24 de octubre 2015
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Un inesperado operativo policial ejecutado en Nueva Segovia desembocó en la aplicación de una política gubernamental que, sin fundamento legal, pretende centralizar aún más las donaciones de carácter humanitario en Nicaragua. Así lo denunciaron analistas y organizaciones sin fines de lucro, luego que la Policía Nacional efectuara un decomiso de 800 quintales de alimentos que productores de Nueva Guinea y Río San Juan pretendían llevar a campesinos del Corredor Seco, en el norte del país.
Francisca Ramírez -vicecoordinadora del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional- informó que el pasado lunes a las siete de la mañana, un destacamento policial impidió la movilización de 42 campesinos que se encontraban en Ocotal, discutiendo cómo trasladar víveres a cuatro comunidades del departamento de Nueva Segovia. Según la líder, un comisionado les exigió mostrar permisos del MAGFOR y del MINSA para trasladar el cargamento, que habían colocado en cuatro camiones.
“Nos dijeron que no teníamos derecho a donar alimentos a nadie, pero nosotros somos comerciantes, trasladamos este tipo de producto (por el país) y nunca nos habían puesto este tipo de trabas para hacerlo”, expresó Ramírez. Luego de un forcejeo entre ciudadanos y autoridades, la Policía se llevó los vehículos a un destino desconocido por los agricultores, no sin antes bajar a los ayudantes de los camiones y forzar a los conductores que manejaran para la institución.
Violación a la Constitución
Horas más tarde, la Primera Dama Rosario Murillo circuló un comunicado en el que Guillermo González, codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (Sinapred) informaba que la institución centralizaría las donaciones de alimentos. El comunicado indicó que “toda ayuda que se quiera hacer llegar a personas y familias afectadas por alguna situación debe ser canalizada por Sinapred, en especial cuando se trata de alimentos”, para “reducir riesgos” de cualquier afectación ligada al consumo de los mismos.
Sin embargo, hasta ahora el gobierno ha rechazado declarar una situación de emergencia para el Corredor Seco del país. La Iglesia Católica, gremios ganaderos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado en varias ocasiones que la población del Norte enfrenta escasez de alimentos debido a la sequía que golpea el área, agravada por el fenómeno de El Niño.
En un pronunciamiento leído este martes por la sociedad civil de Nueva Segovia, organizaciones sin fines de lucro afirman que la canalización por parte del Sinapred violenta la Constitución de la República. Para demostrarlo, citaron el artículo 43 de la Carta Magna, en donde “se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley” y el artículo 53: “se reconoce el derecho de reunión pacífica y el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”.
Cirilo Otero, director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, agregó a los puntos anteriores el derecho de crear distintas formas de organización, entre ellas, la de brindar ayuda humanitaria y obsequiar recursos o bienes a otros. El sociólogo indicó que de incumplirse con estas disposiciones, Nicaragua tendría un Estado policía que supervisa hasta lo más pequeño. “Estas actitudes sorpresivas generan malestares, inconformidad y suspicacia. Nunca se han controlado donaciones de ciudadanos a ciudadanos, tampoco está estipulado en ninguna legislación. Es totalmente ilegal ese obstáculo, que es de carácter político-partidario”, expresó.
El economista Adolfo Acevedo también cuestionó la manera en que Sinapred se atribuyó la tarea de canalizar las donaciones. “Las facultades de Sinpadred se refieren a todo lo relacionado a la prevención, atención y mitigación de desastres. Y hasta donde sé, en el caso de la sequía no se ha decretado ningún estado de desastre, ni alerta verde, amarilla o roja, de conformidad con los procedimientos por la Ley creadora de la institución. Todo lo contrario, siempre se procuró minimizar el impacto de la sequía”, manifestó el investigador.
Acevedo también indicó que el principio de legalidad establece que ningún funcionario o entidad pública tiene más atribuciones y facultades que las otorgadas por la Ley y la Constitución de la República. “Este principio tiene el propósito de establecer límites al ejercicio del poder de los funcionarios, y evitar que estos puedan ejercerlo de manera abusiva y discrecional”, dijo el economista, refiriéndose al intempestivo procedimiento aplicado por Sinapred.
