2 de septiembre 2021
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La represión y violación a los derechos de los nicaragüenses ha persistido en los últimos meses. Urnas Abiertas, a través del séptimo informe de su Observatorio de Violencia Política, registra que en Nicaragua —entre el 15 de julio y el 15 de agosto— ocurrieron “214 hechos de violencia política en el contexto electoral”, sumando así un total 1375 en los últimos diez meses y medio.
El documento detalla que los hechos de violencia política —ocurridos en el último mes— son casos de hostigamiento (93), judicializaciones (24), tratos crueles y torturas (33), agresiones (13), amenazas (12), detenciones (8) y retenciones (2).
Asimismo, señala que estos hechos de violencia fueron cometidos en el 97.66% (209) de manera individual o grupal en contra de “la ciudadanía en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones y partidos políticos”. Especifica que el otro 2. 34% (5) se perpetró “de forma institucional, es decir, contra organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos”.
De los 214 hechos de violencia identificaron a 122 víctimas, el 63.11% hombres y un 36.89% mujeres. Los actos fueron cometidos por la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), según el Observatorio.
Las hechos violencia se focalizaron en contra la ciudadanía en general, explica el informe, “especialmente por la violencia política ejercida contra la población que participó de la jornada de verificación los días 24 y 25 de julio de 2021”.
“La violencia ejercida en este período tiene como objetivo eliminar la competencia electoral, así como restringir los derechos políticos de las y los nicaragüenses que se oponen al Gobierno”, señala el documento.
“Uso abusivo del sistema de justicia”
Además, denunciaron que en el último mes continuaron “observando el uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, con el objetivo de eliminar la competencia electoral”.
Algunas de las situaciones observadas por Urnas Abiertas fueron las detenciones, ocurridas entre el 16 de julio y el 15 de agosto, de opositores como: el politólogo José Antonio Peraza, los exdiplomáticos Francisco Aguirre Sacasa y Mauricio Díaz; la defensora de derechos humanos, María Oviedo; y el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann.
El informe también menciona la imposición del arresto domiciliario en contra del comentarista Jaime Arellano, el precandidato presidencial Noel Vidaurre y la Miss Nicaragua 2017 Berenice Quezada, candidata a la vicepresidencia que fue inhibida tras ser acusada por fanáticos sandinistas de “fomentar el odio y la violencia”, tras dar unas declaraciones en las que hizo alusión a la Rebelión de Abril.
Hasta el 30 de agosto, indica el documento, se han registrado “35 personas detenidas arbitrariamente en el marco de la persecución judicial emprendida por el Gobierno, con el objetivo de eliminar toda competencia electoral”.
El Observatorio advierte que en la existencia de “tantos atropellos a los derechos fundamentales y graves afectaciones a los derechos humanos, así como altas deficiencias en materia de justicia electoral, solo indica que el proceso electoral carece de legalidad y legitimidad y, por tanto, no debería reconocerse como un proceso competitivo, libre, transparente y democrático”.
