15 de diciembre 2015
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La “buena fe” que la familia de las víctimas de la masacre de Las Jagüitas puso en las promesas del gobierno del comandante Daniel Ortega y la Policía Nacional se acabó: según Yelka Ramírez, no les han brindado atención psicológica, no les han entregado los papeles del terreno de los bóvedas donde yacen sus pequeños y su hermana, acribillados el 11 de julio por oficiales, y tampoco les entregan el carro baleado o el nuevo que les ofrecieron.
La familia completa -o lo que queda de ella tras la masacre- asistieron este martes al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENDIH) para denunciar que el resarcimiento prometido por la primera comisionada Aminta Granera y el secretario de la Alcaldía Municipal de Managua, Fidel Moreno, no ha sido efectuado.
“Es una burla para todos, porque cinco meses han transcurrido y pienso que debería tener respuesta”, dijo Yelka, quien no ha podido poner en las tumbas de sus pequeños y su hermana placas, porque la municipalidad no les entrega la posesión legal de los terrenos ubicados en el cementerio Jardines del Recuerdo. “Tengo guardadas las placas con los nombres de ellos, pero no podemos ponerlas porque esas tumbas no son de nosotros legalmente. ¿Qué va a pasar un día? ¿Qué me vengan a tirar a mis muertos a la casa?”, cuestionó la mujer.
“Nuestra buena fe se acabó, no han cumplido nada; si ya nos jodieron ahora que nos jodan de viaje”, dijo el padre de Yelka, Efraín Ramírez Urbina, a Confidencial, previendo que su denuncia cause “alguna reacción” del gobierno.
La atención psicológica que la tutelar del Ministerio de la Familia (MiFamilia), Marcia Ramírez, prometió a los sobrevivientes de la masacre en medio de los funerales tampoco ha llegado. Yelka aseguró que un día llegó una psicóloga de MiFamilia, pero no volvió a aparecer más. “Necesitamos ayuda psicológica, no solo yo, sino la niña de mi hermana que quedó viva. Ahora no puede escuchar triquitracas porque se ataca a llorar, piensa que no están matando de nuevo”, describió.
La afectación psicológica también la sufren los padres de Yelka, quienes “no pueden entrar al cuarto de Katherine (hermana de Yelka) porque es horrible”, describió la víctima.
Yelka, que durante y tras la masacre ha demostrado coraje, menciona por último lo que ella sufre por las madrugadas, cuando se levanta y se ve en ese camino oscuro de Las Jagüitas y revive la desgracia. Y busca a sus hijos, pero no están, “me los han asesinado”.
Milton Reyes, esposo de Yelka y víctima, denunció que la Policía Nacional les ha cerrados las puertas. “Nos bolean de Plaza el Sol a la (academia) Walter Mendoza”, aseguró. Reyes busca en la Policía el carro en el que fueron atacados, pero la comisionada Granera ya “no nos recibe”.
Otra de las promesas del gobierno fue entregarles un carro nuevo a la familia, pero Yelka dice que aunque es justo, no quiere “que digan” que “buscan reales”. “Es una cuestión de justicia, aunque nada paga lo que me quitaron: la vida de mis hijos y mi hermana”, lamentó.
Gobierno obligado a resarcir
La doctora Vilma Núñez junto a Yelka Ramírez y Milton Reyes en la sede del CENIDH. W. Miranda/Confidencial
La presidenta del CENDIH, la doctora Vilma Núñez, dijo que el gobierno está obligado a resarcir los daños de las víctimas, y que eso no puede dársele “tinte de ayuda”, porque “no lo es”.
“Aunque la sentencia del juicio se encuentre en Apelación, es responsabilidad del gobierno resarcir”, insistió Núñez.
La defensora de derechos humanos criticó que durante el sepelio el gobierno y la Juventud Sandinista “secuestraron” el dolor de la familia y fue en ese contexto que lanzaron sus promesas.
“Agredieron a una familia entera y no respetaron su duelo, no los dejaron tomar decisiones en los funerales e hicieron estas promesas para ocultar lo que había pasado”, sostuvo Núñez.
Wendy Flores, abogada del CENDIH, informó que el organismo dirigirá cartas a Granera, al Ministerio Público y al procurador Hernán Estrada para que el gobierno responda por el resarcimiento. “El Estado no debería esperar a resarcir solo porque el caso está en apelación, no debería de sumergir en más dolor a esta familia, debería tomar una decisión respetuosa de los derechos humanos”, afirmó Flores.
Yelka llora cada vez que recuerda a sus pequeños y a su hermana. El desasosiego no la deja en paz, porque considera que no hubo justicia en su caso. Aseguró que va a luchar por ella, “para que la policía se cambie”. “Como a mí sé que hay otros casos de la policía que queda impunes”, fustigó.
