Nación

Siete miembros de la Alianza Cívica encarcelados por el orteguismo

Mujeres y Unidad Nacional mantienen convocatoria para marcha, que será contra la violencia hacia la mujer y por la libertad de presos políticos

Al menos siete miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, principalmente campesinos y universitarios, están detenidos “injustamente” como presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra quienes estallaron masivas protestas ciudadanas en abril pasado.

El miembro más reciente de la Alianza Cívica que ha sido detenido por la Policía Nacional, leal al régimen, es el líder universitario José Ramón González, dirigente del Movimiento 19 de Abril en la estatal Universidad Nacional Agraria (UNA). González, también miembro de la Mesa del Diálogo Nacional (suspendido desde junio) fue secuestrado este miércoles, cuando salía de una reunión, en Managua.

“No entendemos. ¿Qué lógica puede tener de parte del Gobierno que el dialogante, que personas que se sentaron a la mesa para tratar de encontrar una solución negociada, por convocatoria de la Conferencia Episcopal, están encarcelados?”, cuestionó Juan Sebastián Chamorro, miembro de esa Alianza, en rueda de prensa.

“La razón es que por más de cinco años (los campesinos) estuvieron protestando por sus propiedades por el proyecto del canal interoceánico y los jóvenes por ser líderes estudiantiles que motivaba a los demás jóvenes”, señaló.

Los miembros de la Alianza que se encuentran detenidos son los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Lenner Fonseca y Freddy Navas, y los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Jonathan López y José Ramón González.

“Para nosotros es sumamente triste encontrarnos con esta cantidad de compañeros que han participado muy activamente en la búsqueda de la paz en Nicaragua y estén hoy como presos políticos”, reprochó la dirigente feminista y miembro de la Alianza, Azahálea Solís, para quien esos detenidos “lo único que han demandado es vivir en paz, en democracia y con justicia”.

La coalición opositora, que agrupa a sectores estudiantiles, campesinos, empresariales y civiles de Nicaragua, anunció que demandará el próximo domingo, durante una marcha, en Managua, la liberación de los más de 600 “presos políticos” que han dejado las manifestaciones antigubernamentales, incluido la de sus miembros.

Mujeres y Unidad Nacional mantienen convocatoria

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que pertenece la Alianza Cívica, convocó a una marcha para el domingo próximo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por la liberación de los “presos políticos”.

Miembros de la Unidad Nacional y feministas del país saldrán a marchar a pesar de que los oficiales del complejo policial Faustino Ruiz ni siquiera les firmaron el permiso para realizar la manifestación.

“En realidad la Policía no es quién debe decir sí o no (…) , pero el rechazo a firmar en parte es el miedo porque si alguien firma o dice algo, es sujeto de expulsión, despido, represalias”, denunció Ana Quiroz, activista de la Articulación Feminista, durante el programa de televisión Esta Noche.

Sin embargo, las mujeres esperan que la Policía les de una respuesta indicando si les conceden el permiso para marchar o bien explicando las razones de por qué no pueden realizar la manifestación como lo han hecho en otros años. Este requerimiento se comenzó a implementar desde octubre, cuando la Policía Nacional anunció mediante un comunicado que “toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado”.

“Aquí quienes han alterado la Patria, no hemos sido quienes nos hemos manifestado y que llevamos años manifestándonos, sino quienes nos han atacado. Yo soy un vivo ejemplo. Yo salí, como he salido miles de veces, el 18 de abril a expresarme por un derecho propio como es el derecho a la pensión y fui atacada”, cuenta Quiroz, quien hasta la fecha tiene limitaciones en su brazo y poca movilidad de uno de sus dedos por los golpes que recibió ese día.

El 25 de noviembre se conmemora el asesinato de  las hermanas Mirabal a manos de la dictadura de República Dominicana y por ello, este año, ese día cobra más relevancia, asegura Quiroz. En ese contexto el domingo se realizarán, además de la marcha, varias manifestaciones en todo el país.

Al menos 56 mujeres asesinadas en 2018

A pesar de que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo afirma que en Nicaragua es el sexto país a nivel mundial en equidad de género. La realidad de las nicaragüenses es otra,  pues “la actitud del Estado ha sido siempre de minimizar el efecto y la cantidad de mujeres asesinadas”, afirma Quiroz.

Durante este año ha habido 56 casos de mujeres asesinadas y en la mayoría de ellos se han tipificado como asesinato y no como femicidio. El último caso que se conoció  fue el Sherling Blandón y está siendo tipificando como asesinato. Asimismo, la violencia hacia las mujeres se ha evidenciado con las presas políticas que están enfermas como es el caso de Brenda Muñoz.

“El Gobierno lo que hace es decir que la familia tiene que demostrar cuál es su problema de salud, cuando en el sistema de salud le han negado la extensión de una epicrisis. Y no le corresponde a la familia (demostrar la gravedad de su familiar), le corresponde al sistema, de acuerdo a los estándares internacionales, velar por la salud de los que están privados de libertad”,  dice Quiroz.


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