Sector privado pide aclaración
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), evitó emitir una posición oficial respecto a la medida adoptada por el gobierno de Daniel Ortega. En su conferencia semanal, dijo que la entidad consultará a entidades privadas y fundaciones que reciben y entregan donaciones en Nicaragua, y que requieren de una aclaración e interpretación legal sobre el comunicado de Sinapred.
De igual manera, Aguerri explicó que fue a través de Sinapred que las cámaras empresariales aglutinadas en el Cosep entregaron ayuda humanitaria a los damnificados del terremoto de Abril de 2014, que afectó principalmente a comunidades ubicadas en el departamento de León. “En nuestro caso eso no ha sido extraño. Hasta el momento no ha habido ninguna fundación social del sector privado que nos haya manifestado (algún problema)”, expresó.
Roberto Sansón, presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), declaró que aunque Sinapred es una institución eficiente, considera que no es la única entidad que pueda colaborar en una situación de desastre. Para él, no se debe limitar la capacidad de ayuda que tiene la ciudadanía.
“Entre más personas, instituciones y organismos puedan ayudar en cualquier causa que sea, salimos todos ganando. Me cuesta entender la razón para evitar otros mecanismos de ayuda (…) Hay muchos organismos donantes que muchas veces no quieren trabajar con entidades del gobierno. Si nosotros los forzamos vamos a perder esa ayuda. El error está en limitar”, dijo.
Exigen investigación
En el comunicado leído la mañana del martes, entidades como el Instituto de Liderazgo de Las Segovias y el Movimiento de Mujeres Segovianas, exigieron al gobierno abrir una investigación sobre el decomiso de los alimentos. Las organizaciones manifestaron que durante años tuvieron una relación cercana y profesional con la Policía, y que por lo tanto les conmovía una situación que lacera la ética institucional de quien está llamado a protegerlos.
Haydée Castillo, directora del instituto de liderazgo, indicó que la crisis del corredor seco motivó a las comunidades del Sur a brindar ayuda. “¿Cómo te podés explicar que una autoridad limite la solidaridad entre comunidades? Eso es un abuso de poder (...) Que llegue la Policía Nacional, por órdenes del gobierno, y se saque un documento de la bolsa de la camisa, el mismo día del acontecimiento, para justificar el hecho... el gobierno está actuando de manera irracional, fuera de orden y fuera de toda ley”, señaló.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también envió una carta al comisionado mayor José Oscar Reyes, jefe departamental de la Policía de Nueva Segovia, instándolo hacer una investigación basada en documentos, para esclarecer el decomiso de la ayuda humanitaria de los campesinos y la aplicación de medidas administrativas contra los oficiales implicados en el hecho.
Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIDH, tachó de inhumana la conducta del gobierno. “Es una pretensión de hegemonía total, el querer monopolizar todo. En este caso, de haber frenado un gesto de solidaridad (...) La gente no lo soporta, por su carácter inhumano (del decomiso), y es inaceptable hasta en su base partidaria”, observó.
Organizaciones que brindan ayuda humanitaria en Nicaragua, como Cáritas y Acción Contra El Hambre, informaron a Confidencial que no darían declaraciones sobre el tema.
Policía libera camiones
El martes por la mañana, Francisca Ramírez también informó que la Policía liberó el lunes por la noche los camiones que decomisó por más de doce horas. Después que los campesinos interceptaran los vehículos en el empalme de Darío, en la Carretera Panamericana, los oficiales se llevaron a los agricultores a la gasolinera Uno de San Benito, donde los mantuvieron retenidos hasta pasadas las once de la noche.
“Se retiraron y nos dejaron allí, con los camiones, sin decirnos si regresarían o no. No nos quitaron nuestros papeles, pero sí se llevaron bolsos y carteras con artículos personales que teníamos en ellos (…) Le preguntamos al comisionado Castillo por qué nos habían quitado todo, pero no nos respondieron nada”, indicó Ramírez.
El grupo de cuarenta campesinos pasó la noche en San Benito y a partir de las ocho de la mañana, repartieron alimentos perecederos en ese punto, además de otros que recorrieron a medida que regresaban a Nueva Guinea. “Los no perecederos quedaron guardados en Tipitapa”, aseguró Ramírez.
