21 de mayo 2018
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“Juana”. como prefiere que la llamemos, es una trabajadora del Banco Nacional de Sangre. Aunque simpatiza con el Frente Sandinista y con el presidente Daniel Ortega a ella no le agrada la idea de salir a las calles obligada a apoyar al Gobierno.
“Es una barbaridad que quieran hacer ver como que no pasa nada en el país, admito que están actuando mal al golpear a tantos jóvenes, pero además no me gusta que nos obliguen a salir a todo acto para dar una imagen de que todo está bien”, dice.
El pasado 30 de abril, ella junto a otras compañeras de trabajo, fueron trasladadas a la Plaza de las Victorias para participar en el acto en el que Ortega quiso demostrar un baño de masas. “El que no participa tiene casi asegurado su despido”, cuenta.
En esa ocasión aún llevaba el uniforme de trabajo “porque no nos dio tiempo de cambiarnos” pero cuando los obligan a ir a las rotondas de Managua a agitar banderas sandinistas “nos piden ir sin uniforme para hacer creer que es el pueblo espontáneo el que está apoyando”.
En el último año de su dictadura, poco antes de renunciar y huir del país, Anastasio Somoza Debayle también concentró en Managua a miles de trabajadores públicos, quienes coreaban: ¡no te vas, te quedás! Cuatro décadas después Ortega al obligar a trabajadores estatales a gritarle loas cuando crece el repudio popular contra su gestión.
“Si no van a apoyar al comandante aténganse a las consecuencias”, “ya saben que vamos a pasar lista”, “recuerden como corrimos a fulano”, son algunas de las amenazas que escuchan los trabajadores estatales.
El primer despedido
Desde que hace un mes iniciaron las protestas ciudadanas contra las reformas al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), los trabajadores estatales volvieron a ser amenazados, según varias denuncias. No los querían ver apoyando “esa rebelión”.
Al profesor Juan José Rodríguez García, del Instituto Público Miguel Bonilla Obando, lo despidieron por haber participado en una de las protestas. Fue notificado el 19 de abril de la cancelación de sus dos plazas de trabajo sin darle ninguna explicación legal, ni seguir el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Docente ni en el Código Laboral, porque gozaba también de fuero sindical.
“A mí se me pagaba por dar clases no por animar marchas políticas del Gobierno. Si decir la verdad es causal de despido no me atemorizan, pues seguiré diciendo que en Nicaragua se está viviendo una dictadura en la que si no estás de acuerdo y le trabajás al Estado, te corren”, escribió el maestro a sus alumnos.
En su cuenta de Facebook escribió recientemente que estará demandando por la vía legal su reintegración. “¡Qué triste como quieren manipular las conciencias de los maestros y estos por el temor de ser despedidos se someten con facilidad al chantaje!”, dijo.
Manipulación de vieja data
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) emplazó al presidente Ortega a adoptar cuatro “pasos concretos” que “abonarían a la realización del diálogo nacional”. Uno de estos puntos es que cese el control partidario y la coacción contra los empleados públicos.
Le solicitaron al Gobierno que respete “la dignidad y libertad” de los trabajadores del Estado, de modo que deje de obligarlos a asistir a eventos partidarios, y que deje de usar los buses del transporte público para transportar a sus simpatizantes, mientras el resto del país se queda a pie.
José Espinoza, líder de la Central de Unidad Sindical (CUS) manifestó que el llamado de los obispos es apropiado porque ir a manifestaciones políticas debe ser “voluntario”.
Precisó que no se puede “andar de arriba para abajo a los trabajadores públicos” porque para eso se creó la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que garantiza la independencia de los funcionarios públicos de cualquier partido político.
Por su parte, el sindicalista Nilo Salazar de la Confederación General de Trabajadores Independientes precisó que obligar a trabajadores públicos a salir a las calles a apoyar a un partido político “es un abuso laboral y una violación a los derechos humanos”.
La expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera, dice que este “manoseo” de los trabajadores públicos inició desde finales del 2009 cuando “empezaron una política de atemorizarlos”.
“Los trabajadores del Estado están secuestrados por el salario, por el temor de perder el trabajo, por el acoso que han vivido durante los últimos años”, precisó.
En ese sentido, dijo que tanto los obispos como los otros sectores participantes en la mesa del diálogo nacional deben exigir que ya no se siga manipulando a los empleados públicos.
Para Herrera, los empleados públicos “deben empezar a rebelarse y decir que no van a ningún plantón” porque son pagados con los impuestos de todos los nicaragüenses y “no están para servir a un partido político”.
Luis Barbosa, de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), no quiso referirse al tema, alegando en tres ocasiones que estaba en reunión.
Los siguen obligando
“Muchos maestros debemos ir a las rotondas a estar haciendo presencia porque los directores nos presionan y ellos dicen que reciben órdenes de arriba”, cuenta un profesor del Colegio República de Venezuela, quien pide que mantengamos su identidad en el anonimato para no ser despedido.
Para este maestro, el Gobierno hace oídos sordos al llamado de los obispos, porque los siguen presionando. “Aunque no siempre nos obligan porque a veces quieren que nos mantengamos dando clases en las aulas, siempre nos están remarcando que estamos trabajando gracias al Gobierno del presidente (Daniel) Ortega”, indica este hombre que tiene más de diez años de ejercer magisterio.
Él recientemente participó en un plantón organizado por maestros que se realizó frente a la Universidad Centroamericana (UCA) y en el que la mayoría de los asistentes eran profesores de colegios y universidades privadas.
“No vienen porque tienen miedo, de 80 maestros del colegio donde doy clases solo andamos seis aquí y nos cuidamos de que no nos tomen fotos para no perder nuestra plaza de trabajo”, contó.
Otra maestra del Instituto Gaspar García Laviana, que prefiere no dar su nombre, asegura que constantemente llaman a los docentes a dirección “a despachos”.
“Ahí le empiezan a advertir a uno que no ande publicando nada en redes sociales, que si no vamos a los plantones del Gobierno tampoco vayamos a las protestas, y nos insisten que el Gobierno nos está dando empleo”, comenta.
