30 de junio 2018
AA
El fantasma de las confiscaciones, cuyo despertar los empresarios temieron por tanto tiempo, regresó con fuerza para espanto de productores y propietarios de todo el país: desde Rivas hasta Chinandega. Desde Matagalpa hasta Granada, pasando por Masaya y Managua, las organizaciones del sector privado reportan múltiples invasiones de tierras, fincas productivas, y propiedades rurales y urbanas.
La más reciente ocurrió literalmente frente a las cámaras fotográficas y de televisión, que reportaron cómo una veintena de hombres y mujeres invadió una valiosa propiedad de trece manzanas de extensión, perteneciente al Grupo Coen, situada en una zona de alta plusvalía como es la avenida Jean Paul Genie.
Donato Valle, cuidador de la propiedad, relató a Confidencial que la mañana del viernes, mientras limpiaba de malezas una parte del terreno a su cuidado, se percató de la presencia de un grupo de desconocidos que llegó hasta él exigiendo que se comunicara con los dueños, a lo que él respondió que no tenía manera de hacerlo.
La reacción de los invasores fue amenazarlo poniéndole una escopeta en el pecho, mientras le conminaban a abandonar el lugar de inmediato, sin darle tiempo a buscar a sus hijas Mayerling y Allison, de 15 y 11 años respectivamente, que quedaron secuestradas dentro de la propiedad.
Al poco tiempo, Iris Oporta, madre de ambas y esposa de Donato, regresó al lugar, alertada de lo que pasaba, dejando en el hospital a Jorling, su hijo mayor, que esperaba recibir atención médica, mientras la madre quedaba secuestrada con sus hijas.
La acción mereció la rápida movilización del personal operativo y jurídico del Grupo Coen. Carlos Zúniga, director de Operaciones del Grupo Coen, explicó que el conglomerado empresarial tiene un proyecto de desarrollo en ese terreno, y que ya se están haciendo los estudios para aprovechar la excelente ubicación de esa propiedad, “pero en estas circunstancias, no hay proyecto que valga la pena realizar ahorita”.
Desempleo y menor producción
Si bien la toma de la propiedad del Gupo Coen fue materia de interés de los telenoticieros locales y diarios nacionales, la mayoría de las tomas en el resto del país han ocurrido lejos de la presencia de las cámaras.
Julio Munguía, gerente técnico de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) indicó que esa organización está recopilando la información que les hacen llegar sus asociados y capítulos gremiales del país. “Vamos a hacer la denuncia pública. Queremos que la ciudadanía se entere de estas afectaciones por invasión de la propiedad privada”, declara.
Las tomas ya están afectando la producción, sea de postrera o perenne, como la caña en las ricas tierras de occidente, donde algunos colonos han sido afectados por las invasiones, lo que significa que no podrán cumplir sus compromisos con los ingenios, ni con los bancos.
“El maní se siembra entre julio y agosto, y existe el riesgo de que no se llegue a sembrar”, aseguró Munguía.
Álvaro Vargas, vicepresidente de Upanic, dice que la toma de tierras causa una incertidumbre negativa, “las amenazas y las invasiones tendrán incidencia negativa en la producción agrícola, y pondrán en riesgo la seguridad alimentaria”.
El modus operandi
Separadas por centenares de kilómetros de distancia, la invasión de propiedades en Matagalpa y Villanueva (Chinandega), tienen muchos elementos en común.
“Esas tomas son dirigidas, y responden a la intención del gobierno de crear el caos”, opina Vargas, de Upanic, mientras Munguía, también de ese gremio, asegura que la intención es política, “y pretende intimidar al sector productivo”.
La familia Amador Lanzas, de Matagalpa, cuya hacienda Santa Josefina, de 700 manzanas de extensión, fue invadida –otra vez- por tomatierras profesionales con los que la familia ya ha tenido litigios a lo largo de más de una década, incluyendo invasiones desde 2007, y el incendio de la casa hacienda en 2016.
