesca al ordeno y mando del caudillo.

De manera que así como cuestionamos al presidente Santos, por desconocer la resolución de la Haya, lo cual contradice su compromiso democrático, los nicaragüenses debemos exigirle coherencia a nuestro gobierno entre lo que proclama para afuera y lo que practica hacia dentro.

El gobierno no puede seguir siendo "candil de la calle y oscuridad en la casa". Si el comandante Ortega quiere que se respete y se tome en serio a su gobierno como un celoso defensor del derecho internacional, entonces también está obligado a respetar de forma irrestricta la ley y los procedimientos democráticos en nuestro país, y eso pasa por restituir plenamente el estado de derecho, que ha sido violentado por una práctica autoritaria. El respeto a la ley no admite dos raseros. La congruencia debería empezar por restituir el derecho a elecciones libres y transparentes, para devolverle al soberano el poder de decidir.