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Tribunales de Apelaciones reafirman criminalización de protestas

Código Procesal Penal establece un plazo no mayor de cinco días para audiencias orales, sin embargo en apelaciones se llevan meses para convocar

El preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón fue condenado en octubre pasado a 22 años de prisión por asesinato y nueve meses más por portación ilegal de armas. Su juicio estuvo plagado de vicios e inconsistencias, según su abogado defensor Róger Alvarado, por lo que “legalmente” esperarían una anulación del proceso de parte del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). Sin embargo, no hay posibilidad de que eso suceda, ya que esa instancia mantiene la criminalización de las protestas cívicas contra el régimen orteguista.

Navarrete fue detenido por paramilitares y no por agentes de la Policía Nacional. Los testigos se contradijeron en el tipo de arma que supuestamente utilizó el procesado para disparar contra la víctima —un joven que andaba con las turbas sandinistas atacando los tranques en los barrios orientales de Managua—. La juez Rosario Peralta, titular del Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, se negó a que el acusado fuera evaluado por un psiquiatra del Instituto de Medicina Legal. Estas circunstancias, según Alvarado, hacen “injusta” la sentencia.

“Esperaríamos en un estado de derecho que el Tribunal de Apelaciones revoque la sentencia porque no se demostró el hecho. O que, por lo menos, anulen el juicio porque se violentó el debido proceso”, dijo el abogado.

Navarrete es uno de los al menos 315 ciudadanos que han sido o son procesados por la justicia orteguista, que los acusa de terrorismo y otros delitos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) representa a 155, de los que 34 han sido condenados, 13 ya están en apelaciones y el resto está a la espera de la notificación de sentencia.

La CPDH calcula en más de 600 los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabiliza 552 personas presas, entre ellos 507 hombres, 40 mujeres y 3 personas transexuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) reducen la cifra a 400. Mientras el Gobierno solo reconoce a 273 detenidos.

“Todos se cuadran”

Para el exprocurador Alberto Novoa, las decisiones del TAM responde a una agenda política, lo que hace difícil que los recurrentes obtengan una respuesta satisfactoria o apegada a derecho.

“El tribunal está politizado totalmente. Cuando el pacto estaba vivo, a inicios del 2000, una sala estaba compuesta por dos magistrados liberales y uno sandinista, en la otra eran dos sandinista y uno liberal, ahora todos se cuadran, aún los llamados liberales”, comentó Novoa.

La sala penal 1 del TAM está integrada por los magistrados Ángela Martha Dávila Navarrete, presidente, Ileana del Rosario Pérez López y Rafael Ángel Avellán Rodríguez. La sala penal 2, la dirige Noel Napoleón Pereira Morice y la completan Mario José Miranda Romero y Perla Margarita Arróliga Buitrago, según la página web del Poder Judicial.

“Muy poco se puede hacer ahí (TAM), ese campo de batalla está limitado por la propia ley y las actuales circunstancias. Únicamente lo que uno hace es señalar, se violó tal norma, ya sea de fondo o de procedimiento”, manifestó  el exprocurador.

Tortuguismo en el tribunal

Julio Montenegro, asesor legal de la CPDH, indicó que los casos en el TAM enfrentan también un “tortuguismo”, ya sea que los magistrados retrasan sus resoluciones o bien se toman más tiempo para dar las audiencias.

Los abogados de Glen Slate y Brandon Lovo —condenados por el asesinato del periodista Ángel Gahona— denunciaron en medios locales que tienen casi tres meses esperando que el TAM los llame a audiencia.

El artículo 383 del Código Procesal Penal ordena que “el tribunal (de apelaciones) competente convocará, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la recepción (del escrito de apelación), a audiencia oral para que las partes comparezcan y fundamenten su recurso y su contestación mediante la expresión de los argumentos que consideren oportunos”. Sin embargo, el TAM no cumple esos tiempos.

Alvarado indicó que el caso de su defendido está en tramitación. “La ley dice que tienen seis días para recibirme en una audiencia, pero eso no sucederá. Espero no se tomen meses, como lo hacen con otros casos”.

Irán a instancias internacionales

Montenegro y Alvarado coincidieron en que no tienen expectativa de recibir “justicia” en el TAM, y que simplemente recurren para agotar todas las instancias que la legislación nicaragüense permite.

“He preparado a mi cliente y sus familiares de que es muy difícil que apelación o casación (Corte Suprema de Justicia) vayamos a obtener algo. La estrategia de la defensa es llevar el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó el abogado defensor de Navarrete.

Añadió que en cada una de las instancias que vaya se confirmará la “injusta” sentencia de culpabilidad contra Navarrete, ya que “toda la gente involucrada en la administración de justicia están ahí no para hacer valer la ley, sino para hacer valer los intereses del Estado y es interés del Estado criminalizar a todo aquel que ha protestado en contra del régimen”.

“Mi trabajo consiste en hacer todos los señalamientos de violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales, para que cuando mi caso llegue a instancias internacionales me den la razón”,

A Montenegro le interesa recurrir ante una corte internacional, por lo que para llegar a ella sabe que tendrá que recorrer todo el camino legal en Nicaragua: primera instancia, apelaciones y casación. “En Nicaragua no tenemos esperanza, pues estos son casos políticos y no se resolverán por la vía judicial”, dijo.

 


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