El conflicto arreció a finales de mayo, cuando de forma inesperada se presentó en la propiedad un grupo de personas que llegó en camionetas y se tomaron unas 50 manzanas. “Cuando nos invadían campesinos, lo que hacían era mover el alambre y ocupar el terreno, pero ahora llegaron con morteros, con los rostros tapados, y bien armados”, relata Celina Amador, hija de los dueños de la propiedad.
Dado el peligro que corría el personal que trabajaba en la hacienda, se les indicó que se retiraran de la zona, mientras doña Marina Lanzas Tercero, viuda de Amador, pedía ayuda a las autoridades policiales, que se negaron a prestar auxilio con la excusa de que estaban acuartelados por órdenes de Ortega.
Celina explicó a Confidencial que ya solo 150 a 200 de las 700 manzanas de la hacienda están en manos de la familia. “Cada vez que hay una toma, hago la denuncia en la Procuraduría General de la República y ante la Policía Nacional, pero no pasa nada”, lamentó.
La afectada cree que la razón por la que sufrieron un nuevo ataque en estos días, es porque “si antes la Policía no llegaba cuando se les pedía ayuda, ahora que no está cumpliendo ninguna de sus funciones, los tomatierras vieron que era un buen momento, y fueron a buscar a esos pandilleros que llegaron con morteros y la cara cubierta”.
También en Chinandega
La historia vivida por la familia Amador Lanzas no es muy distinta de la que sufrió el matrimonio Sánchez Aguilar (dos ancianos de 93 y 83 años respectivamente), cuya finca Hato Grande, ubicada en Villanueva, fue invadida por unos 200 hombres armados el pasado 11 de junio.
Deleyda Sánchez, hija del matrimonio afectado, refirió que “en un acto terrorista, le pusieron a mi mamá una escopeta en el abdomen para que salieran de la finca. Mis hermanos solo pudieron subirlos a la camioneta y huir sin sus medicinas ni documentos. Todo se quedó en la finca”.
Ahora, don Rómulo Sánchez y doña Arsenia Aguilar están hospedados en casa de un conocido, donde tuvieron que acomodarse a la espera de que las autoridades de Villanueva cumplan su deber.
Pero es poco probable que ello ocurra, si se considera que la autoridad policial ha hecho tímidos esfuerzos por ayudarles –sin resultados- y que ni el alcalde ni las autoridades partidarias del FSLN han respondido a sus gestiones.
“Yo hablé con un teniente de la Policía que me dijo que no podía hacer nada, por órdenes superiores del gobierno, pero el mayor responsable de esto es el alcalde de Villanueva, porque desde hace seis meses que él, ese teniente y el secretario político del Frente Sandinista sabían de esas tomas”, advierte.
Deleyda cree que la explicación es que “los tomatierra están aprovechando el caos sociopolítico para hacer lo que les dé la gana. La gente que es deshonesta aprovecha estas situaciones”, reflexiona.
Condena gremial
La Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), dijo en un comunicado que “las recientes invasiones y tomas de tierra constituyen otro atropello más a los derechos constitucionales de los nicaragüenses, propietarios de tierras que contribuyen activamente a la generación de empleo y a la economía del país, derechos irrenunciables plasmados en nuestra Constitución Política”.
Por ello “exigimos al Gobierno respeto a la propiedad privada e inmediato desalojo de las propiedades invadidas, restituyendo la posesión a sus legítimos propietarios”, añadió el comunicado.
Por su parte, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) declaró que se opone “y denuncia el incremento sin control de personas inescrupulosas que al margen de la Ley, violentan las propiedades privadas en nuestro país”.
Por ello, exigieron que se respete “el derecho a la propiedad, e instamos a los afectados a documentar los hechos para su debido registro”, mientras llamaba a las autoridades a “tomar las medidas correspondientes a cada caso, y se pueda regresar la tranquilidad a todos los sectores de la sociedad nicaragüense”.
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), condenó “el incremento desmedido de invasiones de tierras”, demandó el cese inmediato de este tipo de acciones que afectan la imagen internacional del país, e instó al Gobierno a “tomar las medidas pertinentes en cada uno de los casos reportados”.
La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), cuya vicepresidente, Hilaria Salinas, declaró que si el fenómeno de las tomas se multiplica, “vamos a tomar decisiones para apoyar a nuestros agremiados”.
