27 de mayo 2022
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El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) ha ratificado las sentencias de al menos 13 reos de conciencia, que fueron condenados con penas de entre ocho a trece años de cárcel por una maquinaria de judiciales orteguistas. Eso demuestra “la reproducción del mismo esquema de persecución judicial que se realizó en la primera instancia, ante los jueces”, advierte la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Durante el proceso de apelación, los magistrados del TAM están obligados a celebrar una audiencia oral cuando una de las partes, en este caso, la defensa del preso político, lo solicita. Sin embargo, en todas las resoluciones prescindieron de esta, argumentando la prevención por la pandemia de covid-19 y citando el artículo 370 del Código Procesal Penal (CPP).
Este señala que “en los recursos de apelación y casación, una vez recibidos los autos en la sede del tribunal de alzada y habiendo este proveído la radicación de los autos ante sí, no se requerirá convocar a audiencia oral cuando no lo haya solicitado ninguna de las partes o cuando no deba recibirse prueba oral, quedando el recurso en estos casos en estado de fallo”.
El abogado Mynor Curtis, defensa de varios reos de conciencia cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, explicó que si el Ministerio Público renunció a la celebración de audiencia es su derecho, pero eso no interfiere que el TAM esté obligado a realizar la audiencia porque así lo establece la ley. Para el también abogado, Henry Salatiel López, defensor del preso político Alex Hernández, el fundamento del TAM para no convocarlos a Sala es “discrecional”, en tanto que es de conocimiento público que las mismas instituciones han promovido aglomeraciones en momentos más críticos de la emergencia sanitaria.
“El Tribunal de Apelaciones ha negado, ha omitido la realización de audiencias, sino que directamente lo que hace es confirmar las sentencias que le llegan en apelación desde el juez de primera instancia. Eso es una aberración jurídica, es una violación flagrante al Código Procesal Penal”, expresa Núñez.
Asimismo, otra fuente explicó que los magistrados, principalmente, de la Sala Penal Uno, encargados de dictar las sentencias contra los reos de conciencia, han omitido señalar en las resoluciones que las defensas pueden recurrir a través de un recurso extraordinario de casación, y por el contrario, han dicho "devuélvanse las diligencias al juzgado de su origen", lo que pareciera indicar que su fallo es la última instancia de justicia para resolver un caso, pero no es así.
CONFIDENCIAL confirmó que el TAM ratificó la sentencia a los presos políticos Medardo Mairena, Pedro Mena, Víctor Hugo Tinoco, Miguel Mendoza, Miguel Mora, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Violeta Granera, Félix Maradiaga, José Pallais, José Adán Aguerri, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro. Mientras, el resto de reos de conciencia aún esperan los fallos -como el caso de Alex Hernández- o su recurso de apelación se encuentra en trámite.
Otro abogado defensor, dijo bajo anonimato, que el riesgo que se corre con este tipo de sentencias -emitidas por el TAM- es que se establezcan criterios de interpretación y aplicación de las leyes que “lesionan gravemente el Estado de derecho al nulificar las garantías mínimas del debido proceso”. A la vez, señaló que ni el juez ni tampoco el TAM lograron demostrar el delito de menoscabo por el que condenaron a su defendido.
Para el exfiscal departamental, Boanerges Fornos, al no haber audiencia oral y pública, como ha ocurrido en estas sentencias, “se cercena el derecho de la persona acusada a ser escuchada y que las mismas autoridades de Apelaciones vean las condiciones en que se encuentran estos ciudadanos” y además, es “una violación al debido proceso”, señaló.
Continuación de la "farsa judicial" en Apelaciones
La sala penal uno del TAM, de donde están saliendo la mayoría de sentencias que confirman las penas contra reos de conciencia, está integrado por el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh Andino, quien es el presidente; la magistrada Ángela Dávila Navarrete y la magistrada Rosa Argentina Solís Dávila.
Desde la perspectiva de la defensora Núñez, "lo que está pasando es que en la sala penal uno del TAM, prácticamente, se está reeditando la farsa judicial que se vio en los juzgados de primera instancia. Ahí no analizan, no estudian los recursos que se interponen, los nuevos alegatos, nada, y no hay una sola variante en ninguna de las sentencias que han dictado, nada más que confirmar. El Poder Judicial se ha convertido en unos machoteros obedientes de los dictados de El Carmen. Estas sentencias están saliendo de El Carmen, prácticamente", expresó.
61 condenas a presos políticos en tres meses
El sistema de justicia cumplió la orden de Daniel Ortega, quien llamó “hijos de perra del imperialismo” a los presos políticos cuando celebró su reelección ilegítima en noviembre pasado. La maquinaria de jueces, controlados por el partido de Gobierno, condenó a 61 reos de conciencia de febrero a mayo.
Estos 61 condenados corresponden a los detenidos durante la escalada represiva, como se conoció a la ola de encarcelamientos con las que Ortega eliminó la competencia electoral y sembró el miedo entre la ciudadanía en 2021.
Algunos de ellos están cerca de cumplir un año de presidio, porque las capturas se desarrollaron entre mayo y noviembre de 2021, cuando detuvieron a siete precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes opositores–uno de ellos el general en retiro Hugo Torres, fallecido en cautiverio el 12 de febrero–, y líderes empresariales.
El mecanismo de seguimiento de los presos políticos indica que hay 182 en Nicaragua, entre ellos los 61 condenados este año. De estos últimos, 28 se encuentran en las celdas policiales de El Chipote y son víctimas de incomunicación; 11 están en casa por cárcel con vigilancia policial permanente; y los otros 22 están distribuidos en diferentes penales del país, incluida la cárcel de mujeres, La Esperanza.
Casación: el último eslabón de la justicia nicaragüense
El abogado Curtis prepara los escritos para elevar los casos de dos de sus defendidos ante la Corte Suprema de Justicia, mediante el recurso extraordinario de casación. Esta es la última instancia a donde puede acudir un nicaragüense en demanda de justicia, previo a las cortes internacionales.
Para la abogada y defensora Núñez, es conveniente agotar toda la ruta de justicia en Nicaragua, no porque sea un requisito para elevar las demandas a nivel internacional, ya que la situación del país es tan grave que los casos cumplen con excepciones del sistema interamericano, sino para “demostrar, reafirmar la falta de independencia, la colusión delictiva del Poder Judicial en su conjunto, que no digan que fue cosa de los jueces nada más, sino todo el Poder Judicial en su conjunto”, denunció.
Desde las capturas y los posteriores procesos judiciales contra presos políticos celebrados en El Chipote, expertos en Derecho han calificado los juicios como "farsas", basados en delitos fabricados y pruebas espurias.
