Opinion

Ahora el enemigo somos todos

Saben que ya no tienen la mayoría, que nunca más la tendrán, que mientras más intenten controlar a la gente, más rechazo siembran y cultivarán

A pesar de que dispone de todos los mecanismos para malversar el proceso electoral, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sufre de inciertos presagios. Quieren reconfortar a sus bases con las encuestas de M&R que anuncian con bombo y platillo cifras que les favorecen, pero las encuestas confiables les indican que no están a salvo del pueblo nicaragüense y sus deseos de cambio. De allí que, en los últimos cuatro meses, su inseguridad los haya conducido a un frenesí de leyes y disposiciones y reformas con que piensan espantar sus propios miedos encarnizándose con los ajenos.

Es un espectáculo lamentable al que estamos asistiendo. Bajan las leyes del Carmen hacia el hemiciclo de su Asamblea, y los cortesanos las aprueban amodorrados en el caldo de su propia obediencia. No les importa saber que ninguna de las mal llamadas leyes que han promulgado en los últimos cuatro meses, responde a las necesidades del pueblo nicaragüense, ni está prescrita para el bien común.

Empecemos por la reforma a la Constitución: a pesar de los varios crímenes horribles contra mujeres que han sucedido apenas inició el 2021, no hay indicios de que se proponga aplicar a los culpables la cadena perpetua. Parece que esos no son los “crímenes de odio” que intentan castigar. Las violaciones y asesinatos de las niñas de doce años cuyo repudio, argumentaron, los motivó a proclamar, nada menos que en el natalicio y frente a la casa de Rubén Darío, la instauración de la prisión perpetua en Nicaragua, no se ha aplicado al culpable. El discurso de la vicepresidente a diario repite cuales son los crímenes de odio que cuentan para ella. Queda claro entonces que esa reforma es una advertencia para intimidar a quienes se atrevieron y siguen atreviéndose a expresar su descontento.

La ley de Agentes Extranjeros, por otro lado, no sólo no beneficia, sino que perjudica a Nicaragua, sobre todo a los más pobres y a los muchos nicaragüenses y hasta sandinistas que, en los 90, encontraron en la Organizaciones No Gubernamentales, un techo bajo el cual refugiarse y encontrar trabajo. Las ONG fueron un baluarte de apoyo en la lucha contra Somoza. El Frente Sandinista mismo les debe mucho. Ah, pero ahora el gobierno quiere hacerles onerosa, sospechosa y limitada su existencia en Nicaragua. Saben que muchas de estas organizaciones apoyan valores cívicos, la educación de la gente en oficios como el periodismo, la formación democrática, el apoyo a la cultura, a programas que han sido cruciales en el campo, en riegos, acceso al agua y en el aprendizaje de técnicas modernas de cultivos. Las donaciones externas de agencias de cooperación u altruistas como CARE, Operación Sonrisa, como Música en los Barrios, como las donaciones para imprimir libros de autores nicaragüenses, o las destinadas al exitosísimo Festival Internacional de Poesía de Granada, han permitido beneficios enormes a los nicaragüenses, han expresado la solidaridad de otras naciones y personas para nuestro crecimiento y bienestar ciudadano.

Lo que pretende esta ley es cerrar el oxígeno, darles la muerte civil y política a organizaciones que promueven proyectos de la sociedad civil. Pretende, además, en este año electoral, impedir que los partidos políticos reciban donaciones. ¿Dónde estaría el FSLN si esta ley hubiese existido cuando eran donaciones de Gadafi y otros amigotes los que les financiaban sus campañas? Para reiterar su intención de acallar la disidencia, la ley impone a quien recurra a donaciones que en un país pobre son necesarias, la pérdida de sus derechos políticos. Los nicaragüenses que se inscriban pasan a ser “agentes extranjeros” no pueden ni opinar en política, ni hacer lo que Gobernación defina como “proselitismo político”, ni ser candidatos, ni siquiera funcionarios públicos.  El régimen los declara enemigos solapados. Lo que hay detrás de esa ley es la noción de que “el que tiene plata, platica” Piensan que, sin plata, nadie podrá platicar, se callarán las voces críticas y los partidos quedarán en el desamparo.

