23 de diciembre 2017
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“El 20 de Noviembre del 2015, habrían dejado una nota dirigida a la comunidad de Santa Clara (Waspam), supuestamente escrita por colonos, cuyo texto decía: ‘vamos a matar con mucho valor, nosotros somos españoles y ustedes son moscos’”.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 2/2016
La creciente violencia en el Caribe nicaragüense entre colonos campesinos y comunidades indígenas, requiere la acción urgente del Gobierno del país y de sus instituciones. Durante la última década se ha incrementado a un nivel sin precedentes los enfrentamientos entre los llamados “invasores” colonos mestizos, e indígenas miskitus y mayangnas, propietarios legítimos de las tierras que bajo un régimen de propiedad colectiva han conservado por tiempos inmemoriales. El último asesinato producto de estas tensiones se registró el pasado 29 de noviembre en la comunidad de Esperanza, Río Wawa, en donde, según reportó la organización civil Cejudhcan, perdió la vida el líder comunitario Felipe Pérez Gamboa, de 24 de años de edad.
También en noviembre pasado, las autoridades del territorio Mayangna Sauni As en el municipio de Bonanza, retuvieron a ocho campesinos ocupantes ilegales, exigiendo la expulsión de sus tierras. Las autoridades mayangnas también emitieron un decreto de emergencia, en el cual pidieron “negociar con una comisión de alto nivel del gobierno central” que les permitiera una solución permanente y efectiva frente a las invasiones sobre las tierras, que comprenden parte de la reserva de Bosawas. Los líderes Mayangnas responsabilizaron al Gobierno central por su “falta de voluntad política” en resolver el tema de la propiedad, y denunciaron que respecto a este asunto “se ha creado en los últimos años una política de discriminación racial hacia las minorías étnicas”.
Los enfrentamientos han dejado comunidades desplazadas, decenas de muertes, y sobre todo una secuela de animosidad interétnica que amenazan con crear en la Costa Caribe una verdadera crisis humanitaria. De esta situación ha tomado nota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a solicitud de organizaciones de defensa de los derechos humanos otorgó, entre el 2015 y el 2016, cuatro medidas cautelares “para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas de la Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, del pueblo indígena miskitu de Wangki Twi-Tasba Raya” en el municipio de Waspam, ante las amenazas de colonos.
El Gobierno de Nicaragua no solamente se ha desentendido continuamente de su responsabilidad en cumplir las recurrentes medidas de la CIDH, sino que además ha reprendido a las mismas comunidades indígenas y a las organizaciones de derechos humanos costeñas por presuntamente atizar el conflicto a través de arrendamientos ilegales de tierras a colonos y de impulsar acciones de “autosaneamiento” que según el gobierno, solo provocan más violencia.[1] Nicaragua además, dejó en letra muerta una “Comisión Interinstitucional de Defensa de la Madre Tierra” creada cuatro años atrás a través del Decreto 15-2013 cuyo propósito era “dar cumplimiento a la última etapa en la Ley 445 […] priorizando la defensa de aquellos donde existen áreas protegidas, asegurando la implementación con justicia frente a los derechos de propiedad ancestral, defensa del medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio natural y el respeto a la dignidad de las personas.” Deplorablemente, la Comisión que los mayangnas interpelan en su denuncia, solo existe en un casi olvidado decreto, el que también se cuidó de no usar la palabra “saneamiento” por un prejuicio injustificado, y para estigmatizar a las organizaciones de derechos humanos que han hecho causa común con las comunidades amenazadas.
Y entre mutuas incriminaciones y silencio gubernamental se acumulan cada día muertes y agresiones entre colonos e indígenas. Para evitar un escenario de crisis humanitaria en las regiones del Caribe, es perentorio completar el proceso de saneamiento de las tierras en apego a los derechos de los pueblos indígenas, la justicia social y de acuerdo a Ley de Régimen de Propiedad Comunal, también conocida como Ley 445.
