12 de octubre 2018
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Carlos dice que está del lado equivocado. Lo menciona cinco veces en esta conversación. “Yo sé que estoy del lado incorrecto. Yo lo sé. Mi esposa lo sabe. Me da vergüenza”, repite. Desde hace tres años, Carlos trabaja en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Antes de la crisis sociopolítica que estalló en abril, él asistía a las actividades masivas del Gobierno solo para conmemorar fechas importantes. “Fui a dos celebraciones del 19 de julio (aniversario del triunfo de la revolución) con mucha alegría. A la tercera fui, pero con vergüenza”, relata.
“Me sentía mal de estar en esa plaza. Levantando una bandera bañada de sangre”, asegura. El malestar de Carlos, a quien damos ese nombre para proteger su verdadera identidad, ha surgido a raíz de la represión del Gobierno contra las protestas de cientos de miles de ciudadanos, que ha dejado un saldo de 325 muertos confirmados. Otros 2000 han sido heridos, aún hay decenas de desaparecidos y más de 400 son presos políticos en las cárceles de Sistema Penitenciario.
Durante once años, Daniel Ortega ha impuesto un Gobierno autoritario, reduciendo los espacios de la oposición. La rebelión cívica le arrebató el control de las calles y ahora intenta retomarlo criminalizando la protesta y aumentando las movilizaciones partidarias.
En septiembre, el Gobierno convocó a ocho marchas en Managua y múltiples caravanas en los departamentos.
Carlos, obligado, participó en todas las movilizaciones.
“Una vez quise negarme, pero me dijo un compañero que si lo hacía iba a ser visto como traidor. Le tuve que hacer caso”, comenta.
Según Carlos, a la mayoría de los trabajadores los llevan obligados y no pueden quejarse porque los corren. Tampoco comentan nada en la oficina, “porque las paredes tienen oídos”. Está consciente, dice, que salen a las calles para “boicotear” a los “azul y blanco”, los ciudadanos autoconvocados que se alzaron contra el régimen.
Cae la imagen de los trabajadores públicos
En la calle, la opinión de los nicaragüenses sobre los funcionarios del Estado es negativa. Según la última encuesta de CID Gallup, realizada del 6 al 18 de septiembre, el 65% de los nicaragüenses opina que los trabajadores públicos son nombrados por tráfico de influencia y solo el 21% cree que son contratados por sus capacidades.
Además, el 54% cree que los empleados públicos no tienen disposición de servir, y el 68% confiesa haber pagado una “propina” para recibir un mejor servicio.
“Ser empleado del Gobierno ahora se presta hasta para el vulgareo. Todos los funcionarios deberían brindar servicios al público y no a un Gobierno. Pero la función pública ha sido destruida en este periodo, y cuando hablamos de esto, me refiero a que se está imponiendo y prevaleciendo la lealtad partidaria, por encima de la función que realmente tienen los trabajadores”, critica el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.
Carlos dice que trabajar en el INSS es complicado. “La gente vive en el chisme, en la ‘sapería’. Y después de lo de abril y de toda la matanza, la cosa ha empeorado”, relata, pero por ahora no tiene otra opción laboral.
Desde el estallido de las protestas, al menos 347 000 nicaragüenses han perdido sus trabajos, según estadísticas de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
“Yo quisiera irme, salir corriendo y dejar de trabajar para un Gobierno corrupto, ineficiente y asesino, pero estoy amarrado”, lamenta Carlos. “Y si pongo mi carta, lo más probable es que no me paguen la liquidación”, agrega. Las deudas personales y familiares lo tienen atado.
En la Rotonda Rigoberto López Pérez o Rotonda Universitaria, cerca de la UNAN - Managua. Carlos Herrera | Confidencial
Carlos se queja por tener que participar en las marchas obligatorias del Gobierno. “Hay unos cuantos que son fanáticos, les encanta perder el tiempo. Pero muchos no estamos de acuerdo. Andás arriesgando tu vida, andás obligado, sos observado y si decís ‘no’ te pueden correr”, reclama.
Según la encuesta de CID Gallup, el 58% de los nicaragüensesopina que el salario de los empleados públicos está basado en sus “contactos” y el 55% cree que son “poco o nada honestos”. Seis de cada diez nicaragüenses estima que quienes trabajan en las instituciones del Gobierno no respetan la Constitución.
La esposa de Carlos le ha pedido que renuncie. Quiere tener un hogar tranquilo, aunque él gane menos. Carlos dice que lo ha intentado.
“Mi esposa no sabe, pero yo he buscado trabajo en otros lados. Un día me fui a una fotocopiadora a imprimir como veinte currículums y los fui a dejar a varias empresas con la esperanza de que me llamaran y poder dejar este trabajo que me tiene enfermo”, relata.
Carlos está tenso. Nos reunimos en un centro comercial de Managua, pero no cesa de observar a todos lados. Teme que alguien lo reconozca y pide cambiarnos de lugar. Dice que en las calles se siente perseguido y asegura que su teléfono está intervenido porque “a veces hace un ruido raro”.
