28 de febrero 2019
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La liberación plena de todos los reos políticos no puede ser fruto de una negociación en la mesa del diálogo nacional, ni una concesión de Daniel Ortega, sino que debe ser “un requisito previo”, y no un tema de negociación, reclama la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Eso era lo primero, según nuestra opinión como organismo defensor de los derechos humanos. Así como está sacando a todas estas personas, cambiándoles su situación jurídica –porque no están libres- lo mismo podía hacer con todos los demás”, reclamó.
Un centenar de reos –según una lista publicada por el Ministerio de Gobernación- recibió “el beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares”, y fueron transportados hasta sus casas, para felicidad de sus familiares y congoja de los parientes de los demás presos políticos que siguen injustamente en prisión.
“No se puede permitir que haya una selección entre presos políticos. Aceptar eso es admitir que hubo personas que cometieron delitos, y otros que no. Los derechos humanos no se negocian, y la libertad de los presos políticos es un derecho humano, porque están detenidos ilegalmente. No se puede contaminar su situación poniéndolos como parte de la negociación”, dijo Núñez.
Peor aún: su libertad no debe ocurrir por la vía de dictar una amnistía, porque eso dejaría una puerta abierta para que Ortega quisiera cubrirse a sí mismo y sus cómplices con esa misma medida, lo que es moralmente reprobable y legalmente imposible, siendo que “alguien responsable de crímenes de lesa humanidad, no puede ser amnistiado”, dijo la experta.
Los presos políticos “deben recuperar su derecho a la presunción de inocencia, porque han sido estigmatizados y señalados como criminales, terroristas y delincuentes”, dijo Núñez, señalando que deben cumplirse los cuatro requisitos que existen para resolver una violación de derechos humanos: verdad, justicia, reparación, y compromiso de no repetición.
“Los mediadores tienen que arrancar todas esas cosas de los personeros del dictador. Tiene que haber un compromiso, avalado por los organismos internacionales de derechos humanos, de que no va a haber repetición”, reiteró.
No a un danielismo sin Daniel
Dado que las capturas ocurrieron de forma irregular, y que en sus procesos legales se quebrantó el debido proceso de formas muy diversas, la liberación de los reos resulta de una decisión enteramente política, y no judicial… más allá de que sea a ese poder al que le corresponda ejecutarla.
Núñez identifica tres maneras en que se puede materializar la liberación de los reos, comenzando por la evidente: que un tribunal los declare inocentes, como en efecto sabe que lo son.
Subiendo un peldaño más en el escalafón de la Justicia, también puede ser “que las autoridades superiores que están conociendo las apelaciones, reconsideren las arbitrariedades y las aberraciones jurídicas que han cometido los jueces de primera instancia”, y los liberen.
El tercero sería amnistiarlos –lo que, para empezar, sugiere que eran culpables- “pero de ninguna manera se puede llegar a ese extremo, porque entonces, la libertad de los presos se convierte en un problema de negociación”, que pudiera terminar beneficiando al mismo Daniel Ortega y su entorno, advirtió Núñez.
Si bien, la Corte Suprema de Justicia tiene toda la potestad legal para dictar la anulación total de esos juicios, “jamás lo hará por iniciativa propia, porque no la tiene. Es un Poder Judicial sin independencia”, sentenció la abogada.
Con todo, no descarta que Ortega les oriente esa medida política, que después se puede cubrir aplicando los formalismos legales.
“No es que estemos abogando porque este hombre siga cometiendo irregularidades, pero es la salida práctica para que los que siguen privados de libertad, en condiciones infrahumanas, puedan obtener su libertad ya. Después se tramitaría la anulación de los procesos que los han mantenido en la cárcel”, propuso.
La presidenta del Cenidh dijo que “al margen de este inicio de negociación, la demanda central es que se vaya Daniel, pero no basta con que él deje el poder, o nos quede algún tipo de danielismo sin Daniel. Nicaragua necesita una transformación total, un fortalecimiento genuino de toda la institucionalidad destruida: que el poder judicial, el electoral y la misma Asamblea, recuperen su independencia y el ejercicio pleno de sus funciones”, demandó.
