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Vilma Núñez: “Querían destruir al Cenidh, pero seguimos defendiendo los derechos humanos”

A dos años del allanamiento ilegal del Cenidh, su presidenta reafirma la lucha contra la impunidad, "la lacra más grande que ha habido en este país”

El despojo de las personerías jurídicas a nueve organizaciones no gubernamentales en diciembre de 2018 fue una de las estrategias del régimen Ortega Murillo para “buscar cómo silenciar y cómo destruir la lucha del pueblo nicaragüense que se libraba en las calles”, valoró la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez, a dos años del allanamiento ilegal de las oenegés.

El Cenidh documentó y divulgó, a nivel local e internacional, las graves violaciones de derechos humanos y abusos que denunció la población durante la Rebelión de Abril de 2018. Los manifestantes acudieron a los activistas para señalar la represión estatal desatada por el régimen Ortega Murillo, principalmente a través de policías y paramilitares, que buscaba eliminar las protestas que demandaban la salida del poder del presidente Daniel Ortega.

En entrevista con el programa de televisión Esta Semana, la Dra. Núñez dijo que el asalto y la ocupación del Cenidh por parte de unos sesenta policías armados “fue uno de los golpes más duros a nivel institucional”, porque provocó la desarticulación del equipo de trabajo, a tal punto que varios de sus integrantes tuvieron que exiliarse en Costa Rica para salvar su vida.

Sin embargo, la organización defensora de derechos humanos de mayor trayectoria y credibilidad en el país se mantiene firme en su compromiso.

“Seguimos defendiendo los derechos humanos con firmeza y estamos trabajando en algo que servirá para el futuro, que no lo van a poder destruir, porque estamos luchando contra la impunidad. Buscamos cómo sentar las bases para destruir la impunidad, que es la lacra más grande que ha habido en este país”, expresó Núñez.

En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega Murillo dejó inhabilitadas legalmente a nueve organizaciones: Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas); Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp); Hagamos Democracia; el Cenidh, Instituto de Liderazgo de las Segovias; Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade); Fundación del Río; Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y Fundación Popol Na.

El argumento de los legisladores leales al régimen fue que, supuestamente, las organizaciones formaban parte de acciones políticas partidistas, y financiaban el “golpe de Estado”, concepto central en el discurso gubernamental para justificar la brutal represión estatal contra las masivas protestas ciudadanas. Al respecto, Núñez, recordó que ese discurso ha sido desmontado, tanto a nivel nacional como internacional.

“Saben que el Cenidh es un instrumento de lucha de la gente y querían destruirlo”, expresó.

La defensora recordó la actuación de los oficiales de la Policía ese 13 de diciembre del asalto y robo del Cenidh: “Se metieron como vulgares ladrones”. Amarraron de pies y manos al celador y lo dejaron debajo de un escritorio durante cuatro horas. Además de robarse el salario del trabajador, se llevaron computadoras, el respaldo de la Contabilidad en físico, los vehículos y fueron a traer los que estaban en reparación en un taller, describió.

El Cenidh ha continuado con o sin oficina, sostuvo Núñez. Sin embargo, no trabajan con la misma efectividad que antes debido a las limitaciones impuestas por el actual estado policial impuesto de facto por el Gobierno. “Estamos permanentemente objetivizados”. Los atacan mediante campañas de desinformación, difamatorias, lo que genera temor en la población que los busca, expresó.

Recurren contra Ley de Agentes Extranjeros

A 24 meses del despojo de las personerías jurídicas de estas nueve oenegés, estas y otras organizaciones han presentado recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), que fue aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de octubre de este año.

La Ley obliga a las organizaciones y personas naturales que reciben financiamiento del extranjero a registrarse como “agente extranjero” en el Ministerio de Gobernación. La normativa expone, de forma general, a quién se podría considerar como un “agente extranjero” y contempla la intervención de bienes y activos a las personas, además de la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG, si el Gobierno considera que estas intervienen en “ actividades o temas de política interna”.

Más de 60 organizaciones han interpuesto al menos una decena de recursos por inconstitucionalidad contra la Ley en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aseguran que viola por lo menos 17 artículos de la Constitución Política y cuatro numerales, por lo que solicitan que sea derogada parcialmente en sus artículos 1 y 3 numeral 2, 4, 6, 9, 10, 14, 15 y 17.

El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Articulación de Movimientos Sociales, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, son algunas de las organizaciones que han recurrido a la CSJ. La presidenta del Cenidh, junto a Azahálea Solís y Sofía Montenegro también interpusieron un recurso este viernes 11 de diciembre.

Núñez explicó que no presentar un recurso por inconstitucionalidad sería “bajar el gas frente a la lucha”. “Nosotros tratamos de luchar, de denunciar a nivel nacional e internacional todas las violaciones, las estrategias y las tendencias de la represión y de violación a derechos humanos que se están impulsando”. Para Núñez, leyes como la de Agentes Extranjeros son “casi la última estrategia o táctica represiva de carácter, prácticamente, demoledor que quiere impulsar este Gobierno”.

Este próximo 17 de diciembre se cumplen los 60 días que la ley contempla en su artículo 16 para que los “agentes extranjeros” se inscriban. “Los sujetos obligados no podrán realizar movimientos de recursos financieros ni bienes materiales mientras no cumplan la obligación de registrarse en el plazo establecido”, señala la Ley.

Núñez explica que el término “agente extranjero” tiene dos connotaciones: aquellos que representan a sus Estados y organismos internacionales, y la de carácter delictivo. “Yo soy nicaragüense, nací en Nicaragua, vivo en Nicaragua y voy a morir en Nicaragua. Entonces no puedo, de ninguna manera dejar de recurrir contra esa ley y no me voy a inscribir”, expresó. Hacerlo sería someterse a una “aberración jurídica, a una represión más”, agregó.

Transformación profunda para garantizar justicia

La presidenta del Cenidh consideró que con este régimen es imposible que las víctimas de la represión encuentren justicia. “El problema de Nicaragua no se resuelve solo quitando a Daniel Ortega. Aquí hay que hacer una transformación de fondo porque ha destruido totalmente la institucionalidad. Aquí es imposible pensar que van a estar los responsables directos de los crímenes, los indirectos y los intelectuales sentados en el banquillo de los acusados”, explicó.

“La paz no se puede construir sobre los cadáveres”, dijo enfática y señaló que si no se puede construir un sistema democrático, un Estado de derecho que restablezca un poder judicial que haga justicia, la justicia internacional deberá actuar, y que, por lo tanto, es importante mantener viva la denuncia internacional sobre lo que ocurre en Nicaragua.


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