6 de junio 2022
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La abogada Yonarqui Martínez, reconocida por defender a reos de conciencia, denunció que la semana pasada, en un "aparente error", la Oficina de Notificaciones de los Juzgados de Managua, entregó un citatorio para ella en la vivienda de un preso político y no en su domicilio. Situación que la expone a ser detenida.
Martínez debía presentarse, el pasado 2 de junio, a los Juzgados de Managua para participar como perito de una causa en la que ella no es la acusada. Sin embargo, según la notificación —que no llegó a su domicilio— se giraría orden de captura en su contra en caso que no comparecer.
“Llevaron la notificación a un lugar que no es mi domicilio. Hoy (lunes) que me integré a mis labores, una tercera persona me dice que tengo problemas porque no llegué a una cita que tenía el 2 de junio, comencé a investigar y me entero que el notificador visitó a dos familiares de presos políticos; uno que como ya está excarcelado se negó a recibirla y otro que recibió la notificación pensando que era para su familiar preso político”, detalló Martínez.
En entrevista con CONFIDENCIAL, la letrada abogó por “más transparencia y eficacia de parte de la Oficina de Notificaciones de los Juzgados de Managua”.
“Si la notificación nunca me llegó, no tengo por qué comparecer. Debe haber mayor transparencia y eficiencia por la Oficina de Notificaciones de los Juzgados de Managua en cuanto a realizar las notificaciones, por lo que abogo porque ellos actúen como se debe y anulen ese procedimiento, si es que lo hay, y no se dé ningún proceso u orden de captura en mi contra, porque no fui notificada”, remarcó la defensora de derechos humanos.
Dejaron una notificación en un lugar que no es mi domicilio y solicitan me capturen sino comparecia el 2 de junio. Honorable Poder Judicial se le antoja andar buscando a familiares de presos para Notificarme y yo con mis orejas frías,toca esperar que resuelven en mi contra.
— Yonarqui Martinez G (@YonarquiM) June 6, 2022
"Siempre comparezco cuando me notifican o me citan para algún proceso. No tengo problemas, pero esta vez no fui notificada", resaltó.
Notificar fuera de domicilio “es ilegal”
La abogada señaló que el hecho de que la notificación fuera llevada a un lugar que no es su domicilio es “ilegal en todos los sentidos”, pues no puede cumplir órdenes que no conoce.
“Yo deduzco que la quisieron utilizar al familiar de preso político para poder dar conmigo de manera errónea y luego decir la notificamos con alguien que ella ya conoce, y yo sin darme cuenta, agarrarme y girar una orden de captura, porque la notificación dice que si yo no llego van a ordenar que me lleven con la fuerza pública”, indicó.
“La pregunta es que si entonces ahora a todos los abogados nos van a notificar sobre nuestras causas, citas, etcétera, en la dirección de nuestros clientes, nuestros usuarios, sin saber nosotros, sin darnos cuenta, porque yo he cambiado de número de celular dos veces y esta persona que recibió la notificación, pensando que era para su familiar preso político, ya no tiene comunicación conmigo porque su pariente está condenado, no tengo nada que ver con ellos, no hay trámites que les esté haciendo a estas personas”, agregó.
Martínez demandó que “se hagan las debidas investigaciones a los oficiales de notificación que están haciendo las cosas mal, porque si se ponen a revisar van a ver que están haciendo una injusticia conmigo, porque primero no me notifican en mi domicilio, y, segundo, lo hacen con personas que nada tienen que ver conmigo”.
La defensora aseguró que en las últimas semanas también ha tenido problemas relacionados a la covid-19 y, si hubiera recibido la notificación a tiempo y en su domicilio, habría informado a la autoridad judicial de su condición de salud para que la justificaran, pues, tampoco habría podido asistir para no exponer a otros a un posible contagio.
En los últimos años, Martínez ha sido víctima de represalias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por representar legalmente a los presos políticos. La defensora ha sido asediada en su vivienda; ha sufrido multas de tránsito que ha calificado como injustificadas; y ha sido golpeada y hostigada por policías y personas afines al partido de Gobierno.