Promulgan también una ley contra los Ciberdelitos. Esa ley no es para proteger al pueblo. Todos lo sabemos. Es para su misma protección, para intimidar a quienes debaten y opinan en las redes sociales, para amedrentar a los periodistas que se han refugiado en el ciberespacio por falta de canales de cable u otras formas mediáticas. Es el ataque a la última trinchera, después de que han confiscado, embargado, demandado o destruido los medios más populares, en su afán de controlar el discurso público, en su deseo de impedir la libertad y la verdad, en su afán de monopolizar la palabra, cuyo poder conocen.

Para amedrentar, también modificaron el Código Penal. Le recetan claramente tres meses de prisión a los que detengan. O sea, mientras “investigan” a una persona, ésta no tendrá derecho a la presunción de inocencia. Podrá ser despojada de su libertad por 90 días. Una aberración. Una ley para anular la ley y los derechos humanos inalienables de cualquier persona que es detenida sin que se le pruebe un delito.

Luego, su dócil Asamblea aprueba casi sin discutir, y también sin consultar a nadie, una extraña ley de “defensa” al consumidor, para que el Estado y ellos puedan obligar a los bancos, sobre todo, a que les brinden servicios, es decir les abran cuentas, a los sancionados, a sus familias y testaferros. Por las finanzas de 28 personas ponen en riesgo el esquema dependiente de bancos corresponsales de nuestro sistema financiero para que su régimen y sus operarios pueda hacer uso, sin trabas, del dinero que han acumulado. La presunción de que los bancos internacionales que tienen prohibido hacer operaciones con sancionados por la OFAC, se “ajusten” a una ley hecha con el propósito de evadir una ley que rige a la banca mundial, es una falacia.

Y ahora, para colmo, preparan una ley que declare patrimonio nacional inmaterial y cultural todo lo que tiene que ver con Sandino. Si hemos entendido bien, significa que las canciones de los Mejía Godoy, el poema Hora Cero de Ernesto Cardenal, los libros sobre Sandino de Sergio Ramírez, lo que haya en colecciones particulares o universitarias de o sobre Sandino, lo incautarán sin reparo los derechos de autor. Y sabemos cómo es. Ese no será patrimonio nacional, sino familiar. Ya sucedió con el Museo de Arte Latinoamericano para el que donaron tantas obras los mejores artistas de América Latina en los 80.

¿Por qué hacen todo esto? ¿No son acaso el partido que se dice acreedor del amor, la fe y la esperanza del pueblo nicaragüense, que afirma que va “siempre más allá”, que la oposición ni puede, ni podrá contra ellos?

El miedo los oprime, la venganza los ciega. No conformes con imponer ilegales sentencias, decretar casa por cárcel, apropiarse de edificios obtenidos con confiscaciones políticas, hostigar y agredir; nos quieren maniatar con otra clase de represión respaldada por leyes inventadas para blindarse por todos los flancos de cuanto imaginan puede afectarles. Esas leyes que han promulgado son espurias porque sólo son legales porque ellos han decidido crear una legalidad a su imagen y semejanza, violando la Constitución y atropellando las libertades ciudadanas.

Debe ser terrible estar cercado por el rechazo del pueblo. Sólo pueden pretender gobernar un Estado al que han dejado sin pies ni cabeza. El exceso de epítetos, la desmesura contra la idea de que Cristiana Chamorro aparezca como el fantasma de las derrotas que los persiguen, es la radiografía de sus angustias. Saben que ya no tienen la mayoría, que nunca más la tendrán, que mientras más intenten controlar a la gente, más rechazo siembran y más rechazo cultivarán, pero están atrapados en su propio laberinto, y por eso, apretémonos el cinturón porque ahora el imperialismo no es el enemigo, el enemigo somos todos.

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