—¿Considerás que sos un rehén del Gobierno?
— Nunca lo había visto así. Pero se puede decir que sí. Si no obedezco me pueden “fichar”. Y si me “fichan” me pueden correr. Lo que me queda es cumplir sus órdenes.
—¿Cuál es tu plan?
— Honestamente seguir. Aunque sigo metiendo currículums en otros lados. Lo que pasa es que la cosa está dura. Otra opción sería irme a Costa Rica.
El teléfono suena. Carlos atiende la llamada y habla por más de diez minutos. Regresa y se disculpa. “Tengo que regresar al trabajo. Pueden sospechar”, se excusa. Camina hacia la parada de buses más cercana, y se pierde entre los taxis instalados a la salida del lugar.
Andrea: “somos las siguientes víctimas”
Andrea, de 30 años, trabaja desde hace cuatro años en el Ministerio de Educación (Mined). Creció en un hogar sandinista, escuchando sobre la revolución y Daniel Ortega. En su niñez y adolescencia se sintió representada por los colores rojo y negro de la bandera partidaria y para ella era un orgullo ser miembro de la Juventud Sandinista 19 de Julio, estudió, se graduó, y cuando surgió la oportunidad de aplicar a una plaza en el Mined únicamente tuvo que presentar un aval del secretario político de su barrio.
“Para mí, Daniel era la figura del sandinismo. No imaginaba a nadie más en el Frente, aun entendiendo que debía existir el relevo generacional. No lo imaginaba, porque para mí Daniel había sostenido con sus hombros el partido cuando nadie dio un peso por él”, cuenta.
Carlos Herrera | Confidencial
Después de abril, la imagen de Andrea sobre Ortega ha cambiado. “Nos sentimos representados por ese dibujo en el que Daniel Ortega está con un arma apuntando a la cabeza de un trabajador del Estado. Así nos sentimos, somos las siguientes víctimas y nos tenemos que salvar”, exclama.
Para Andrea, la noticia de los primeros muertos de la represión oficial demolió su admiración por Ortega y desató un sabor amargo por Rosario Murillo, la esposa y vicepresidente de Ortega. “Tienen que irse del poder —pensó—. No pueden continuar representando al FSLN”.
En el trabajo de Andrea, el clima laboral también cambió. Su jefe, antes comprensivo, comenzó a actuar como un soldado de Murillo.
“Cuando empezaron los saqueos, mi jefe nos dijo que teníamos que resguardar el Mined. Me negué y se exaltó. Dijo: ‘Excelente, me alegra ver quiénes no levantan la mano, porque el día de mañana cuando esta mierda se caiga, quiero ver quién va a morir a mi lado’. (Mis compañeros y yo) nos quedamos helados. Esta persona pensaba que debía morir por el Mined, por un Gobierno que hacía algo que no estaba bien”, valora.
Según Andrea, de los treinta empleados en su oficina, solo cuatro han estado de acuerdo con las nuevas orientaciones del Gobierno, que ha incluido suspender proyectos e incluso restringir las conexiones a internet. En cambio, deben cumplir turnos en las rotondas de Managua.
“La gente nos ve en las rotondas, nos dicen sapos, pero no comprenden que la mayoría estamos ahí obligados. No queremos hacerlo, pero tenemos deudas que pagar”, justifica Andrea.
También afirma que ella y varios de sus compañeros se sienten cansados. “Que te digan que tenés que ir a una marcha no es fácil. Y tampoco es fácil renunciar y quedarse en el limbo con tres niños, una casa recién comprada. Yo entiendo que todos deberíamos de renunciar, pero no es así de fácil”, sostiene.
—¿Quién los obliga a rotondear?
—En todos los ministerios del Gobierno la parte política es vista por los coordinadores de la Juventud Sandinista. Generalmente son dos. En este tipo de situaciones, hasta Salvador Vanegas responde a sus órdenes. En nuestro caso son dos muchachos, que están desde el 2011 en las oficinas. Ellos son los que organizan.
—¿Entonces ellos les ordenan que vayan a rotondear?
—Antes de agosto, ellos le decían a mi jefe y luego nos decían los horarios. Ahora ellos lo hacen directamente.
Según Andrea, durante los primeros meses de la crisis, ir a las rotondas no era obligatorio, pero desde junio la orientación cambió. Ahora, según los turnos trazados, un autobús ruso los llega a traer “llueva, truene o relampaguee”. Su misión, les dicen, es apoyar “la misión de paz del presidente Ortega”. La protesta se cuenta como jornadas laborales.
En los puntos acordados, deben llegar una hora antes, y siempre están vigilados. A veces por dos filas o cordones con miembros de la JS. Otras veces por antimotines, que no los dejan irse antes de completar el horario.
Los coordinadores, revela Andrea, son empleados bien pagados. “Tienen sus casas en Ciudad Doral y su salario es mayor a 22,000 córdobas. Son fieles al partido, a doña Rosario, mejor dicho. Tienen una disciplina impresionante. En el grupo de WhatsApp nos han dicho que denunciemos a los golpistas, porque ellos no merecen tener este trabajo”, relata.