La Ley 445 es una norma de demarcación, titulación y saneamiento de las tierras comunales aprobada en el 2003 y que hoy día ha transformado el paisaje de la propiedad, administración y gobierno de la Costa Caribe: el 55 % de las regiones autónomas se encuentra hoy día bajo la autoridad de 23 territorios indígenas y afrodescendientes, a los que les ha sido reconocido por el Estado nicaragüense el dominio pleno sobre las tierras reclamadas históricamente. No obstante, todos estos territorios, incluyendo las zonas de reserva biológica, están siendo con mayor o menor medida, sujetos a ocupaciones ilegales de parte de colonos campesinos expulsados de otras partes del país por un modelo excluyente e insostenible de acumulación agropecuaria.
La pobreza en zonas rurales del país, incluyendo dentro de las mismas regiones del Caribe central, la expansión de la ganadería, la minería artesanal y de los monocultivos a través de las economías de plantación, están detrás de un proceso masivo de recampesinización que impulsa a miles de familias campesinas mestizas a migrar hacia los territorios indígenas del Caribe.
Esta migración interna se ha hecho aún más atractiva por el lucrativo mercado ilegal de tierras al que contribuyen por acción u omisión individuos amparados en su rol de autoridades comunitarias, municipales y regionales, en organizaciones políticas y en el sistema judicial. Y esta ilegalidad corrosiva se ha hecho modus operandi y una realidad de facto impuesta, que desestabiliza la paz social y erosiona los derechos constitucionales a la propiedad comunal de pueblos indígenas y afrodescendientes de las regiones del Caribe.
De acuerdo con la Ley 445, la quinta y última fase del reconocimiento a las tierras indígenas es la etapa de saneamiento. El saneamiento, palabra inusual en la terminología legal del país y escasamente elaborada en la misma Ley 445, significa determinar la legalidad de aquellos reclamantes no indígenas asentados en los territorios – llamados “terceros” –y evitar así afectaciones mayores a la integridad de las tierras. Pero los colonos, según Juan Carlos Ocampo, juez de la comunidad de Butku, “están mejor organizados, tienen más recursos y al parecer más conexiones políticas que las comunidades. Y continúan llegando.”[2]
El saneamiento no significa “limpieza étnica” entre “colonos” mestizos y “comunitarios” indígenas. Tampoco serían los desalojos de colonos la única forma posible de restablecer el dominio pleno de la propiedad indígena sobre las tierras comunales. Menos adecuado aún es representar a los colonos como “peones del proyecto capitalista agropecuario,” por quienes llaman a las autodefensas comunitarias fastidiados por la falta de acción estatal. Plantear las cosas de esta manera no solo es desacertado históricamente, sino que alienta opciones políticas radicales y potencialmente explosivas. Una buena parte de esos colonos son precisamente el resultado de un modelo de acumulación excluyente, no sus agentes.
Por la gran diversidad de realidades que existen en los territorios, el saneamiento es y será una tarea sumamente compleja pero es también impostergable. Hay áreas comunales ocupadas de forma ilegal y violenta por colonos campesinos que ahora “revenden” la tierra. En otros casos algunas autoridades han “arrendado” las tierras a individuos y empresas sin el debido consentimiento de las comunidades indígenas. Hay también situaciones en las que los pueblos indígenas intentan acuerdos y normas de convivencia con los residentes no indígenas. Y entre estos hay muchos otros tipos de escenarios que deberán ser estudiados cuidadosamente. Esto significa que no habrá una solución única para cada territorio, pero la estrategia para restablecer el dominio pleno y efectivo de la propiedad indígena y afrodescendiente debería ser de diálogo, consenso y acuerdos entre las partes, y con la mediación de las instituciones estatales y regionales autónomas; y no de acciones unilaterales, silencio, violencia o impunidad.
Así lo visualizaron en su momento el Decreto 15-2013 y la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe y Alto Wangki Bocay (2012-2016), iniciativas gubernamentales que se refirieron a la “restitución de derechos” pero hoy día están relegadas del debate público.
[1] Informe del Gobierno de Nicaragua a la OEA. “Diagnóstico sobre la Situación Actual de Riesgo de las Comunidades del Pueblo Miskitu de la Región Costa Caribe Norte: Francia Sirpi, Wisconsin, Klisnak, San Jeronimo, La Esperanza y Wiwinak”. Embajada de Nicaragua en Costa Rica, San José Costa Rica, 13 de diciembre 2016.
[2] Presentación en la Universidad URACCAN el 26 de Octubre 2017 en el marco de los análisis sobre la autonomía a sus 30 años, Bilwi.
