25 de julio 2019
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Días atrás, el defensor de Derechos Humanos Álvaro Leiva denunció una estrategia gubernamental para destituirlo de su cargo en la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), acto seguido directivos de la organización encabezados por Don Frank Lanzas Tercero denuncian falta de rendición de cuentas por cerca de medio millón de dólares; falsificación de firmas para crear una nueva organización en Costa Rica; y cuestionamientos a la tarea de documentación de violaciones a Derechos Humanos.
Ante la mayor crisis de violaciones a Derechos Humanos que vive Nicaragua en su historia, no aclarar esta situación de forma adecuada puede acarrear despreciables y muy nocivas consecuencias. Como efectos del no esclarecimiento, puede presentarse la contracción de la cooperación internacional para la protección y defensa de los Derechos Humanos; mayores exigencias para acordar el financiamiento de proyectos; alentar a personas inescrupulosas a que busquen financiamiento para las víctimas o cualquier otro proyecto inspirado en la crisis sociopolítica en nombre de los Derechos Humanos; y que las graves violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el país, sean puestas en duda, minimizando la crisis.
Todos vimos el coraje, valentía y determinación de Álvaro Leiva durante la crisis lo que hizo merecedora a la ANPDH de un premio otorgado por las embajadas de Alemania y Francia, y en honor a la verdad, fue un mérito de él, ya que a diferencia del CENIDH o la CPDH, no había otros rostros visibles de la organización. Pero voy más allá, ante una eventual transición democrática en Nicaragua, un potable candidato a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es el propio Leiva, y su posible designación debe realizarse más allá de cualquier duda sobre su trayectoria.
Lo simple es decir que se trata de una maniobra del régimen, pero quienes conocemos a Don Frank Lanzas Tercero, sabemos que difícilmente se prestaría a eso. En lo personal, tengo muy presente que cuando fue Comandante de los Bomberos Voluntarios de Matagalpa, instituyó que mes con mes se pegara un informe de ingresos y egresos de la institución en la tabla de avisos, junto al rol de turnos, a la vista no sólo de quienes éramos bomberos voluntarios, sino de cualquier persona que visitara la institución.
Quiero creer que la controversia es una mezcla de falta de comunicación y ausencia de un plan estratégico institucional, no la mala fe. Empecemos por lo más sensible, si bien el Secretario Ejecutivo de la ANPDH no ha rendido cuentas a la Junta Directiva, no significa que los gastos no se hayan soportado ante el cooperante, esto suele ser condición para los desembolsos. Para mí, lo más delicado es la posible falsificación de firmas con la que se constituyó una organización en Costa Rica, en todo caso es un hecho fácilmente verificable, aunque con repercusiones jurídicas relevantes.
En cuanto a la falta de documentación sobre las Violaciones a Derechos Humanos, puedo decir que no es un tema simple. La última década, la agenda de defensores de Derechos Humanos ha sido reactiva ante la amenaza que significa el régimen Ortega-Murillo, no se fortaleció la institucionalidad en este sentido y ciertamente no se ha impactado en la capacidad de documentación de los defensores. Para muestra un botón, les invito a visitar en los sitios WEB de la CNDH o CDHDF (en México), buscar cualquier recomendación que hayan hecho y se darán cuenta que la mera recomendación (resolución que determina la violación a Derechos Humanos) tiene un tamaño no menor de 50 páginas. Esas recomendaciones contienen: un resumen de la denuncia; lo que se investiga; lo que se verifica; por qué se determina la responsabilidad de una autoridad; y las medidas de reparación que debe realizar la autoridad. Como soporte de la recomendación, existe un expediente que por lo general se encuentra entre cientos, sino miles de folios. De hecho, la versión pública de ese expediente puede ser solicitada ejerciendo el derecho de acceso a la información para verificar mi dicho.
Es absurdo exigir el rigor mexicano a los defensores de Derechos Humanos en Nicaragua por la experiencia, presupuesto y desarrollo normativo. Sin embargo, alguna exigencia mínima debió usarse para construir el número total de violaciones a Derechos Humanos, por ello y basado en mi experiencia me surgen al menos dos dudas. Si consideramos que las organizaciones de protección de Derechos Humanos que recibieron denuncias y canalizaron las mismas con la CIDH ¿Por qué las cifras de la ANPDH son más altas que las de la CIDH? Y, si Leiva era prácticamente la única cara visible de la ANPDH ¿Cómo hizo para documentar el universo de las violaciones a Derechos Humanos? Esto no es cosa menor, porque la credibilidad de una organización de Derechos Humanos es su principal activo y, en segundo lugar, porque ya no podemos construir la verdad histórica en Nicaragua a tapazos (perdonen el francés).
Para terminar con las especulaciones y evitar los efectos nocivos y despreciables que puede acarrear esta controversia, me parece importante que una persona o grupo de personas, con la anuencia de las partes, investigue y esclarezca lo ocurrido. Lo que menos necesita Nicaragua y las víctimas del régimen en este momento, es agravar la situación en que se encuentran las organizaciones de promoción y protección de los Derechos Humanos. Descalificar la demanda de rendición de cuentas y hacernos los ciegos ante esta situación es justo lo que haría el régimen Ortega-Murillo, y quiero creer que, de éste lado de la acera, estamos personas diferentes.
*Maestro en Derechos Humanos