Sonreír o no sonreír
Un miércoles de octubre, por la tarde, hay una concentración en la rotonda “El Güegüense”. Son unas cuarenta personas instaladas bajo dos toldos que los protegen de la lluvia. Solo unos pocos están al margen de la rotonda, mojándose mientras agitan las banderas del Frente Sandinista.
Quienes están debajo de los toldos, lucen caras largas. El ánimo solo mejora un poco cuando una camioneta de la Alcaldía de Managua llega a entregarles camisetas secas, gorras y capotes para cubrirse del agua.
Andrea dice que en las rotondas ella pone su peor cara. Argumenta que no puede ser hipócrita y demostrar alegría por algo que simplemente le causa molestia. La actitud es similar en sus compañeros, y los coordinadores de la JS ya les han pedido que sean más entusiastas.
“En las famosas caminatas, nos dicen que debemos llevar cartulinas con mensajes alusivos a la paz o exigiendo justicia, pero es difícil que eso te nazca. Es completamente distinto de lo que sucede en las marchas azul y blanco. Ahí la gente va con todo el placer. Brincan, saltan, sonríen, se abrazan. Es que eso sí que nace del corazón porque es por una noble causa. En las marchas del Gobierno nos dan carteles prefabricados”, compara.
Seguidores del FSLN en la Rotonda El Güegüense, Managua. Carlos Herrera | Confidencial
Andrea considera que en este momento no existe una sola persona que la represente. Sin embargo, comenta que siente afinidad por personas como Socorro Matus, mejor conocida como “doña Coquito”, el maratonista Alex Vanegas, o la población de Monimbó, que se convirtió en símbolo de la resistencia de esta revolución pacífica.
“Los obispos también me representan. Inclusos amigos y compañeros del trabajo que no son católicos, reconocen la importante labor que han realizado al frente de todo lo que nos ha sucedido en todos estos meses”, asegura.
Al Mined, Andrea y sus compañeros siguen llegando a “hacer nada”. Ni siquiera pueden ingresar memorias USB a sus computadoras. En cada área, los asistentes de los jefes vigilan a los trabajadores: pendientes de si van a las rotondas o si cumplen con las tres o cuatro horas exigidas. Comenta que algunos empleados han enfermado por la presión. Pero las jornadas no se reducen.
—¿Ahora qué pensás de Daniel Ortega?
—Es un dictador y un asesino… una persona cobarde.
—¿Qué creés que pase con el FSLN?
— Yo hablaba con mi novio, y le dije que el FSLN se murió, así como el somocismo quedó enterrado, ese es el futuro de este partido. El día que Daniel caiga, con él se va a ir el sandinismo. Él y Rosario se están encargando de erradicarlo.
Carlos Herrera | Confidencial
[destacado titulo="Decenas de denuncias en el Cenidh"]
*“La base de respaldo se ha erosionado, porque también los empleados públicos están desgastados de marchar y ser obligados a ir a las calles”, afirma defensor de derechos humanos
El Gobierno de Daniel Ortega ha orientado a los trabajadores del Estado a apostarse en las rotondas de la capital, para que los manifestantes “azul y blanco” no ocupen estos espacios. Desde septiembre, el guion se repite cada día en Managua, y en los municipios del resto del país hay pequeñas movilizaciones cada fin de semana.
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, opina que el control absoluto del Gobierno y las órdenes partidarias a los empleados públicos han arruinado la función pública, porque se impone la lealtad al partido sobre el servicio a los ciudadanos.
El Cenidh ha recibido decenas de denuncias de trabajadores del Estado obligados a renunciar porque los señalan de “golpistas”. También ha recibido a funcionarios presionados y obligados por sus superiores a estar bajo la lluvia o defender su empleo sirviendo al partido político.
“Los trabajadores del Estado no se mantienen en el cargo si no demuestran lealtad partidaria, por mucho que pueda haber funcionarios o empleados que no están de acuerdo. Eso sí, la base de respaldo se ha erosionado porque también están desgastados de marchar y de ser obligados a salir a las calles”, alerta.
Carrión asegura que las instituciones públicas han sido asaltadas por el régimen de Daniel Ortega. A su juicio, la mayoría funciona como “cuartel” del Frente Sandinista.
Los empleados públicos, agrega, no están exentos de las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Ortega. Una investigación reciente de CONFIDENCIAL reveló que el Gobierno viola al menos 18 de los 30 derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Ellos corren un riesgo particular y son obligados a ser instrumentos de la represión. Hay unos que lo han hecho por gusto y antojo y hasta han integrado grupos paramilitares. El que no lo ha hecho por placer, ese ha sufrido más. Participar en contramarchas, ser un instrumento para defender un Gobierno del que no simpatizan y exponerse a ese tipo de riesgos, —denuncia Carrión— es una violación a sus derechos”.[/destacado]
